Valentina Campos Cabral / directora del Instituto de Investigaciones en Medio Ambiente Xabier Gorostiaga, S.J., de la Ibero Puebla

En un contexto de creciente conflictividad territorial ante proyectos extractivistas, en México, como en toda América Latina, mujeres de comunidades indígenas, campesinas y urbanas adquieren notoriedad como voceras y líderes de organizaciones que denuncian y se oponen a dinámicas y lógicas que amenazan sus medios y formas de vida.

En el valle poblano, en el marco de una historia de resistencia a la urbanización, la industrialización y la extracción de bienes naturales impulsados desde mediados del siglo XX, se ubican dos momentos en los que las mujeres han desempeñado un papel decisivo en el último lustro: el primero contra la construcción de un colector pluvial y sanitario desde la ciudad textil de Huejotzingo, en 2018, y el segundo, en 2021, con el cierre de la planta embotelladora Bonafont, del grupo Danone.

En el contexto del inicio de la construcción de obras para canalizar las aguas pluviales y sanitarias de ciudad textil, las Guardianas del río Metlapanapa denunciaron la contaminación por las descargas sin tratamiento previo de este parque industrial, de los drenajes municipales, de las industrias textiles y proveedoras de empresas automotrices, e incluso de la población misma. La acción colectiva de estas mujeres logró cancelar la obra al demostrar que la autoridad promovente, la Comisión Estatal de Agua y Saneamiento, no contaba con los permisos federales, municipales y comunitarios necesarios ni podía garantizar que las aguas vertidas al río no representaban ningún peligro para este, las personas o los ecosistemas.

En el caso de la planta de tratamiento de agua Bonafont, las Guardianas del río Metlapanapa y los Pueblos Unidos de la Región Cholulteca y de los Volcanes alertaron la operación de la empresa por 29 años, sin claridad en la vigencia de su concesión, de la existencia de una manifestación de impacto ambiental, del pago de derechos y del volumen extraído. A la par, observaban la contaminación de las aguas superficiales y profundas, la pérdida de manantiales, el colapso de pozos artesanales, la escasez de agua para la agricultura, la pérdida de actividades económicas como la agricultura y producción de ladrillo, la desintegración de espacios de convivencia y cuidado en torno a la presencia del agua, así como la afectación a otras formas de vida.

Las mujeres en estos movimientos se dicen interpeladas porque, además de que  las actividades, la base material que les dan sustento y las formas de subsistencia de sus comunidades se alteran, se pierde la salud en interdependencia con la destrucción del territorio. Es clara la falta de consideración y respeto a sus emociones, prácticas culturales y espirituales.

El proyecto del colector y la embotelladora son una muestra de los impactos negativos que el “desarrollo” lleva a sus localidades, a los que no dudan en nombrar como “proyectos de muerte” o generadores de “infiernos ambientales”. Sin embargo, es muy importante destacar las iniciativas de defensa de la vida, con trabajos de cuidado comunitarios de educación, salud, comunicación, agroecología, artes, economía social y solidaria, que también cuentan con actividades que los vinculan con otros pueblos y luchas, académicos e investigadores de todo el mundo.

Con ello, las mujeres suman a sus tradicionales jornadas de cuidado productivo y reproductivo todas aquellas actividades asociadas a la defensa del territorio, como la participación en asambleas, movilizaciones, medios de comunicación, mítines, viajes, reuniones con autoridades, entre otras. Sin duda, esto las reposiciona individual y colectivamente, pero también las expone a un mayor desgaste, a la agresión por parte de la autoridad o de grupos emergentes en los territorios, y a   tensiones al interior de sus grupos domésticos.

Estos elementos, si se pretende alcanzar una vida digna, deberán ponerse en la mesa de la discusión, en el entendido de que es fundamental atender los temas del cuidado de la casa común. De igual manera, las condiciones concretas de vida de los defensores del territorio deben ser un esfuerzo ampliado de reconciliación y justicia.

Yoloxóchitl Corona Ruelas / académica del Departamento de Psicología, Educación y Salud del ITESO

Mi mamá creció en un pequeño pueblito sin luz, drenaje, grandes tiendas, ruidos de motores ni gente corriendo a todos lados. Su país de la infancia fue el río, el cerro, las tormentas, los sonidos de la noche, las estrellas y los ciclos de la tierra. Ella generó un profundo amor y apego al territorio desde su infancia, tal como pasó con otras personas que conozco y que llamamos defensoras.

Pequeñas Juanitas, Tibus, Lupes, Liliths, Marisas, y pequeños Alejandros, Enriques, Ezequieles y Josés crecieron para ver sus bosques amenazados por la tala, sus tierras muertas por químicos, sus ríos contaminados por la industria, sus laderas convertidas en vertederos o sus campos atravesados por gasoductos. Pero el cariño a ese país de la infancia los puso en pie de lucha para defender su casa, su vida y su alegría. Y ahí siguen.

Pero, ¿qué pasa con las niñas y los niños que no tuvieron río, cerro ni ciclos de la tierra para conocer y aprender a amar, sino territorios devastados, enfermedad y muerte?

Pensemos, por ejemplo, en uno de los casos más graves de nuestro estado, el de la contaminación del río Santiago. Ya desde 2009 la Comisión Estatal de Derechos Humanos de Jalisco documentaba las graves violaciones “a gozar de un ambiente sano y ecológicamente equilibrado, a la salud, al agua, a la alimentación, al patrimonio, a la legalidad, a la seguridad social, al desarrollo sustentable, a la democracia, al trabajo, a tener una vivienda en un entorno digno”.^1[1] En el caso de niñas y niños también se vulneraba su derecho a un nivel de vida adecuado para su desarrollo físico, espiritual, moral y social.

Existe otro grado de complejidad: lo difícil que es defender algo que no amas, y lo difícil que es amar algo que no conoces. Niñas y niños que, en lugar de soñar con el río, respiran día y noche los olores tóxicos que hoy emanan de él. ¿Qué país de infancia crece en sus apegos? ¿Cómo crecerá el amor que sostiene las luchas por defenderlo?

Es aquí donde entran en escena todas esas colectividades, redes, comunidades —o como decidan nombrarse— que resisten donde el despojo, el extractivismo, el agravio y la violencia son normalidades impuestas. Esas colectividades que comparten desde la cotidianeidad y enseñan haciendo, en las que las tradiciones se transmiten de boca en boca y de generación en generación para construir ese poderoso “nosotros”; el del conocimiento colectivo que reproduce la vida y la alegría.

Por todo Jalisco han surgido y continúan surgiendo espacios donde niñas y niños no solo construyen parte de su país de infancia, sino que lo hacen en clave de defensa de sus territorios. Así, como si fuera un juego, niñas y niños de San Juan Bautista de la Laguna visten su Arco para las fiestas a fines de enero. Bordan fotos antiguas del río y montan nuevos tendederos de sueños en El Salto. Caminan su bosque en Juanacatlán. Así también graban podcast de sus conversaciones con el río, hacen animación en sus propios canales de internet ¡y hasta arman pequeños baños secos como proyectos en la escuela! Así también mi hija camina los pasos de su abuela.

Estos procesos abren espacios para escuchar lo que niñas y niños tienen que decir. Para que expresen lo que sienten. Para que desarrollen diferentes habilidades y destrezas. Para que hagan comunidad. Y entre juegos florece la esperanza de construir el imprescindible relevo generacional para mantener todas estas luchas por la vida.

[1] Álvarez, F. (2009). Recomendación 1/2009. Comisión Estatal de Derechos Humanos de Jalisco. México, pp. 1–275.
https://bit.ly/3RJfgCm

Olivia Guadalupe Penilla Núñez / académica del Departamento de Psicología, Educación y Salud del ITESO

En el tiempo que he podido acompañar a distintos colectivos en defensa de territorios me he percatado de algunos dolores, que no todo psicólogo clínico alcanza a escuchar.

Algunas veces, quizás por el papel social de cuidadoras, son las mujeres quienes comienzan o sostienen las luchas. En la defensa del bosque El Nixticuil ellas avanzaron primero, buscando cuidar de sus hogares y reconociendo que los 300 robles adultos, derribados en una noche, eran también parte de ellos.

Las luchas suman otro cuidado. El cuidado del otro, del colectivo, del territorio mismo, se agregan al cuidado cotidiano de la familia nuclear y extendida, de la casa, en muchos casos de quienes resultan enfermos por la devastación del ecosistema donde se vive. Este es el caso de Un Salto de Vida, quienes, tras años en la defensa de su ecosistema, ahora cuidan también de quienes enferman como producto de la contaminación del río Santiago.

En las diversas defensas, como en cualquier vida, ocurren altibajos, días buenos y otros no tanto. Pero lo que es común es el acoso que atraviesan las personas y los colectivos por parte de los diversos grupos de poder —económico y político— que sistemáticamente destruyen los hábitats. Este acoso puede ser legal, y ocurre bajo cualquier pretexto; o económico, que sucede cuando se solicita el pago de multas o sanciones. Sin embargo, el que me parece más terrible, por cotidiano e insistente, es la ruptura que generan entre vecinos, amigos y familiares.

Todo el que destruye un territorio tiene algún propósito —casi siempre es económico— que se enarbola como causa social. Se hacen casas y caminos para, supuestamente, satisfacer las necesidades de vivienda y comunicación. Se crean industrias y empresas, o incluso escuelas, por “el desarrollo” social o comunitario, y este eslogan acompaña cada destrucción. La mayoría de las veces ese discurso, que cuenta con el apoyo mediático y político, se difunde entre vecinos y comienza la polarización. Quien defiende el territorio se vuelve un ser antisocial que no quiere el desarrollo, que no quiere el bien común. Se les va dejando solos. Es frecuente que incluso se hable de malestares psiquiátricos: “Esa gente no entiende, cree que el mundo y el progreso están en su contra. Están locos”. De a poco, y con dinero de por medio, procuran aislar a quienes defienden su territorio y la vida con el objetivo de que se cansen.

El cansancio alcanza algunas veces la tristeza de perder terreno, instrumentos legales, compañeros de lucha y amigos. A veces solo se distancian porque los convencen o porque los asustan; a veces es más grave: los desaparecen o los matan.

El psicólogo clínico, como algunos familiares, en ocasiones no entiende y cuestiona qué hace en esa lucha que tanto le quita. Esta pregunta los deja más solos. Y es que es difícil transmitir que la apuesta es por la vida, que toda la energía vital está puesta en cuidarla, defenderla, preservarla. Y esta energía vital —libido, eros— es la que los une, la que los conforta y les da fuerza.

Es importante reconocer lo que se va perdiendo, sí, como es importante elaborar cualquier duelo. Solo así es posible reconocer también lo que se gana.

Juan Carlos Zavala Jonguitud, S.J. / académico del Departamento de Filosofía y Humanidades del ITESO

Inés es sirígame (gobernadora indígena) de Porochi, en la Sierra Tarahumara; Guadalupe, su nieto, vivía con su mamá en campos de trabajo jornalero en Sinaloa y Chihuahua. Cuando se enteró de que él no estaba registrado y tampoco iba a la escuela, decidió llevárselo, cuidarlo, enseñarle rarómari y meterlo a estudiar; es decir, otorgarle a su nieto las condiciones que le permitieran sostenerse, propias de las comunidades rarómari, y con ello re–crear la vida de los pueblos indígenas de la sierra.

La defensa del territorio en la Sierra Tarahumara es, para los pueblos rarámuri y rarómari, la defensa de sus modos de estructurar y re–crear la vida. A las amenazas ya conocidas por los pueblos indígenas de nuestro continente se suma la migración jornalera, que provoca, con el desplazamiento de personas, la ruptura de la forma en que se procura la vida.

El modo en que los pueblos indígenas de la sierra han estructurado su existencia está entreverado con el territorio geográfico. La tierra poco fértil, extensa y quebrada guarda una relación estrecha con la resistencia, la movilidad, la autonomía y la solidaridad características de los pueblos. Las comunidades viven bajo lógicas de consumación, cuidado y solidaridad colectiva, contrarias al sistema hegemónico capitalista.

Para el capital el trabajo jornalero es, junto con la explotación de recursos naturales, la única manera en que se tolera a estos pueblos. Con la migración jornalera los modos en que se reproduce la vida, material y simbólicamente, se ven trastocados, y la precariedad de las condiciones laborales casi no permiten su reimaginación.

Es justo aquí donde las mujeres enseñan, con su ejemplo y sin aspavientos, cómo al cuidar la vida se defiende el territorio en que esta es posible. Abuelas que crían a sus nietos que vivían sin estudios ni nombre en los centros de trabajo jornalero son muestra de que, al poner al centro no el capital, sino la vida, se encuentran maneras de hacer frente a la amenaza.

Maya Viesca Lobatón / académica del Centro de Promoción Cultural y coordinadora del Café Scientifique del ITESO

Defender el territorio no es proteger un pedazo de tierra, es cuidar que sus dinámicas, sus habitantes y sus recursos tengan un futuro al que todos pertenezcan. Son muy diversas las estrategias y las razones que llevan a tener que hacerlo, pero, con seguridad, el denominador común es conocerlo.

En México muchas mujeres han desarrollado un papel fundamental en esta tarea, entre ellas las científicas, que desde sus diversas especialidades, pasiones e historias han generado conocimiento —y lo siguen haciendo— que brinda argumentos y recursos para darle valor a prácticas que son más deseables que otras. Nombro algunas con el sentido de reconocer a las personas concretas en esta labor y de colocar diferentes frentes desde los que lo abordan.

Una de las grandes figuras de la ciencia en México es Helia Bravo Hollis, primera bióloga mexicana, especialista en cactáceas. Además de crear el herbario y el jardín botánico de la Universidad Nacional Autónoma de México (UNAM), investigar, nombrar y darles valor a estas especies en México y el mundo, dedicó parte de su trabajo a denunciar el saqueo y tráfico ilegal de cactáceas en nuestro país y a abogar por la conservación del territorio.

Julia Carabias es reconocida por haber sido la primera secretaria de Medio Ambiente del país. Como bióloga ha trabajado principalmente en torno a conservación y manejo de ecosistemas tropicales, desarrollo rural sustentable y gobernanza. Además de su trabajo académico en la unam y de gestión pública, fundó el Centro Interdisciplinario de Biodiversidad y Ambiente, A.C., que se dedica a realizar estudios locales y regionales, principalmente en la Selva Lacandona, para desarrollar proyectos de aprovechamiento sostenible de sus recursos naturales por las comunidades locales, entre ellas el turismo alternativo. Su defensa de este territorio, uno de los últimos reductos de selva alta húmeda perennifolia de México, le ha valido diversos reconocimientos, pero también amenazas.

Bettina Cruz es maestra en Desarrollo Rural Regional y doctora en Planificación Territorial. Como indígena binnizá se inició en la defensa de los derechos humanos a los 13 años, en su natal Juchitán, Oaxaca. Desde hace 18 años lucha para que el airoso Istmo de Tehuantepec no se vuelva un reducto de explotación de la energía eólica de grandes transnacionales sin beneficios para las comunidades y sin una visión integral de sustentabilidad. Sus hijas se han sumado a su labor, una como licenciada en Ciencias Ambientales y maestra en Desarrollo Rural, y la otra como antropóloga.

Silvia Ramírez–Luna es bióloga marina y desde hace tiempo trabaja con la organización nos, Noreste Sustentable, en la región de La Paz, Baja California. Ha investigado y colaborado con las comunidades para sacar del grado de extinción local al callo de hacha, una de las principales fuentes de ingreso de los pobladores de la zona, así como el estudio del tunicado, una especie invasora y actualmente su principal amenaza. Su participación ha sido fundamental para el trabajo de las Guardianas del Estero El Conchalito, un grupo de mujeres organizado para erradicar la pesca ilegal de estas especies y mejorar el ecosistema.

>>Conoce más en:
• Helia Bravo:
https://bit.ly/483Ql1Y
• Julia Carabias:
https://bit.ly/480ubxo
• Bettina Cruz:
https://bit.ly/3uJMWXD
• Guardianas del Conchalito:
https://bit.ly/4amMLC7

Alejandra Guillén / Centro Universitario de Incidencia Social del ITESO

Los pueblos que habitan la ribera de Chapala enfrentan la amenaza constante del despojo de tierras y la contaminación del lago. En ese contexto diversas comunidades ribereñas luchan para resguardar los territorios y la vida.

En el noreste del lago todavía es visible que un par de ejidos y comunidades coca de Mezcala y San Pedro Itzicán han podido resguardar sus tierras. En el norte se encuentra el pueblo de San Antonio Tlayacapan —atrapado entre el desarrollo inmobiliario de Chapala y Ajijic—, que actualmente lucha por su reconocimiento como pueblo coca para demostrar que les han arrebatado más de 400 hectáreas que les corresponden desde tiempos inmemoriales.

En las últimas dos décadas ha habido un proceso importante de recuperación del pasado coca de Mezcala, San Pedro Itzicán y recientemente de San Antonio Tlayacapan, lo que ha consolidado sus luchas territoriales y su horizonte político.

La participación de jóvenes de Mezcala en reuniones del Congreso Nacional Indígena (CNI) influyó para que comenzaran con un proceso de recuperación de su historia coca, pues sabían que eran indígenas, pero no a qué pueblo pertenecían. En una entrevista realizada en 2017 Rocío Moreno, comunera de Mezcala, reflexionaba que el pueblo coca “fue uno de los más violentados” durante la Conquista, por eso “pudieron eliminar nuestra lengua, pero el pueblo se refugió en el territorio, las costumbres, los rituales”.

Con la reivindicación como pueblo coca comenzaron a asistir a reuniones del CNI, y las asambleas de Mezcala pasaron de ser solo de comuneros para ampliarse a todo el pueblo. Esta unión permitió sostener una lucha agraria de dos décadas para sacar al invasor Guillermo Moreno Ibarra, quien se había apropiado de más de diez hectáreas. La comunidad recuperó las tierras y las destinó para realizar próximamente la Universidad de Mexcala. Como pueblo coca han logrado que el territorio siga bajo su resguardo.

Recuperar el pasado coca para defender la tierra

En contraste, el pueblo de San Antonio Tlayacapan ya ha sido despojado de alrededor de 400 hectáreas que han quedado en manos de foráneos. Por su ubicación entre Chapala y Ajijic, la presión inmobiliaria continúa, pero el pueblo ha recuperado en los últimos años su pasado coca para tratar de detener el despojo.

Antonia Corona y su familia cuentan que desde los años noventa descubrieron que el ejido de Chapala estaba vendiendo tierras que colindan con San Antonio Tlayacapan. Es así como en 2001 comenzaron una lucha legal y en el camino recobraron el título virreinal que les puede dar más argumentos para ganar el juicio agrario. La recuperación del pasado coca es clave para la defensa de este territorio codiciado.

Mujeres contra el despojo en Santa Cruz de la Soledad

En el camino de Chapala hacia Mezcala encontramos del lado izquierdo a la comunidad Santa Cruz de la Soledad, que actualmente resiste a un proyecto inmobiliario. Aunque no se reivindican como indígenas, sí se han hermanado con los pueblos aledaños para defenderse de los intereses inmobiliarios en sus tierras.

Martha Rodríguez García y su hija María de Jesús López Rodríguez han encabezado esta lucha con la comunidad. María de Jesús recuerda que la amenaza de despojo de sus territorios comenzó con la compra de tierras colindantes con las extensiones de uso común. Hubo cambios en la mesa ejidal y se realizaron diversas irregularidades para modificar el destino de estas tierras, nombrándolas como asentamiento humano; la empresa Santa Cruz Inmobiliaria las fraccionó con títulos de propiedad y planteó un proyecto inmobiliario de 450 hectáreas. Este fue vendido al Instituto de Pensiones del Estado en 390 millones de pesos.

Martha Rodríguez logró ser comisaria ejidal y encabezó la lucha legal contra el despojo. Ella y las personas que defienden las tierras de uso común han sido amenazadas, difamadas, traicionadas y hasta encarceladas. A pesar de la persecución, Martha, Marichuy y los ejidatarios mantienen las tierras resguardadas.

Salud, alimento y territorio

Escuela para Defensoras en Derechos Humanos y Ambientales Benita Galeana

“Cultivamos plantas medicinales no solo para tratar afecciones en la salud o condimentar alimentos, sino para defender la naturaleza y el territorio”. Este es un compromiso adoptado por mujeres de municipios en el sur de Jalisco, quienes  participan con la Escuela para Defensoras en Derechos Humanos y Ambientales Benita Galeana (EBG) en la instalación de huertas medicinales en espacios privados, públicos y colectivos.

“Las farmacias vivientes son una propuesta recuperada del pasado que enriquece el presente, pues mejora condiciones de vida en los hogares y reivindica el derecho a la salud, a la alimentación y a un ambiente sano. Basadas en una cultura de sostenibilidad, se complementan con el consumo de productos locales, el desarrollo de cadenas cortas de producción y el comercio de alimentos y plantas medicinales libres de agrotóxicos.” Esto explica Eva Villanueva, pionera en la instalación de farmacias vivientes, quien reconoce que esta práctica se ha alejado de la ética del cuidado a raíz de la institucionalización del concepto.

Para la ecofeminista Vandana Shiva la ética de cuidado existe en tres dimensiones: en el cuidado de la naturaleza y el entorno, en el personal y en el de los demás. “Como mujeres hemos sido históricamente las parteras de la agricultura orientada a los cuidados y a la preservación de la vida humana y silvestre”, dice Carmen García, integrante de la EBG. “Hemos sido las responsables de decidir y administrar los alimentos que se consumen o no en nuestras familias, por lo que creemos que es nuestro compromiso político y ético mantener una agricultura para la vida. Soltamos la mercantilización de la tierra porque esa lógica no es nuestra, proviene de una visión patriarcal y capitalista a la que nos oponemos”.

A partir de la crisis ambiental y de salud de 2019 la EBG retomó estos saberes como respuesta a la contaminación y la enfermedad que viven las mujeres en sus comunidades; saberes que ya no se transmiten, perdidos entre el silencio de quienes los poseen y ante la falta de interés y de práctica por parte de jóvenes que dejan sus comunidades para migrar. Las huertas medicinales que la ebg acompaña se encuentran en el área metropolitana periurbana de Guadalajara y en zonas rurales del estado, contrastando distintas realidades socioeconómicas, políticas y ambientales.

Las sesiones teórico–prácticas reflejan las formas en que las mujeres se organizan para trabajar las huertas de forma colectiva, y los programas en agroecología de la ebg son diseñados con base en los sistemas circulatorio, digestivo, nervioso y endocrino. “Hay que conocer la planta, sus principios activos, dosificaciones; saber dónde ponerla y con qué plantas se relaciona”, dice Mary Anguiano, integrante de la huerta comunitaria de Santa Elena, en Ciudad Guzmán, una urbanidad amenazada por la presencia de aguacateras, la tala de árboles y la reducción de mantos acuíferos, que han derivado en la pérdida masiva de flora y fauna.

Para las mujeres de esta población, así como en Agua Caliente —localidad de Poncitlán—, Atemajac de Brizuela y Balcones de Santa Anita —en Tlajomulco—, el cultivo de estafiate, orégano, árnica y cola de caballo, entre otras especies, responde a las crisis socioambientales que afectan sus territorios y la salud de sus habitantes, quienes presentan enfermedades derivadas de la contaminación del agua, los suelos, la mala alimentación y la explotación laboral. “Tener un huerto es una gran responsabilidad; implica organización, compromiso y trabajo”, dice Gloria Ceniceros, de Tlajomulco. Para ella la huerta comunitaria significa esperanza y una herramienta de cohesión social ante la delincuencia y la violencia que se agudizan a raíz del abandono masivo de viviendas en la zona, derivado de la planeación urbana y la corrupción.

A partir de los territorios y las vivencias de las propias mujeres construimos desde el hacer, el sentir y el pensar cotidiano la agricultura para la vida a la que aspiramos. Ellas “son las semillas que se enraizan y germinan en tierra fértil. Se abren y se expanden en un nuevo conocimiento como fruto de su libertad y autonomía”, aseguran las integrantes de la EBG.

>>Conoce más en:
https://bit.ly/3Rx0a32
https://bit.ly/3TjAhVL

De la resistencia al artivismo

Velvet Ramírez / artista y profesora de asignatura en el ITESO
Georgina Gastélum / artista y profesora del Departamento de Estudios Socioculturales del ITESO

Defender el bosque es al mismo tiempo una reivindicación de respeto a la tierra, a la naturaleza y a la dignidad de las mujeres, que constituyen un pilar fundamental de la resistencia comunitaria al ser guardabosques, amas de casa, estudiantes, madres y esposas.

Sofía Herrera, integrante del Comité
en Defensa del Bosque El Nixticuil.[1]

El Nixticuil, ubicado en el norte de Zapopan, Jalisco, es un bosque no inducido de pinos y encinos considerado uno de los últimos pulmones verdes de la ciudad. Su riqueza hídrica y su papel vital en el equilibrio ecológico de la región le dieron en 2008 su estatus como Área Natural Protegida. No obstante, de sus 1,860 hectáreas, solo 1,591 permanecieron bajo este amparo, y las otras 300 quedaron vulnerables a la tala, la contaminación, la erosión del suelo y los incendios. Prueba de ello es que desde 2005 hasta la fecha El Nixticuil ha perdido casi 500 hectáreas debido a la expansión de proyectos de urbanización. El problema se agrava aún más con la reciente aprobación de los Planes Parciales de Desarrollo Urbano, que amenazan con eliminar áreas de conservación ecológica y remplazarlas con proyectos de viviendas y avenidas, sepultando incluso arroyos enteros.

Ante este panorama de destrucción el Comité en Defensa del Bosque El Nixticuil, fundado y conformado principalmente por mujeres en 2005, ha liderado una encomiable labor de conservación y restauración de las áreas devastadas. Su trabajo incluye la creación de un vivero donde se reproducen especies nativas para la reforestación, la formación de una brigada comunitaria para combatir incendios forestales y la denuncia pública de proyectos inmobiliarios que amenazan el derecho de la comunidad a un medio ambiente sano.

Nuestra cercanía con el bosque nos llevó a conocer su riqueza natural, las problemáticas que enfrenta y las acciones de conservación que realiza el Comité de manera autogestiva. Conmovidas ante lo que estábamos presenciando nos preguntamos lo siguiente: ¿Cómo podemos contribuir a que el bosque El Nixticuil siga existiendo? ¿De qué manera podemos sumarnos desde nuestro hacer artístico?

Al intentar responder a ello nos acercamos aún más a las integrantes del Comité para conocer con detalle sus historias y los impulsos para continuar con la defensa del territorio. Como resultado de este encuentro creamos la pieza escénica interdisciplinaria Paisajes del Nixticuil y la presentamos en diversos espacios. La respuesta del público fue conmovedora. La comunidad comenzó a sumarse a la causa de diversas maneras, por ejemplo, donando materiales para el combate de incendios, comprando plantas del vivero, aportando trabajo creativo, como fanzines, ilustraciones y grabados, y realizando aportaciones económicas.

El potencial del artivismo fue innegable, y con ese impulso creador decidimos realizar la videodanza Canción del Nixticuil, con la intención de llegar a diversos públicos y latitudes. Posteriormente, movidas por nuestra vocación docente, llevamos a cabo un proceso educativo de creación y producción artística que nos permitiera expandir los soportes y despliegues, así como realizar una investigación sobre el patrimonio natural del Nixticuil. Convocamos a estudiantes de la Licenciatura en Arte y Creación y de la Licenciatura en Gestión Cultural del ITESO para sumarse a este proyecto, del que surgieron piezas de animación, grabado, collage, instalaciones y proyectos audiovisuales, entre otras, que derivaron en la exposición Archivo Vivo Nixticuil.

Al día de hoy desearíamos que las problemáticas del bosque El Nixticuil se hubiesen agotado ya como tema de creación artística, sin embargo, nuestra realidad de despojo y destrucción nos muestra que es imperativo dar continuidad a la labor que desde el amor a la vida y al territorio han iniciado las mujeres del Comité en Defensa del Bosque El Nixticuil. Ellas nos han enseñado que cada persona tiene el potencial para marcar una diferencia significativa en la defensa y protección de nuestro entorno.

Continuemos aprendiendo de su ejemplo y trabajando en conjunto para preservar nuestra tierra. La historia de las mujeres del Nixticuil es un recordatorio de que, al final del día, la resistencia, la creatividad y la colaboración pueden ser la diferencia en la lucha por un mundo más sostenible y equitativo.

[1] Hipólito Hernández, A.G., & Herrera Rivera, S. (2015). Bosque El Nixticuil: Territorio Urbano en resistencia. Waterlat–Gobacit Network Working Papers, 2(18), pp. 68–75. https://bit.ly/416VKTz

>>Conoce más en:
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• Videodanza “Canción del Nixticuil”:
https://bit.ly/47JISoP