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Para hablar de inclusión es imperativo hacer referencia a la exclusión, sobre todo en el ámbito educativo de los niños en edad escolar. Excluir “significa «apartar, no dejar participar, desposeer»; en pasiva «ser apartado, dejado al margen o sin opción, ser o estar desposeído» (de la educación necesaria, del trabajo en condiciones dignas o de oportunidades básicas en la vida social)”.[1] En esta situación se encuentran los niños del Centro Infantil y Juvenil Marista, un centro educativo ubicado en la periferia de Zapopan que busca resguardar el derecho a la educación de 163 niños que se encuentran excluidos y en riesgo de calle.

Estos niños se encuentran fuera de la oferta escolarizada de la Secretaría de Educación Pública en el municipio, por sus condiciones sociales, geográficas, económicas, cognitivas y conductuales. Durante el ciclo 2016-2017, 13 niños de todos los inscritos recibieron su acta de nacimiento después de un proceso de año y medio en el Registro Civil de Guadalajara.[2] Las casas de los niños se encuentran ubicadas en 12 colonias de la periferia de Zapopan, donde además 93 de los niños inscritos viven en condiciones de hacinamiento, inseguridad y viviendas en deplorable estado físico, ubicadas en terrenos irregulares, donde los servicios básicos son apenas agua y luz.[3]

Otra desventaja de los infantes es su condición socioeconómica y el rezago educativo, ya que inician sus estudios alrededor de los 10 años, a fin de que puedan ser admitidos en el Instituto Estatal para la Educación de Jóvenes y Adultos del estado de Jalisco y así certificar su primaria o secundaria.

Según José Félix Tezanos, la exclusión se debe estudiar tomando en consideración dos procesos. El proceso global, en el que se ven inmiscuidas las carencias sociales de la ciudadanía y los individuos no gozan de derechos primordiales, como el derecho a la salud, al trabajo, a la vivienda, a la educación y a mejores condiciones de vida, afectados por la ineficacia del estado y su capacidad para perpetuar los sistemas de pobreza,[4] ya que según el Consejo Nacional de Evaluación de la Po-lítica de Desarrollo Social, en 2016, 32.6% de la población del estado presentaba pobreza por carencias sociales;[5] según este organismo, “una persona se encuentra en situación de pobreza cuando presenta al menos una carencia social y no tiene un ingreso suficiente para satisfacer sus necesidades”.[6] El otro proceso es el personal, que incluye la vivencia interna de exclusión, que se manifiesta en las dinámicas de interacción social como el trabajo y la movilidad local.

Por tal motivo, urgen propuestas educativas acordes con las necesidades de los niños excluidos, donde la educación sea, como decía Paulo Freire, “Un acto de conocimiento y un método de acción transformadora”,[7] para que las realidades sociales se modifiquen.

Guadalupe Martínez / Psicopedagoga del Centro Infantil y Juvenil Marista

 

[1] Jiménez, M., Luengo, J. y Taberner (2009). “Exclusión social y exclusión educativa como fracasos. Conceptos y líneas para su comprensión e investigación”. Profesorado, vol. 13, núm. 3, pp. 11–49. Disponible en: http://www.ugr.es/~recfpro/rev133ART1.pdf

[2] Con base en los archivos del Centro Infantil y Juvenil Marista 2017.

[3] Con base en la ficha de inscripción 2017–2018 del Centro Infantil y Juvenil Marista.

[4] Tezanos, J.F. (1999). Tendencias en desigualdad y exclusión social. Madrid: Sistema.

[5] Consejo Nacional de Evaluación de la Política de Desarrollo Social, Coneval (2016). Porcentaje, número de personas y carencias promedio por indicador de pobreza. Jalisco, 2010–2016. Disponible en: https://www.coneval.org.mx/coordinacion/entidades/Jalisco/PublishingImages/Jalisco_Cuadro1.JPG

[6] Consejo Nacional de Evaluación de la Política de Desarrollo Social, Coneval (2016). La dimensión multidimensional de la pobreza en México. La evaluación y la medición. México: Coneval, p. 4. Disponible en: https://www.coneval.org.mx/Informes/Coordinacion/Publicaciones%20oficiales/FOLLETO_MEDICION_MULTIDIMENSIONAL.pdf

[7] Freire, P. (1984). La importancia de leer y el proceso de liberación. Ciudad de México: Siglo XXI, p. 72.

Entre el año 2010 y el 2015 Jalisco fue el estado que recibió el mayor número de migrantes de retorno en el plano nacional^[1]. Los cambios en la política migratoria en Estados Unidos han puesto el tema del retorno en la agenda pública. Aunque los desafíos que han enfrentado las familias binacionales no son nuevos, es importante aprovechar el momento para exigir una mejor atención para ellas.

En el Programa de Asuntos Migratorios del Centro Interdisciplinario para la Formación y Vinculación Social del ITESO nos hemos enfocado en las problemáticas de las familias y las comunidades migrantes, y para ello hemos identificado una larga lista de dificultades, de las que hemos elegido el derecho a la identidad. Además de compartir algunos hallazgos de nuestra propia investigación hemos invitado a aliadas, colegas y expertas que trabajan en torno a las problemáticas de las familias migrantes binacionales.

Los artículos de este número se pueden ubicar en dos grandes apartados. Un grupo de textos problematiza el tema del retorno en Jalisco y el segundo aporta, desde la sociedad civil, una perspectiva de otros territorios, incluyendo Estados Unidos.

En el primer grupo se encuentran los textos con el punto de vista académico de la investigadora Ofelia Woo y de Sofía de la Peña, así como testimonios que ilustran los casos expuestos y una sección de recursos e información para las familias.

El segundo se compone por textos de organizaciones de la sociedad civil y está integrado por una entrevista con Berenice Valdés, del Instituto para las Mujeres en la Migración, AC (Imumi), la columna de Mónica López y Alfredo Zepeda, SJ, de la organización Radio Huayacocotla, y el artículo de Zoraida Ávila, de Alianza Américas de Chicago.

Esperamos que la presente edición de Clavigero sea de utilidad para las comunidades migrantes, que ayude a ampliar el panorama sobre la realidad migratoria en Jalisco, así como los retos que enfrentan las personas migrantes donde quiera que se encuentren.

 

 

^[1] Conapo–BBVA (2017). Anuario de Migración y Remesas 2017. Disponible en: https://www.gob.mx/cms/uploads/attachment/file/250390/Anuario_Migracion_y_Remesas_2017.pdf

 

Iliana Martínez, Sofía de la Peña y Francia Castillo / Integrantes del Programa de Asuntos Migratorios ITESO, coordinadoras de este número

Las familias mexicanas que regresan a México después de haber vivido en Estados Unidos ya no son las mismas que se fueron, pues hay una recomposición de estas y de la nacionalidad de sus miembros. Se les puede denominar familias binacionales, como lo expone Chávez, quien distingue a las familias trasnacionales y binacionales; así, “las familias trasnacionales tienen uno o más miembros en Estados Unidos y uno o más miembros residiendo en su país de origen […] la familia binacional consiste tanto de inmigrantes indocumentados como de ciudadanos americanos o residentes legales”^[1].

A partir de la existencia de uno o de otro tipo de familia, e incluso de ambas formas de familias migrantes, se mantiene una vinculación entre culturas diferentes, pero es necesario ubicarlas en el contexto social en que trascurre su vida, lo cual tiene implicaciones diferenciadas para los distintos miembros de la familia, de acuerdo con el ciclo de vida y el estatus migratorio.

A continuación se pueden leer algunos de los desafíos que enfrentan los niños y las familias que han regresado a México al (re)insertarse en el sistema educativo mexicano.

De acuerdo con el Artículo 3 de la Constitución Política Mexicana, “toda persona tiene derecho a recibir educación”; en su fracción IV dice: “Toda la educación que el Estado imparta será gratuita”. Pero el derecho y la gratuidad de la educación parecen no estar al alcance de la población en general y de los migrantes de retorno en particular. Respecto del acceso a las escuelas públicas de educación básica del estado, Gandini, Lozano y Gaspar encontraron menor asistencia escolar en población retornada —niños entre 6 y 11 años—, grupo etario que tuvo tasas muy altas de retorno^[2].

La (re)inserción escolar es un proceso que implica la posibilidad de inscribirse a las escuelas, así como el acceso a un sistema educativo que les permita a los niños transitar en sus experiencias educativas. Diversos autores coinciden en señalar que los niños, las niñas y los adolescentes que fueron llevados muy pequeños y que socializaron en Estados Unidos, y cuyo aprendizaje fue básicamente en inglés, al regresar a México se enfrentan con dificultades en la escuela por el idioma, por la diferencia en los sistemas educativos y en ocasiones por la poca comprensión de profesores y alumnos. Zúñiga dice que “no existe en México ningún diseño para facilitar el pasaje de la alfabetización en inglés —o mejor dicho, English literacy— a la alfabetización en español —Spanish literacy”^[3].

Estos niños, niñas y adolescentes, así como los hijos de migrantes nacidos en Estados Unidos conocen muy poco de la tierra de sus padres, se enfrentan a un contexto social, cultural e institucional que en ocasiones les resulta adverso y no se les reconocen las habilidades y herramientas cognitivas que adquirieron en otro sistema educativo. En Jalisco se viven estas condiciones de vulnerabilidad en los niños, niñas y adolescentes de las familias retornadas. Gandini, Lozano y Gaspar enfatizan la importancia de atender a esta población: “Todas las personas deben tener derecho a la educación, un principio universal que no está siendo tutelado ni garantizado, en particular en los grupos más vulnerables —entre los que se encuentra la niñez retornada— en la medida en que se pone por encima otro tipo de exigencias (como la posesión de documentos) antes que un derecho humano básico”^[4].

El derecho a la identidad y a la educación son tan solo dos ejemplos de los desafíos que enfrenta el Estado para ofrecer atención a las familias binacionales y garantizarles sus plenos derechos en su país.

 

 

^[1] Chávez, L. R. (1992). Shadowed lives, undocumented immigrants in American society. Fort Worth: Harcourt Brace Jovanovich College Publishers, p. 7.

^[2] Gandini, L., Lozano–Ascencio, F. & Gaspar, S. (2015). El retorno en el nuevo escenario de la migración entre México y Estados Unidos. México: Consejo Nacional de Población, p. 124.

^[3] Zúñiga, V. (2013). “Migrantes internacionales en las escuelas mexicanas: desafíos actuales y futuros de política educativa” en Sinéctica. Núm. 40, Guadalajara: ITESO, enero–junio, p. 5.

^[4] Gandini, L., Lozano–Ascencio, F. & Gaspar, S. (2015). Op. cit, p. 128.

 

Ofelia Woo Morales / Profesora investigadora del Centro Universitario de Ciencias Sociales y Humanidades de la Universidad de Guadalajara. Especialista en estudios de migración femenina y familiar.

“Tengo 18 años viviendo en este país y nunca había podido tramitar una identificación con foto”. Esta realidad es común entre las personas que acuden a nuestra plaza comunitaria en Chicago para tramitar su matrícula consular.

La matrícula consular sirve como identificación para trámites bancarios, procesos judiciales, de impuestos, médicos o educativos, para las personas indocumentadas. El problema reside en que entre los requisitos para conseguirla  está el de contar con una identificación con fotografía, lo que resulta ilógico, pues las personas requieren tramitarla para tener un documento que las identifique. Esto puede solucionarse con ayuda de las plazas comunitarias, que son las encargadas de tramitar el Certificado de Primaria.

El Instituto Nacional para la Educación de los Adultos (INEA) cuenta con un área de Asuntos Internacionales responsable de atender y dar seguimiento a los temas en la materia, y cuenta con dos fines básicos: dar a conocer el quehacer internacional del INEA y poner al alcance de los jóvenes y adultos mexicanos que viven fuera del país información y recursos educativos con fines de formación o certificación.

En Estados Unidos existen organizaciones comunitarias que ofrecen servicios educativos, legales y culturales, como la Casa Michoacán en Chicago, donde tres de los servicios más solicitados son el de asesoría legal, los servicios educativos de México y la impresión de actas de nacimiento. El 90% de las personas que acude es para obtener un certificado de primaria, proceso previo al trámite de su matrícula consular o pasaporte.

Esto implica tiempo, dinero y esfuerzo. La población trabajadora cumple jornadas de más de 40 horas semanales, en ocasiones su día de descanso es un día no laborable para las plazas comunitarias, lo cual puede llevar a que la persona desista de realizar su trámite y opte por conseguir una identificación falsa, lo que a largo plazo causará más complicaciones. Es importante que las personas cuenten con un documento que las identifique. El gobierno mexicano debe ser consciente ante estas realidades y trabajar en procesos que no obstaculicen y que más bien agilicen los trámites.

La población migrante organizada desempeña un papel estratégico en procesos de incidencia para la atención de las comunidades en Estados Unidos. Estamos en un momento de resistencia, pues desde el momento en que tenemos una “Ley de migración” de extranjería no estamos incluidos como parte de la población mexicana. La modificación de la política pública en ambos países es decisiva, México debe atender y beneficiar a la población aquí y allá.

Los migrantes somos un grupo de soporte económico, social, cultural y político, y como tal debemos ser integrados en los sistemas de nuestro país. No es cuestión de cambiar el flujo migratorio sino de mejorar las condiciones en que las personas migran. Nuestro país sigue siendo México, aunque llevemos años residiendo en el extranjero.

Tan solo en 2017 México recibió 28,630 millones de remesas, lo que significa la décima parte del PIB del país.

 

 

Yolanda Zorayda Ávila Toledo / Coordinadora de Campañas y Trabajo Comunitario, Alianza Américas en Chicago (www.alianzaamericas.org).

El trabajo se define como el conjunto de actividades humanas que pueden ser remuneradas o no y que producen bienes y servicios en una economía, para la satisfacción de las necesidades de una comunidad o para proveer los medios de sustento necesarios para los individuos (OIT, 2004).

En teoría, éste es el medio a través del cual hombres y mujeres logran cubrir sus necesidades básicas, sus metas y propósitos, la realización profesional, la afirmación de la dignidad personal, así como la manera de progresar hacia mejores condiciones de vida.

El trabajo es una actividad inherente al ser humano que puede desarrollarse en distintos ámbitos: familiar, social, barrial y comunitario, entre otros.

El trabajo remunerado es aquel por el cual se obtiene una retribución económica, generalmente en dinero, y cuenta con reconocimiento y valor social. El trabajo no económico, además de que no es remunerado —lo que puede suceder igualmente en algunos trabajos económicos, sobre todo familiares—, suele ser poco valorado y hasta desdeñado como trabajo —“la señora no trabaja”—. Muchas veces no somos conscientes de que estas actividades por las que no se paga son parte vital de la reproducción cotidiana de los individuos y sus familias, como la preparación de alimentos, los quehaceres del hogar, el cuidado de personas, el pago de servicios, llevar y recoger niños a la escuela, entre muchos más.

La mayoría del trabajo de reproducción social lo realizan mujeres, lo que limita de manera importante el número de horas que pueden dedicarle al trabajo remunerado. Cuando se insertan en la actividad económica suelen ubicarse en trabajos de tiempo parcial, efectuando quehaceres diversos como labores domésticas remuneradas o cuidado de niños, lo que ocasiona que estas mujeres no cuenten con contratos laborales, carezcan de prestaciones sociales o no gocen de vacaciones pagadas ni de aguinaldo, etc. En general tienen bajos ingresos, que equivalen a uno o dos salarios mínimos.

Muchas de las mujeres en México suelen estar insertas tanto en el mundo productivo como en el reproductivo. De acuerdo con la Encuesta Nacional de Ocupación y Empleo (ENOE, 2015) la mayoría de las mujeres trabajan fuera de sus hogares entre 1 y 35 horas semanales, y dedican en promedio de 35 a 40 horas semanales a la realización de actividades de reproducción social y del hogar. En suma, las mujeres desempeñan de manera cotidiana dobles y triples jornadas de trabajo, lo que les provoca cansancio severo y las limita significativamente en sus posibilidades de recreación y descanso.

¿Esto significa que los hombres trabajan menos que las mujeres? No necesariamente: ellos, al igual que las mujeres, tienen que realizar dos o tres trabajos distintos para poder solventar los gastos del hogar y de los hijos ante los bajos salarios que hay en México. Por esta razón los hombres frecuentemente tienen jornadas semanales de trabajo de 48 horas o más, sin considerar el tiempo que se invierte en los traslados. La Ley Federal del Trabajo establece que la jornada máxima de trabajo es de 48 horas por semana, aunque en la vida real tal cantidad de horas se excede de manera cotidiana, lo que limita los tiempos para la convivencia familiar y de pareja, social y comunitaria —es decir, del disfrute de la vida.

El trabajo debería ser un espacio y una actividad disfrutable donde las personas encontraran las maneras para resolver las diversas necesidades cotidianas.

El escenario para hombres y mujeres es complejo, por lo que es importante crear empleos con prestaciones laborales y salarios dignos que permitan solventar las necesidades de las personas y sus familias más allá de los requerimientos mínimos; que haga posible la conciliación entre el mundo doméstico y el extradoméstico, facilitando la vida familiar, social y comunitaria.

Es necesario visibilizar y dignificar el trabajo no económico de reproducción social, al ser este parte fundamental del bienestar de las personas y sus familias. Lograr esto es una tarea que nos corresponde a todos los ciudadanos junto con el gobierno y las empresas. Necesitamos vivir para trabajar y no trabajar para vivir.

 

Para mayor información consulte las siguientes encuestas

Encuesta Nacional de Ocupación y Empleo (ENOE). Instituto Nacional de Estadística y Geografía. México.

Encuesta Nacional sobre Uso del Tiempo (ENUT). Instituto Nacional de Estadística y Geografía. México.

 

Si desea calcular el trabajo no remunerado que se realiza en el hogar vea el simulador de trabajo no remunerado.

INEGI, Simulador de trabajo no remunerado de los hogares. http://www.inegi.org.mx/est/contenidos/proyectos/cn/tnrh/simulador.aspx

 

Paola Aldrete / Académica del Departamento de Economía, Administración y Mercadología del ITESO

¿Cuales serán los trabajos del futuro? Sobre esta pregunta se especula mucho, pero sólo sabemos que: a) una parte de los trabajos actuales desaparecerá porque serán sustituidos por “robots”, algunos de los cuales ya existen, como los cajeros automáticos, pero aparecerán muchos más; b) otra parte de los trabajos  que hoy existen se mantendrá pero cambiará una parte, más o menos importante, de sus tareas, por el efecto de innovaciones científico–técnicas muy variadas, y c) una parte importante de los trabajos del futuro no la conocemos porque no existe.

Aunque se han realizado intentos para “prever” y cuantificar estos cambios en el empleo, lo cierto es que se especula mucho al respecto, y las previsiones que se hacen soy muy dispares y presentan elevados márgenes de error. Lo único cierto en este tema es que nos debemos habituar a la incertidumbre.

Precisemos lo que sabemos: los trabajos que desaparecerán por la robotización serán, en su gran mayoría, los más rutinarios y los que menor educación requieren para desempeñarlos. Aquellas personas que verán desaparecer directamente sus trabajos o que estén en peligro serán principalmente los que estén menos calificados.

Podemos pensar que la solución a la pérdida de un empleo que desaparece puede ser la de formarse para los nuevos empleos que surgirán y que aún no conocemos. El problema, en este caso, es que las personas que ocupaban los empleos que desaparecerán están poco escolarizadas en su mayoría, y es más difícil que aprendan aquello que requerirán los nuevos empleos porque, aunque no los conocemos, sabemos que casi todos requerirán un nivel educativo superior del que disponen los que perderán el trabajo.

En consecuencia, el panorama que se nos presenta es que los que podrán acceder a los trabajos que permanezcan y a los nuevos que habrán de crearse serán quienes estén más educados y no los que pierdan su empleo poco calificado, ello por dos razones: a) por estar más educados para acceder a los trabajos que se mantendrán o se crearán, y b) al estar más educados serán más educables, serán los más capaces para aprender lo que se necesite para acceder a los nuevos empleos que se crearán.

¿Esto significa que hay que estudiar carreras tecnológicas? También, pero no únicamente; vamos a necesitar personas formadas en todos los campos y sabemos que en su mayoría no trabajarán en aquello que estudiaron, aunque sí en aquello que vayan escogiendo, dentro o fuera del ámbito temático de su formación escolar y universitaria. En realidad, no podemos dar respuestas exactas sobre la educación necesaria para los trabajos del futuro, más la de que requerirán de una preparación creciente, por lo que debemos evitar que la población permanezca en niveles inferiores a la “enseñanza obligatoria” (en México, recordémoslo, es la “prepa”).

Aquellos que superen los niveles obligatorios de escolaridad deberán continuar educándose toda la vida, y muchos deberán seguir itinerarios educativos “híbridos” (con cambios de orientación, complementos imprevisibles, etc.), según los cambios en sus motivaciones y oportunidades laborales, porque durante su escolaridad inicial no podrán aprender lo que necesitarán durante toda su vida laboral, pues constantemente tendrán que aprender cosas que aún no existen.

En definitiva: lo que es importante estudiar es aquello que nos permita continuar aprendiendo durante toda la vida.

 

Jordi Planas / Profesor emérito de la Universidad de Barcelona, especialista en estudios sobre educación y empleo

Los ciudadanos producimos y hacemos uso de información de manera constante: nos informamos sobre política a través de la televisión, avisamos al gobierno de los gastos que tuvimos durante un año para calcular impuestos, buscamos información en Internet para trabajos escolares y más. Para que estos flujos informativos funcionen correctamente, los estados han creado regulaciones que aseguren el derecho a la información de los ciudadanos.

En México, el artículo 6o de la Constitución está consagrado a garantizar el derecho a la información de los ciudadanos y, entre otras cosas, de regular los servicios de radio, televisión e Internet. Este artículo establece que el estado “garantizará a la población su integración a la sociedad de la información y el conocimiento, mediante una política de inclusión digital universal”.

En otras palabras, el artículo 6o constitucional señala que el estado debe desarrollar tres elementos centrales para garantizar el derecho a la información. El primero se refiere a la infraestructura comunicativa que el país debe poseer para que circule información en todo el territorio nacional, como tendidos de fibra óptica, satélites, antenas para uso del espacio radioeléctrico y más. Además, el estado debe asegurarse de que todos los mexicanos puedan tener dispositivos para conectarse a esa red, es decir, teléfonos celulares, tabletas, computadoras, radios, televisores y más.

El segundo elemento se refiere a la posibilidad de que los mexicanos puedan utilizar la infraestructura para producir y consumir información. Por ejemplo, no basta tener antenas de televisión y televisores para que alguien pueda ver la televisión. Además falta que exista un servicio de radiodifusión que lleve contenidos a los televisores del país. Por ello, todos los mexicanos deben tener acceso a servicios de radio, televisión e Internet.

El tercer elemento se refiere a la educación de las audiencias. Para que los mexicanos puedan tener un acceso real a la información y al conocimiento que circula en la radio, la televisión e Internet, también hace falta que sepamos cómo utilizar la infraestructura comunicativa, que entendamos cómo debemos hacer uso de los servicios, y que desarrollemos habilidades para producir y consumir información a través de estas redes de información. En este sentido, el estado tiene la obligación de educar a sus ciudadanos en relación al amplio tema del derecho a la información.

Ahora bien, las buenas intenciones de la Constitución deben hacerse realidad; por ello, el cumplimiento de esta disposición pertenece a otra historia.

[box]Para saber más, consultar las siguientes referencias:

1. Organización de las Naciones Unidas para la Educación, la Ciencia y la Cultura (Unesco). Indicadores de Desarrollo Mediático: Marco para evaluar el desarrollo de los medios de comunicación social.  (Manual de la Unesco para analizar sistemas de comunicación contemporáneos). Recuperado el 19 de mayo de 2017 de: http://www.unesco.org/new/es/communication-and-information/resources/publications-and-communication-materials/publications/full-list/media-development-indicators-a-framework-for-assessing-media-development/
2. Los medios digitales en México. (Un trabajo de descripción y análisis del sistema de medios de comunicación digitales en el país). Open Society Fundations. Recuperado el 19 de mayo de 2017 de: https://www.opensocietyfoundations.org/sites/default/files/mapping-digital-media-mexico-spanish-20120606.pdf[/box]

Juan Larrosa / Candidato a doctor en Medios y Comunicación por la Universidad de Temple en Filadelfia, Estados Unidos