Maya Viesca Lobatón / académica del Centro de Promoción Cultural y coordinadora del Café Scientifique del ITESO

Defender el territorio no es proteger un pedazo de tierra, es cuidar que sus dinámicas, sus habitantes y sus recursos tengan un futuro al que todos pertenezcan. Son muy diversas las estrategias y las razones que llevan a tener que hacerlo, pero, con seguridad, el denominador común es conocerlo.

En México muchas mujeres han desarrollado un papel fundamental en esta tarea, entre ellas las científicas, que desde sus diversas especialidades, pasiones e historias han generado conocimiento —y lo siguen haciendo— que brinda argumentos y recursos para darle valor a prácticas que son más deseables que otras. Nombro algunas con el sentido de reconocer a las personas concretas en esta labor y de colocar diferentes frentes desde los que lo abordan.

Una de las grandes figuras de la ciencia en México es Helia Bravo Hollis, primera bióloga mexicana, especialista en cactáceas. Además de crear el herbario y el jardín botánico de la Universidad Nacional Autónoma de México (UNAM), investigar, nombrar y darles valor a estas especies en México y el mundo, dedicó parte de su trabajo a denunciar el saqueo y tráfico ilegal de cactáceas en nuestro país y a abogar por la conservación del territorio.

Julia Carabias es reconocida por haber sido la primera secretaria de Medio Ambiente del país. Como bióloga ha trabajado principalmente en torno a conservación y manejo de ecosistemas tropicales, desarrollo rural sustentable y gobernanza. Además de su trabajo académico en la unam y de gestión pública, fundó el Centro Interdisciplinario de Biodiversidad y Ambiente, A.C., que se dedica a realizar estudios locales y regionales, principalmente en la Selva Lacandona, para desarrollar proyectos de aprovechamiento sostenible de sus recursos naturales por las comunidades locales, entre ellas el turismo alternativo. Su defensa de este territorio, uno de los últimos reductos de selva alta húmeda perennifolia de México, le ha valido diversos reconocimientos, pero también amenazas.

Bettina Cruz es maestra en Desarrollo Rural Regional y doctora en Planificación Territorial. Como indígena binnizá se inició en la defensa de los derechos humanos a los 13 años, en su natal Juchitán, Oaxaca. Desde hace 18 años lucha para que el airoso Istmo de Tehuantepec no se vuelva un reducto de explotación de la energía eólica de grandes transnacionales sin beneficios para las comunidades y sin una visión integral de sustentabilidad. Sus hijas se han sumado a su labor, una como licenciada en Ciencias Ambientales y maestra en Desarrollo Rural, y la otra como antropóloga.

Silvia Ramírez–Luna es bióloga marina y desde hace tiempo trabaja con la organización nos, Noreste Sustentable, en la región de La Paz, Baja California. Ha investigado y colaborado con las comunidades para sacar del grado de extinción local al callo de hacha, una de las principales fuentes de ingreso de los pobladores de la zona, así como el estudio del tunicado, una especie invasora y actualmente su principal amenaza. Su participación ha sido fundamental para el trabajo de las Guardianas del Estero El Conchalito, un grupo de mujeres organizado para erradicar la pesca ilegal de estas especies y mejorar el ecosistema.

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• Helia Bravo:
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• Julia Carabias:
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• Bettina Cruz:
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• Guardianas del Conchalito:
https://bit.ly/4amMLC7

Alejandra Guillén / Centro Universitario de Incidencia Social del ITESO

Los pueblos que habitan la ribera de Chapala enfrentan la amenaza constante del despojo de tierras y la contaminación del lago. En ese contexto diversas comunidades ribereñas luchan para resguardar los territorios y la vida.

En el noreste del lago todavía es visible que un par de ejidos y comunidades coca de Mezcala y San Pedro Itzicán han podido resguardar sus tierras. En el norte se encuentra el pueblo de San Antonio Tlayacapan —atrapado entre el desarrollo inmobiliario de Chapala y Ajijic—, que actualmente lucha por su reconocimiento como pueblo coca para demostrar que les han arrebatado más de 400 hectáreas que les corresponden desde tiempos inmemoriales.

En las últimas dos décadas ha habido un proceso importante de recuperación del pasado coca de Mezcala, San Pedro Itzicán y recientemente de San Antonio Tlayacapan, lo que ha consolidado sus luchas territoriales y su horizonte político.

La participación de jóvenes de Mezcala en reuniones del Congreso Nacional Indígena (CNI) influyó para que comenzaran con un proceso de recuperación de su historia coca, pues sabían que eran indígenas, pero no a qué pueblo pertenecían. En una entrevista realizada en 2017 Rocío Moreno, comunera de Mezcala, reflexionaba que el pueblo coca “fue uno de los más violentados” durante la Conquista, por eso “pudieron eliminar nuestra lengua, pero el pueblo se refugió en el territorio, las costumbres, los rituales”.

Con la reivindicación como pueblo coca comenzaron a asistir a reuniones del CNI, y las asambleas de Mezcala pasaron de ser solo de comuneros para ampliarse a todo el pueblo. Esta unión permitió sostener una lucha agraria de dos décadas para sacar al invasor Guillermo Moreno Ibarra, quien se había apropiado de más de diez hectáreas. La comunidad recuperó las tierras y las destinó para realizar próximamente la Universidad de Mexcala. Como pueblo coca han logrado que el territorio siga bajo su resguardo.

Recuperar el pasado coca para defender la tierra

En contraste, el pueblo de San Antonio Tlayacapan ya ha sido despojado de alrededor de 400 hectáreas que han quedado en manos de foráneos. Por su ubicación entre Chapala y Ajijic, la presión inmobiliaria continúa, pero el pueblo ha recuperado en los últimos años su pasado coca para tratar de detener el despojo.

Antonia Corona y su familia cuentan que desde los años noventa descubrieron que el ejido de Chapala estaba vendiendo tierras que colindan con San Antonio Tlayacapan. Es así como en 2001 comenzaron una lucha legal y en el camino recobraron el título virreinal que les puede dar más argumentos para ganar el juicio agrario. La recuperación del pasado coca es clave para la defensa de este territorio codiciado.

Mujeres contra el despojo en Santa Cruz de la Soledad

En el camino de Chapala hacia Mezcala encontramos del lado izquierdo a la comunidad Santa Cruz de la Soledad, que actualmente resiste a un proyecto inmobiliario. Aunque no se reivindican como indígenas, sí se han hermanado con los pueblos aledaños para defenderse de los intereses inmobiliarios en sus tierras.

Martha Rodríguez García y su hija María de Jesús López Rodríguez han encabezado esta lucha con la comunidad. María de Jesús recuerda que la amenaza de despojo de sus territorios comenzó con la compra de tierras colindantes con las extensiones de uso común. Hubo cambios en la mesa ejidal y se realizaron diversas irregularidades para modificar el destino de estas tierras, nombrándolas como asentamiento humano; la empresa Santa Cruz Inmobiliaria las fraccionó con títulos de propiedad y planteó un proyecto inmobiliario de 450 hectáreas. Este fue vendido al Instituto de Pensiones del Estado en 390 millones de pesos.

Martha Rodríguez logró ser comisaria ejidal y encabezó la lucha legal contra el despojo. Ella y las personas que defienden las tierras de uso común han sido amenazadas, difamadas, traicionadas y hasta encarceladas. A pesar de la persecución, Martha, Marichuy y los ejidatarios mantienen las tierras resguardadas.

Salud, alimento y territorio

Escuela para Defensoras en Derechos Humanos y Ambientales Benita Galeana

“Cultivamos plantas medicinales no solo para tratar afecciones en la salud o condimentar alimentos, sino para defender la naturaleza y el territorio”. Este es un compromiso adoptado por mujeres de municipios en el sur de Jalisco, quienes  participan con la Escuela para Defensoras en Derechos Humanos y Ambientales Benita Galeana (EBG) en la instalación de huertas medicinales en espacios privados, públicos y colectivos.

“Las farmacias vivientes son una propuesta recuperada del pasado que enriquece el presente, pues mejora condiciones de vida en los hogares y reivindica el derecho a la salud, a la alimentación y a un ambiente sano. Basadas en una cultura de sostenibilidad, se complementan con el consumo de productos locales, el desarrollo de cadenas cortas de producción y el comercio de alimentos y plantas medicinales libres de agrotóxicos.” Esto explica Eva Villanueva, pionera en la instalación de farmacias vivientes, quien reconoce que esta práctica se ha alejado de la ética del cuidado a raíz de la institucionalización del concepto.

Para la ecofeminista Vandana Shiva la ética de cuidado existe en tres dimensiones: en el cuidado de la naturaleza y el entorno, en el personal y en el de los demás. “Como mujeres hemos sido históricamente las parteras de la agricultura orientada a los cuidados y a la preservación de la vida humana y silvestre”, dice Carmen García, integrante de la EBG. “Hemos sido las responsables de decidir y administrar los alimentos que se consumen o no en nuestras familias, por lo que creemos que es nuestro compromiso político y ético mantener una agricultura para la vida. Soltamos la mercantilización de la tierra porque esa lógica no es nuestra, proviene de una visión patriarcal y capitalista a la que nos oponemos”.

A partir de la crisis ambiental y de salud de 2019 la EBG retomó estos saberes como respuesta a la contaminación y la enfermedad que viven las mujeres en sus comunidades; saberes que ya no se transmiten, perdidos entre el silencio de quienes los poseen y ante la falta de interés y de práctica por parte de jóvenes que dejan sus comunidades para migrar. Las huertas medicinales que la ebg acompaña se encuentran en el área metropolitana periurbana de Guadalajara y en zonas rurales del estado, contrastando distintas realidades socioeconómicas, políticas y ambientales.

Las sesiones teórico–prácticas reflejan las formas en que las mujeres se organizan para trabajar las huertas de forma colectiva, y los programas en agroecología de la ebg son diseñados con base en los sistemas circulatorio, digestivo, nervioso y endocrino. “Hay que conocer la planta, sus principios activos, dosificaciones; saber dónde ponerla y con qué plantas se relaciona”, dice Mary Anguiano, integrante de la huerta comunitaria de Santa Elena, en Ciudad Guzmán, una urbanidad amenazada por la presencia de aguacateras, la tala de árboles y la reducción de mantos acuíferos, que han derivado en la pérdida masiva de flora y fauna.

Para las mujeres de esta población, así como en Agua Caliente —localidad de Poncitlán—, Atemajac de Brizuela y Balcones de Santa Anita —en Tlajomulco—, el cultivo de estafiate, orégano, árnica y cola de caballo, entre otras especies, responde a las crisis socioambientales que afectan sus territorios y la salud de sus habitantes, quienes presentan enfermedades derivadas de la contaminación del agua, los suelos, la mala alimentación y la explotación laboral. “Tener un huerto es una gran responsabilidad; implica organización, compromiso y trabajo”, dice Gloria Ceniceros, de Tlajomulco. Para ella la huerta comunitaria significa esperanza y una herramienta de cohesión social ante la delincuencia y la violencia que se agudizan a raíz del abandono masivo de viviendas en la zona, derivado de la planeación urbana y la corrupción.

A partir de los territorios y las vivencias de las propias mujeres construimos desde el hacer, el sentir y el pensar cotidiano la agricultura para la vida a la que aspiramos. Ellas “son las semillas que se enraizan y germinan en tierra fértil. Se abren y se expanden en un nuevo conocimiento como fruto de su libertad y autonomía”, aseguran las integrantes de la EBG.

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De la resistencia al artivismo

Velvet Ramírez / artista y profesora de asignatura en el ITESO
Georgina Gastélum / artista y profesora del Departamento de Estudios Socioculturales del ITESO

Defender el bosque es al mismo tiempo una reivindicación de respeto a la tierra, a la naturaleza y a la dignidad de las mujeres, que constituyen un pilar fundamental de la resistencia comunitaria al ser guardabosques, amas de casa, estudiantes, madres y esposas.

Sofía Herrera, integrante del Comité
en Defensa del Bosque El Nixticuil.[1]

El Nixticuil, ubicado en el norte de Zapopan, Jalisco, es un bosque no inducido de pinos y encinos considerado uno de los últimos pulmones verdes de la ciudad. Su riqueza hídrica y su papel vital en el equilibrio ecológico de la región le dieron en 2008 su estatus como Área Natural Protegida. No obstante, de sus 1,860 hectáreas, solo 1,591 permanecieron bajo este amparo, y las otras 300 quedaron vulnerables a la tala, la contaminación, la erosión del suelo y los incendios. Prueba de ello es que desde 2005 hasta la fecha El Nixticuil ha perdido casi 500 hectáreas debido a la expansión de proyectos de urbanización. El problema se agrava aún más con la reciente aprobación de los Planes Parciales de Desarrollo Urbano, que amenazan con eliminar áreas de conservación ecológica y remplazarlas con proyectos de viviendas y avenidas, sepultando incluso arroyos enteros.

Ante este panorama de destrucción el Comité en Defensa del Bosque El Nixticuil, fundado y conformado principalmente por mujeres en 2005, ha liderado una encomiable labor de conservación y restauración de las áreas devastadas. Su trabajo incluye la creación de un vivero donde se reproducen especies nativas para la reforestación, la formación de una brigada comunitaria para combatir incendios forestales y la denuncia pública de proyectos inmobiliarios que amenazan el derecho de la comunidad a un medio ambiente sano.

Nuestra cercanía con el bosque nos llevó a conocer su riqueza natural, las problemáticas que enfrenta y las acciones de conservación que realiza el Comité de manera autogestiva. Conmovidas ante lo que estábamos presenciando nos preguntamos lo siguiente: ¿Cómo podemos contribuir a que el bosque El Nixticuil siga existiendo? ¿De qué manera podemos sumarnos desde nuestro hacer artístico?

Al intentar responder a ello nos acercamos aún más a las integrantes del Comité para conocer con detalle sus historias y los impulsos para continuar con la defensa del territorio. Como resultado de este encuentro creamos la pieza escénica interdisciplinaria Paisajes del Nixticuil y la presentamos en diversos espacios. La respuesta del público fue conmovedora. La comunidad comenzó a sumarse a la causa de diversas maneras, por ejemplo, donando materiales para el combate de incendios, comprando plantas del vivero, aportando trabajo creativo, como fanzines, ilustraciones y grabados, y realizando aportaciones económicas.

El potencial del artivismo fue innegable, y con ese impulso creador decidimos realizar la videodanza Canción del Nixticuil, con la intención de llegar a diversos públicos y latitudes. Posteriormente, movidas por nuestra vocación docente, llevamos a cabo un proceso educativo de creación y producción artística que nos permitiera expandir los soportes y despliegues, así como realizar una investigación sobre el patrimonio natural del Nixticuil. Convocamos a estudiantes de la Licenciatura en Arte y Creación y de la Licenciatura en Gestión Cultural del ITESO para sumarse a este proyecto, del que surgieron piezas de animación, grabado, collage, instalaciones y proyectos audiovisuales, entre otras, que derivaron en la exposición Archivo Vivo Nixticuil.

Al día de hoy desearíamos que las problemáticas del bosque El Nixticuil se hubiesen agotado ya como tema de creación artística, sin embargo, nuestra realidad de despojo y destrucción nos muestra que es imperativo dar continuidad a la labor que desde el amor a la vida y al territorio han iniciado las mujeres del Comité en Defensa del Bosque El Nixticuil. Ellas nos han enseñado que cada persona tiene el potencial para marcar una diferencia significativa en la defensa y protección de nuestro entorno.

Continuemos aprendiendo de su ejemplo y trabajando en conjunto para preservar nuestra tierra. La historia de las mujeres del Nixticuil es un recordatorio de que, al final del día, la resistencia, la creatividad y la colaboración pueden ser la diferencia en la lucha por un mundo más sostenible y equitativo.

[1] Hipólito Hernández, A.G., & Herrera Rivera, S. (2015). Bosque El Nixticuil: Territorio Urbano en resistencia. Waterlat–Gobacit Network Working Papers, 2(18), pp. 68–75. https://bit.ly/416VKTz

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•https://www.velvetramirezdanza.com
•https://www.instagram.com/velvetramirezdanza/
• Videodanza “Canción del Nixticuil”:
https://bit.ly/47JISoP

Rosario Aceves Íñiguez / Unesbio, A.C.
Natalia Mesa Sierra / Centro Interdisciplinario para la Formación y Vinculación Social del ITESO y Paisajes Manejo Integral, A.C.

En México existen grupos ciudadanos, colectivos y cooperativas agroecológicas en los que se tejen redes de apoyo con la finalidad de compartir experiencias, saberes y técnicas para la producción agroecológica de alimentos, plantas medicinales y aromáticas, e insumos con un modelo a baja escala o de autoconsumo ambientalmente amigable. Estas iniciativas son concebidas principalmente como espacios de resistencia a los modelos industriales y contaminantes de producción de alimentos, así como una solución ante las problemáticas del cambio global —como la deforestación, la pérdida de suelos fér­tiles y la crisis de polinizadores—, que han afectado en mayor medida a las mujeres margina­das.[1] Por esto es indispensable promover y fortalecer grupos que busquen la sustentabilidad ambiental y la reducción de las brechas de desigualdad de género.

Entre los esfuerzos de este tipo está el huerto agroecológico Atemajac, ubicado en Zapopan, en la zona urbana del área metropolitana de Guadalajara, integrado por mujeres con distintos perfiles y edades que van desde los 22 hasta los 74 años. Este proyecto busca promover la soberanía alimentaria a través de la producción de alimentos y plantas medicinales, y acortar la brecha de género para transitar hacia modelos de producción más inclusivos e igualitarios en la agroecología y la producción sustentable.

El huerto ha permitido el encuentro de diversas visiones a partir de espacios de esparcimiento, recreación y relajación, el planteamiento de un proyecto de vida y la producción para el autoconsumo. Actualmente, en colaboración con la Unión de Especialistas en Biodiversidad, Conservación y Sustentabilidad (Unesbio, A.C.), se están realizando inventarios de la flora y fauna que habitan este huerto, así como de los servicios ambientales que este espacio ofrece, con la finalidad de reconocer y promover la importancia de estas iniciativas.

Por otro lado, tenemos el caso del Vivero Comunitario de San Juan de Abajo, Nayarit, el cual nació como parte de un proyecto para la restauración ecológica del paisaje agrícola de la región. En este espacio las mujeres han sido las responsables de la colecta de las semillas de especies arbóreas nativas y de la producción de las plantas para los procesos de reforestación. La mayoría de ellas son cabezas de hogar, lo que en este contexto es de suma importancia debido a que el vivero resultó ser un espacio de empoderamiento en el que tienen voz y voto, independencia económica y reivindicación en su comunidad, pues les ha brindado un sentido de pertenencia y un lugar de reconocimiento.

Estos casos nos han enseñado la necesidad de articularnos y formar redes más amplias, trabajando y apoyando grupos integrados por mujeres en comunidades rurales. Son principalmente ellas quienes acogen la agroecología, ya que se organizan de mejor forma con fines de colectividad y sororidad, a pesar de tener menor tenencia legal del territorio. Con su trabajo se instrumentan huertos de traspatio, huertos y viveros comunitarios, y procesos para la transición agroecológica de sus cultivos, lo que ha permitido no solo la producción de alimentos, sino también el fortalecimiento de las relaciones de las mujeres de la comunidad y externas a ella, la formación de nuevos grupos y espacios de producción agroecológica, y el intercambio de experiencias y cotidianidad.

Estos proyectos refuerzan el tejido social —con acciones contundentes y tangibles para la mejora del territorio y las relaciones comunales—, así como los lazos entre las mismas mujeres, al ser espacios de esparcimiento, relajación, diversión y trabajo para que todo germine, crezca y florezca en todos los sentidos.

[1] Silesbarcena, I. (2019). Feminism and sustainability. Global Social Changes. The University of Manchester.
https://bit.ly/480BrcY

Ana Itzel Lozano Romero / egresada de Ciencias de la Comunicación del ITESO, colaboradora en el Centro Interdisciplinario para la Formación y Vinculación Social e integrante del Grupo Ecológico de Puerto Vallarta

Puerto Vallarta, Jalisco, es una región que, como muchas otras en México, ha pasado por múltiples dinámicas de despojo territorial y de bienes naturales por la colonización costera; desde los años cincuenta ha existido una centralización por parte del estado en la inversión del desarrollo turístico. Así, la ciudad se ha caracterizado por un constante ascenso poblacional, acompañado de una desmedida urbanización y una distribución demográfica que genera segregación y desigualdades en la población local. A esto se suma el conglomerado de problemáticas socioambientales, consecuentes de la extracción de bienes naturales, que provoca el desarrollo inmobiliario del mercado turístico, entre ellos, la falta de acceso a playas, espacios públicos o áreas verdes.[1]

PRINCIPALES LOGROS:
• A lo largo de las dos últimas décadas el colectivo ha logrado plantar 224 árboles, que hoy alcanzan los veinte metros de altura.
• El éxito de las campañas de reforestación se encuentra en los procesos de cuidado que la agrupación da a los árboles durante tres años.
• Desde sus inicios el grupo se ha movilizadopara exigir el cuidado y la conservación de los ecosistemas de la ciudad.

En este contexto, el Grupo Ecológico de Puerto Vallarta A.C. ha dedicado diversos esfuerzos en busca de una mejor calidad de vida para la población local y la preservación de los ecosistemas.[2] Desde sus inicios, en 2003, se ha caracterizado por la continua participación de mujeres, quienes han sostenido estos procesos durante dos décadas. Su labor más exhaustiva ha sido la recuperación de la ribera del río Pitillal, que consiste en la reforestación de la zona. Hoy, muchas personas disfrutan de estos espacios como lugares de recreación y actividad física, protegidos por la sombra de los árboles.

El proceso de plantación conlleva una práctica de cuidado de por lo menos tres años, procurando el riego semanal durante este periodo. La agrupación suele utilizar el agua del río para cumplir con esta actividad, pero con el paso del tiempo han notado cómo se seca cada vez más. Esto lo han identificado como una consecuencia del maltrato que el gobierno ha tenido con el río, principalmente en una de las supuestas limpiezas, que terminó siendo la tala de más de 150 árboles distribuidos en alrededor de un kilómetro del cauce.[3]

El grupo ha pasado por otros momentos de sabotaje en los espacios de reforestación, que en algunos casos fueron estrategias de cambio del uso del suelo para la construcción. Varios partidos políticos y gobiernos han tratado de apropiarse de sus labores en medios de campaña, instrumentando proyectos de urbanización que quedan incompletos. Ante esta situación el colectivo ha generado formas de vigilancia para mantener al margen estas intervenciones. De este modo, los esfuerzos de las mujeres han incentivado la participación local, fortaleciendo el tejido social en busca de la convivencia armónica de todos los seres vivos que habitan estos espacios. ^[4]

[1] Padilla y Sotelo, L., & De Sicilia, R. (2022). Reconfiguración territorial de la ciudad de Puerto Vallarta: destino turístico del Pacífico mexicano. En Jorge Isaac Egurrola, Emma Morales García & Abiel Treviño Aldape (coord.), La economía sectorial reconfigurando el territorio y nuevos escenarios en la dinámica urbano rural (pp. 271–291). UNAM. https://bit.ly/3TaqWPP

[2] González, M. (2023, 22 de julio). Ambientalistas piden detener permisos para construcción. Tribuna de la Bahía. https://bit.ly/482A25u

[3] Valenciano, A. (2020, 22 de junio). Limpian Río Pitillal y arrasan con bosque de sauces. Ciudad Olinka.
https://bit.ly/482YW52

[4] La información de este texto fue obtenida en su mayoría de la entrevista a integrantes del Grupo Ecológico de Puerto Vallarta A.C. en marzo de 2023

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https://bit.ly/46Iipql

Mujeres que ponen la vida al centro

Ante las diversas crisis socioambientales las mujeres destacan como líderes en los movimientos por la defensa del territorio. Su gran trabajo en las tareas de cuidado y de tejido comunitario las ubica en los espacios y los entornos adecuados para impulsar esta causa. Defensoras en México y en el mundo observan, cuidan y procuran la supervivencia y la vida misma mediante distintos proyectos, como los que presentamos en este número: huertos y viveros comunitarios, reforestación y restauración de cauces y bosques, defensa de espacios públicos y recreativos, proyectos artísticos, trabajo con infancias y juventudes, farmacias vivientes y el rescate de la medicina tradicional. El trabajo que las mujeres defensoras realizan en el contexto actual nos recuerda la urgencia de transitar hacia relaciones de cuidado, mantenimiento y reproducción de la vida más horizontales, recíprocas y justas.

Daniela Gloss, Rebeca Acevez
y Marinés de la Peña

Académicas del ITESO

Ana Calderón Salazar/ líder de incidencia en Intersecta

Preguntas, retos y posibilidades

Desde temprana edad comprendimos la relevancia del trabajo como una esfera fundamental en la vida, capaz de definir nuestro acceso a elementos de supervivencia básica. A pesar de su importancia carecemos casi por completo de las herramientas necesarias para enfrentar su complejidad, especialmente cuando nos encontramos dentro de un entorno caracterizado por profundas desigualdades, como es el caso de México. Nos ubicamos en una esfera que demanda interacción constante con personas con historias, personalidades, intereses y herramientas distintas a las nuestras, pero, lamentablemente, no contamos con un conocimiento básico de cómo afrontar conflictos y posibles situaciones de discriminación y violencia que puedan surgir en este contexto. Sumado a esto, se observa que la respuesta cultural más legítima al conflicto,[1] o a los comportamientos no aceptables, es el castigo.

Lo anterior se materializa de distintas formas a lo largo de la vida, desde los castigos en instituciones de educación hasta el sistema penal que posiciona a las cárceles como la máxima expresión de justicia sin cuestionar cómo estos mecanismos profundizan las causas de la violencia y la desigualdad. Las personas, sin embargo, no siempre parecen querer el castigo más severo. Según la Encuesta Nacional sobre la Dinámica de las Relaciones en los Hogares 2021, de las mujeres que sí denunciaron violencia, el 69% lo hizo en su propio centro de trabajo o sindicato,[2] por lo que estas rutas fueron más recurrentes que acudir a fiscalías. Si algo nos permiten ver estos datos es que, frente a la violencia laboral, lo que se busca es que las mismas organizaciones laborales resuelvan el problema.

Todas las personas somos capaces de ejercer, recibir o encontrarnos involucradas en situaciones de violencia y discriminación en el mundo del trabajo. Es importante impulsar diálogos desde un enfoque de justicia restaurativa, en el que se aborden los conflictos y la violencia laboral de una manera más integral y equitativa, y con el que se promueva la negociación y reconciliación entre todas las partes. Para lograrlo se requieren transformaciones en los planos institucional y social que generen procesos de justicia que vayan más allá del castigo, y que abran espacios de diálogo para escuchar las necesidades de todos los afectados.

En el ámbito institucional contamos con herramientas fundamentales para entender qué es la violencia, así como diversas estrategias para combatirla. A partir del 6 de julio de 2023 en México entró en vigor el Convenio 190[3] de la Organización Internacional del Trabajo, el cual reconoce el derecho de todas las personas a una vida libre de violencia y acoso en el ámbito laboral. Este documento ofrece una serie de definiciones y recomendaciones innovadoras para que los países puedan armonizar su legislación interna y lograr su cumplimiento. México tiene un camino largo por recorrer para que, en el plano institucional, exista un lenguaje básico e instrumentos prácticos que construyan y fortalezcan procesos de protección laboral más allá del punitivismo.

En el plano social, la violencia y la discriminación no son hechos aislados, son elementos que pueden articular nuestras relaciones. Se requiere, por lo tanto, que desde las etapas más tempranas de formación se generen espacios y estrategias para afrontar estos fenómenos de manera colectiva.[4]

Todas las personas tenemos un papel importante en la transformación del mundo del trabajo. Este proceso debe ir acompañado de muchas preguntas que deberán  ser discutidas en diversos espacios, entre ellas ¿cómo imaginar otras formas de justicia?, ¿cómo dejar de reproducir sistemas de castigo que solo profundizan desigualdades y fragmentan el tejido social? Habrá que crear más puentes de diálogo para encontrar pequeñas certezas y trazar rutas hacia la construcción de un ecosistema donde el mundo del trabajo sea un espacio digno, en el que los procesos de denuncia y conciliación sean cercanos y accesibles, donde existan mejores mecanismos de prevención, inspección y generación de datos, y en el que la justicia no encuentre su lugar únicamente en el castigo.  

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• https://www.intersecta.org/

[1] Santoro, E. (2021, 23 de abril). Por qué el punitivismo no es la respuesta. Página 12. https://bit.ly/3rqJPTd

[2] La violencia en el mundo del trabajo. (2023, 28 de marzo). Intersecta. https://bit.ly/46pzN3H

[3] Gómez, H. (2023, 6 de julio). Ya entró en vigor el Convenio 190 de la OIT, ¿ahora qué sigue? Nexos. https://bit.ly/48qhDjV

[4] Carbonell, A. P., Franco, E., Hermosillo, J. P., & Jiménez, D. (2023). La acción comunitaria desde una cultura de paz. Clavigero, No. 28, pp. 4–5. https://bit.ly/3EOxriN