Cuando la violencia ya ocurrió ¿qué sigue?

Ana Calderón Salazar/ líder de incidencia en Intersecta

Ilustración: Flor Guga

Preguntas, retos y posibilidades

Desde temprana edad comprendimos la relevancia del trabajo como una esfera fundamental en la vida, capaz de definir nuestro acceso a elementos de supervivencia básica. A pesar de su importancia carecemos casi por completo de las herramientas necesarias para enfrentar su complejidad, especialmente cuando nos encontramos dentro de un entorno caracterizado por profundas desigualdades, como es el caso de México. Nos ubicamos en una esfera que demanda interacción constante con personas con historias, personalidades, intereses y herramientas distintas a las nuestras, pero, lamentablemente, no contamos con un conocimiento básico de cómo afrontar conflictos y posibles situaciones de discriminación y violencia que puedan surgir en este contexto. Sumado a esto, se observa que la respuesta cultural más legítima al conflicto,[1] o a los comportamientos no aceptables, es el castigo.

Lo anterior se materializa de distintas formas a lo largo de la vida, desde los castigos en instituciones de educación hasta el sistema penal que posiciona a las cárceles como la máxima expresión de justicia sin cuestionar cómo estos mecanismos profundizan las causas de la violencia y la desigualdad. Las personas, sin embargo, no siempre parecen querer el castigo más severo. Según la Encuesta Nacional sobre la Dinámica de las Relaciones en los Hogares 2021, de las mujeres que sí denunciaron violencia, el 69% lo hizo en su propio centro de trabajo o sindicato,[2] por lo que estas rutas fueron más recurrentes que acudir a fiscalías. Si algo nos permiten ver estos datos es que, frente a la violencia laboral, lo que se busca es que las mismas organizaciones laborales resuelvan el problema.

Todas las personas somos capaces de ejercer, recibir o encontrarnos involucradas en situaciones de violencia y discriminación en el mundo del trabajo. Es importante impulsar diálogos desde un enfoque de justicia restaurativa, en el que se aborden los conflictos y la violencia laboral de una manera más integral y equitativa, y con el que se promueva la negociación y reconciliación entre todas las partes. Para lograrlo se requieren transformaciones en los planos institucional y social que generen procesos de justicia que vayan más allá del castigo, y que abran espacios de diálogo para escuchar las necesidades de todos los afectados.

En el ámbito institucional contamos con herramientas fundamentales para entender qué es la violencia, así como diversas estrategias para combatirla. A partir del 6 de julio de 2023 en México entró en vigor el Convenio 190[3] de la Organización Internacional del Trabajo, el cual reconoce el derecho de todas las personas a una vida libre de violencia y acoso en el ámbito laboral. Este documento ofrece una serie de definiciones y recomendaciones innovadoras para que los países puedan armonizar su legislación interna y lograr su cumplimiento. México tiene un camino largo por recorrer para que, en el plano institucional, exista un lenguaje básico e instrumentos prácticos que construyan y fortalezcan procesos de protección laboral más allá del punitivismo.

En el plano social, la violencia y la discriminación no son hechos aislados, son elementos que pueden articular nuestras relaciones. Se requiere, por lo tanto, que desde las etapas más tempranas de formación se generen espacios y estrategias para afrontar estos fenómenos de manera colectiva.[4]

Todas las personas tenemos un papel importante en la transformación del mundo del trabajo. Este proceso debe ir acompañado de muchas preguntas que deberán  ser discutidas en diversos espacios, entre ellas ¿cómo imaginar otras formas de justicia?, ¿cómo dejar de reproducir sistemas de castigo que solo profundizan desigualdades y fragmentan el tejido social? Habrá que crear más puentes de diálogo para encontrar pequeñas certezas y trazar rutas hacia la construcción de un ecosistema donde el mundo del trabajo sea un espacio digno, en el que los procesos de denuncia y conciliación sean cercanos y accesibles, donde existan mejores mecanismos de prevención, inspección y generación de datos, y en el que la justicia no encuentre su lugar únicamente en el castigo.  

>>Conoce más en:
https://www.intersecta.org/

 

[1] Santoro, E. (2021, 23 de abril). Por qué el punitivismo no es la respuesta. Página 12. https://bit.ly/3rqJPTd

[2] La violencia en el mundo del trabajo. (2023, 28 de marzo). Intersecta. https://bit.ly/46pzN3H

[3] Gómez, H. (2023, 6 de julio). Ya entró en vigor el Convenio 190 de la OIT, ¿ahora qué sigue? Nexos. https://bit.ly/48qhDjV

[4] Carbonell, A. P., Franco, E., Hermosillo, J. P., & Jiménez, D. (2023). La acción comunitaria desde una cultura de paz. Clavigero, No. 28, pp. 4–5. https://bit.ly/3EOxriN