La preservación de la memoria cultural y la identidad

La memoria cultural de México se ha configurado a lo largo del tiempo a través de diversos hechos y factores históricos, sociales y políticos que han contribuido a construir nuestra identidad colectiva. La recuperación o rescate de la memoria nos permite valorar aquellos elementos que como mexicanos nos identifican y nos distinguen de otras culturas y países.

En este número se comparten diversas miradas de la recuperación de la memoria a partir de proyectos como el rescate fotográfico, que captura escenas y momentos que se han ido, o de las tradiciones musicales de los pueblos, que propician espacios de integración social. Se presentan artículos sobre el uso de tecnologías digitales en la preservación del patrimonio, la comprensión de la arquitectura de nuestras ciudades y la importancia del patrimonio natural, los cuales apoyan en la construcción de esta memoria colectiva que consideramos nuestra identidad cultural.

Académicos del ITESO

Valentina Campos Cabral / directora del Instituto de Investigaciones en Medio Ambiente Xabier Gorostiaga, S.J., de la Ibero Puebla

En un contexto de creciente conflictividad territorial ante proyectos extractivistas, en México, como en toda América Latina, mujeres de comunidades indígenas, campesinas y urbanas adquieren notoriedad como voceras y líderes de organizaciones que denuncian y se oponen a dinámicas y lógicas que amenazan sus medios y formas de vida.

En el valle poblano, en el marco de una historia de resistencia a la urbanización, la industrialización y la extracción de bienes naturales impulsados desde mediados del siglo XX, se ubican dos momentos en los que las mujeres han desempeñado un papel decisivo en el último lustro: el primero contra la construcción de un colector pluvial y sanitario desde la ciudad textil de Huejotzingo, en 2018, y el segundo, en 2021, con el cierre de la planta embotelladora Bonafont, del grupo Danone.

En el contexto del inicio de la construcción de obras para canalizar las aguas pluviales y sanitarias de ciudad textil, las Guardianas del río Metlapanapa denunciaron la contaminación por las descargas sin tratamiento previo de este parque industrial, de los drenajes municipales, de las industrias textiles y proveedoras de empresas automotrices, e incluso de la población misma. La acción colectiva de estas mujeres logró cancelar la obra al demostrar que la autoridad promovente, la Comisión Estatal de Agua y Saneamiento, no contaba con los permisos federales, municipales y comunitarios necesarios ni podía garantizar que las aguas vertidas al río no representaban ningún peligro para este, las personas o los ecosistemas.

En el caso de la planta de tratamiento de agua Bonafont, las Guardianas del río Metlapanapa y los Pueblos Unidos de la Región Cholulteca y de los Volcanes alertaron la operación de la empresa por 29 años, sin claridad en la vigencia de su concesión, de la existencia de una manifestación de impacto ambiental, del pago de derechos y del volumen extraído. A la par, observaban la contaminación de las aguas superficiales y profundas, la pérdida de manantiales, el colapso de pozos artesanales, la escasez de agua para la agricultura, la pérdida de actividades económicas como la agricultura y producción de ladrillo, la desintegración de espacios de convivencia y cuidado en torno a la presencia del agua, así como la afectación a otras formas de vida.

Las mujeres en estos movimientos se dicen interpeladas porque, además de que  las actividades, la base material que les dan sustento y las formas de subsistencia de sus comunidades se alteran, se pierde la salud en interdependencia con la destrucción del territorio. Es clara la falta de consideración y respeto a sus emociones, prácticas culturales y espirituales.

El proyecto del colector y la embotelladora son una muestra de los impactos negativos que el “desarrollo” lleva a sus localidades, a los que no dudan en nombrar como “proyectos de muerte” o generadores de “infiernos ambientales”. Sin embargo, es muy importante destacar las iniciativas de defensa de la vida, con trabajos de cuidado comunitarios de educación, salud, comunicación, agroecología, artes, economía social y solidaria, que también cuentan con actividades que los vinculan con otros pueblos y luchas, académicos e investigadores de todo el mundo.

Con ello, las mujeres suman a sus tradicionales jornadas de cuidado productivo y reproductivo todas aquellas actividades asociadas a la defensa del territorio, como la participación en asambleas, movilizaciones, medios de comunicación, mítines, viajes, reuniones con autoridades, entre otras. Sin duda, esto las reposiciona individual y colectivamente, pero también las expone a un mayor desgaste, a la agresión por parte de la autoridad o de grupos emergentes en los territorios, y a   tensiones al interior de sus grupos domésticos.

Estos elementos, si se pretende alcanzar una vida digna, deberán ponerse en la mesa de la discusión, en el entendido de que es fundamental atender los temas del cuidado de la casa común. De igual manera, las condiciones concretas de vida de los defensores del territorio deben ser un esfuerzo ampliado de reconciliación y justicia.

Yoloxóchitl Corona Ruelas / académica del Departamento de Psicología, Educación y Salud del ITESO

Mi mamá creció en un pequeño pueblito sin luz, drenaje, grandes tiendas, ruidos de motores ni gente corriendo a todos lados. Su país de la infancia fue el río, el cerro, las tormentas, los sonidos de la noche, las estrellas y los ciclos de la tierra. Ella generó un profundo amor y apego al territorio desde su infancia, tal como pasó con otras personas que conozco y que llamamos defensoras.

Pequeñas Juanitas, Tibus, Lupes, Liliths, Marisas, y pequeños Alejandros, Enriques, Ezequieles y Josés crecieron para ver sus bosques amenazados por la tala, sus tierras muertas por químicos, sus ríos contaminados por la industria, sus laderas convertidas en vertederos o sus campos atravesados por gasoductos. Pero el cariño a ese país de la infancia los puso en pie de lucha para defender su casa, su vida y su alegría. Y ahí siguen.

Pero, ¿qué pasa con las niñas y los niños que no tuvieron río, cerro ni ciclos de la tierra para conocer y aprender a amar, sino territorios devastados, enfermedad y muerte?

Pensemos, por ejemplo, en uno de los casos más graves de nuestro estado, el de la contaminación del río Santiago. Ya desde 2009 la Comisión Estatal de Derechos Humanos de Jalisco documentaba las graves violaciones “a gozar de un ambiente sano y ecológicamente equilibrado, a la salud, al agua, a la alimentación, al patrimonio, a la legalidad, a la seguridad social, al desarrollo sustentable, a la democracia, al trabajo, a tener una vivienda en un entorno digno”.^1[1] En el caso de niñas y niños también se vulneraba su derecho a un nivel de vida adecuado para su desarrollo físico, espiritual, moral y social.

Existe otro grado de complejidad: lo difícil que es defender algo que no amas, y lo difícil que es amar algo que no conoces. Niñas y niños que, en lugar de soñar con el río, respiran día y noche los olores tóxicos que hoy emanan de él. ¿Qué país de infancia crece en sus apegos? ¿Cómo crecerá el amor que sostiene las luchas por defenderlo?

Es aquí donde entran en escena todas esas colectividades, redes, comunidades —o como decidan nombrarse— que resisten donde el despojo, el extractivismo, el agravio y la violencia son normalidades impuestas. Esas colectividades que comparten desde la cotidianeidad y enseñan haciendo, en las que las tradiciones se transmiten de boca en boca y de generación en generación para construir ese poderoso “nosotros”; el del conocimiento colectivo que reproduce la vida y la alegría.

Por todo Jalisco han surgido y continúan surgiendo espacios donde niñas y niños no solo construyen parte de su país de infancia, sino que lo hacen en clave de defensa de sus territorios. Así, como si fuera un juego, niñas y niños de San Juan Bautista de la Laguna visten su Arco para las fiestas a fines de enero. Bordan fotos antiguas del río y montan nuevos tendederos de sueños en El Salto. Caminan su bosque en Juanacatlán. Así también graban podcast de sus conversaciones con el río, hacen animación en sus propios canales de internet ¡y hasta arman pequeños baños secos como proyectos en la escuela! Así también mi hija camina los pasos de su abuela.

Estos procesos abren espacios para escuchar lo que niñas y niños tienen que decir. Para que expresen lo que sienten. Para que desarrollen diferentes habilidades y destrezas. Para que hagan comunidad. Y entre juegos florece la esperanza de construir el imprescindible relevo generacional para mantener todas estas luchas por la vida.

[1] Álvarez, F. (2009). Recomendación 1/2009. Comisión Estatal de Derechos Humanos de Jalisco. México, pp. 1–275.
https://bit.ly/3RJfgCm

Olivia Guadalupe Penilla Núñez / académica del Departamento de Psicología, Educación y Salud del ITESO

En el tiempo que he podido acompañar a distintos colectivos en defensa de territorios me he percatado de algunos dolores, que no todo psicólogo clínico alcanza a escuchar.

Algunas veces, quizás por el papel social de cuidadoras, son las mujeres quienes comienzan o sostienen las luchas. En la defensa del bosque El Nixticuil ellas avanzaron primero, buscando cuidar de sus hogares y reconociendo que los 300 robles adultos, derribados en una noche, eran también parte de ellos.

Las luchas suman otro cuidado. El cuidado del otro, del colectivo, del territorio mismo, se agregan al cuidado cotidiano de la familia nuclear y extendida, de la casa, en muchos casos de quienes resultan enfermos por la devastación del ecosistema donde se vive. Este es el caso de Un Salto de Vida, quienes, tras años en la defensa de su ecosistema, ahora cuidan también de quienes enferman como producto de la contaminación del río Santiago.

En las diversas defensas, como en cualquier vida, ocurren altibajos, días buenos y otros no tanto. Pero lo que es común es el acoso que atraviesan las personas y los colectivos por parte de los diversos grupos de poder —económico y político— que sistemáticamente destruyen los hábitats. Este acoso puede ser legal, y ocurre bajo cualquier pretexto; o económico, que sucede cuando se solicita el pago de multas o sanciones. Sin embargo, el que me parece más terrible, por cotidiano e insistente, es la ruptura que generan entre vecinos, amigos y familiares.

Todo el que destruye un territorio tiene algún propósito —casi siempre es económico— que se enarbola como causa social. Se hacen casas y caminos para, supuestamente, satisfacer las necesidades de vivienda y comunicación. Se crean industrias y empresas, o incluso escuelas, por “el desarrollo” social o comunitario, y este eslogan acompaña cada destrucción. La mayoría de las veces ese discurso, que cuenta con el apoyo mediático y político, se difunde entre vecinos y comienza la polarización. Quien defiende el territorio se vuelve un ser antisocial que no quiere el desarrollo, que no quiere el bien común. Se les va dejando solos. Es frecuente que incluso se hable de malestares psiquiátricos: “Esa gente no entiende, cree que el mundo y el progreso están en su contra. Están locos”. De a poco, y con dinero de por medio, procuran aislar a quienes defienden su territorio y la vida con el objetivo de que se cansen.

El cansancio alcanza algunas veces la tristeza de perder terreno, instrumentos legales, compañeros de lucha y amigos. A veces solo se distancian porque los convencen o porque los asustan; a veces es más grave: los desaparecen o los matan.

El psicólogo clínico, como algunos familiares, en ocasiones no entiende y cuestiona qué hace en esa lucha que tanto le quita. Esta pregunta los deja más solos. Y es que es difícil transmitir que la apuesta es por la vida, que toda la energía vital está puesta en cuidarla, defenderla, preservarla. Y esta energía vital —libido, eros— es la que los une, la que los conforta y les da fuerza.

Es importante reconocer lo que se va perdiendo, sí, como es importante elaborar cualquier duelo. Solo así es posible reconocer también lo que se gana.

Juan Carlos Zavala Jonguitud, S.J. / académico del Departamento de Filosofía y Humanidades del ITESO

Inés es sirígame (gobernadora indígena) de Porochi, en la Sierra Tarahumara; Guadalupe, su nieto, vivía con su mamá en campos de trabajo jornalero en Sinaloa y Chihuahua. Cuando se enteró de que él no estaba registrado y tampoco iba a la escuela, decidió llevárselo, cuidarlo, enseñarle rarómari y meterlo a estudiar; es decir, otorgarle a su nieto las condiciones que le permitieran sostenerse, propias de las comunidades rarómari, y con ello re–crear la vida de los pueblos indígenas de la sierra.

La defensa del territorio en la Sierra Tarahumara es, para los pueblos rarámuri y rarómari, la defensa de sus modos de estructurar y re–crear la vida. A las amenazas ya conocidas por los pueblos indígenas de nuestro continente se suma la migración jornalera, que provoca, con el desplazamiento de personas, la ruptura de la forma en que se procura la vida.

El modo en que los pueblos indígenas de la sierra han estructurado su existencia está entreverado con el territorio geográfico. La tierra poco fértil, extensa y quebrada guarda una relación estrecha con la resistencia, la movilidad, la autonomía y la solidaridad características de los pueblos. Las comunidades viven bajo lógicas de consumación, cuidado y solidaridad colectiva, contrarias al sistema hegemónico capitalista.

Para el capital el trabajo jornalero es, junto con la explotación de recursos naturales, la única manera en que se tolera a estos pueblos. Con la migración jornalera los modos en que se reproduce la vida, material y simbólicamente, se ven trastocados, y la precariedad de las condiciones laborales casi no permiten su reimaginación.

Es justo aquí donde las mujeres enseñan, con su ejemplo y sin aspavientos, cómo al cuidar la vida se defiende el territorio en que esta es posible. Abuelas que crían a sus nietos que vivían sin estudios ni nombre en los centros de trabajo jornalero son muestra de que, al poner al centro no el capital, sino la vida, se encuentran maneras de hacer frente a la amenaza.