Fabiola Garibaldi / integrante de Ciudadanos por Municipios Transparentes y Ciudadanos por la Integridad Pública

Los congresos son de las instituciones más lejanas a la ciudadanía; poco conocemos sobre su desempeño, procesos y resultados, a pesar de que su labor tiene un gran impacto en nuestra sociedad.

Ante la importante responsabilidad que tienen los congresos tanto en materia legislativa como en la aprobación y ejercicio del presupuesto, además de los nombramientos de cargos públicos, es indispensable que transitemos hacia congresos más transparentes y cercanos.

Producto de un esfuerzo ciudadano nacional, y motivados por el camino que se llevaba en algunos estados, en el colectivo Ciudadanos por Municipios Transparentes (CIMTRA) en 2020 se evaluaron por primera vez los niveles de transparencia proactiva de los 32 congresos locales del país.

La herramienta de evaluación considera ocho bloques temáticos, 45 aspectos y 237 indicadores. Los bloques son: integración y estructura, desempeño legislativo, documentación legislativa, gastos, administración, control interno, vinculación ciudadana y acceso a la información pública.

Mediante esta herramienta se observó que la información se publicara en los portales web oficiales de manera accesible, actualizada y en formato abierto. La calificación obtenida va de 0% a 100%, siendo aprobatoria desde 60% pero considerando que 100% representa el mínimo de información que deberían transparentar.

Entre los principales resultados encontramos que solo aprobaron seis de los 32 congresos del país: Jalisco con 88.2%, Chihuahua obtuvo 83.4%, Campeche 69.4%, Puebla alcanzó 67.9%, Quintana Roo 62.1% y Yucatán apenas aprobó con 60.5%. Los cinco congresos más opacos fueron: Oaxaca, Hidalgo, Ciudad de México, Guerrero y Baja California Sur. El promedio general fue de 40.9%, es decir, los congresos en México están lejos de ser transparentes.

De los ocho bloques evaluados solo se aprobó integración y estructura. De los reprobados, los peores bloques fueron control interno y vinculación ciudadana.

Que no se publique información sobre el control interno refleja desinterés por auditar el cumplimiento de responsabilidades, así como por vigilar los procesos y el ejercicio de los recursos públicos, lo cual puede ser un entorno propicio para la corrupción.

La opacidad en el bloque de vinculación ciudadana deja en evidencia los limitados canales institucionales para impulsar la participación ciudadana en el entorno legislativo.

A partir de la presentación de resultados se generó alta difusión y júbilo por parte de las autoridades que aprobaron la evaluación (reconocidas a su vez por diversos actores e instituciones en sus estados), además de alentar el interés de los congresos con bajo porcentaje a acercarse a CIMTRA para identificar sus áreas de oportunidad y poder mejorar en materia de transparencia.

A pesar de que, en general, el balance de resultados es negativo, los congresos con mejores porcentajes son los que más veces han sido evaluados por la herramienta CIMTRA, de ahí que se considera que la participación ciudadana sí puede incidir en la apertura gubernamental. Si nosotros observamos y visibilizamos las acciones de los congresos, tenemos mayor probabilidad de lograr cambios.

La transparencia puede ser una herramienta para construir mejores gobiernos. Las y los diputados son nuestros representantes, demandemos su compromiso para lograr congresos abiertos.

Conoce más en:
http://www.cimtra.org.mx

Balance del Sistema Nacional Anticorrupción

Rosa María Cruz Lesbros / expresidenta del Comité de Participación Ciudadana del Sistema Nacional Anticorrupción

El Sistema Nacional Anticorrupción (SNA) contempla como columna vertebral al Comité de Participación Ciudadana (CPC) que, en su esencia, es la instancia de vinculación con organizaciones sociales y académicas para promover, orientar e impulsar la exigencia ciudadana de combatir este flagelo que afecta a la población.

Los avances que ha tenido el SNA pueden señalarse en tres grandes apartados:

• Los formatos de declaración patrimonial y de intereses. Hay que recordar que la llamada “Ley 3 de 3” fue la bandera de la iniciativa ciudadana de la creación de un sistema para el combate a la corrupción. La propuesta de los formatos corrió a cargo del CPC y fue aprobada por el Comité Coordinador del SNA. Su entrada en vigor se dictó para el 2020 en el plano federal y para mayo de 2021 en los planos estatal y municipal; es decir son ahora aplicables los mismos formatos en todo el territorio nacional. Los datos contenidos en ellos son públicos (con sus reservas) y los sistemas donde se presenten deberán ser interoperables con la Plataforma Digital Nacional en la que podrá ser consultada la información por cualquier persona interesada.

• La Política Nacional Anticorrupción (PNA). Esta fue aprobada por el Comité Coordinador del SNA desde enero de 2020, resultado del proceso de consulta con expertos, ciudadanía y ocho foros regionales. En ella se proponen 40 prioridades de política pública en cuatro ejes: impunidad, arbitrariedad, interacciones gobierno–sociedad e involucramiento de la sociedad. El SNA tiene un enfoque nacional y por ello es relevante que se dicten Políticas Estatales Anticorrupción (PEA) que estén alineadas a la PNA, pero que a su vez consideren una contextualización local. A mediados de 2021 se ha logrado un avance en la aprobación de 40% de las pea.

• La Plataforma Digital Nacional. Se encuentra en operación con cuatro de las seis Plataformas previstas en el artículo 49 de la Ley General del Sistema Nacional Anticorrupción: 1. Declaraciones, 2. Servidores públicos en contrataciones, 3.  Servidores y particulares sancionados, y 6. Contrataciones. La plataforma 4 de Fiscalización a cargo del Comité Rector del Sistema Nacional de Fiscalización y la plataforma 5 de Denuncias aún están en proceso de desarrollo.

En resumen, si bien los avances expuestos tienen el objetivo de encauzar la labor del SNA, urge el nombramiento de cuatro integrantes del CPC, pues está diseñado para ser un órgano colegiado interdisciplinario en el que la conjunción de saberes de sus cinco integrantes sume y potencialice competencias para interactuar, construir con el apoyo de la academia y la sociedad. Urge asimismo el nombramiento de los magistrados de la Sala Especializada Anticorrupción del Tribunal Federal de Justicia Administrativa.

La bandera tomada por el Ejecutivo federal de lucha contra la corrupción representa una gran oportunidad para el CPC y para el SNA, pues se hace visible un discurso político de combate a la corrupción. Sin embargo, ese mismo discurso presenta un reto para que el Sistema opere como un actor estratégico que acuerpe y acompañe al Ejecutivo federal en este propósito.

José Bautista Farías / académico del Centro Interdisciplinario para la Formación y Vinculación Social (CIFOVIS) del ITESO

En el Plan Nacional de Desarrollo 2019–2024 se plantea “erradicar la corrupción del sector público”[1] como uno de los objetivos centrales del gobierno de la llamada cuarta transformación, conocida como la 4t, con los siguientes compromisos:

• • Asegurar que ningún servidor público pueda beneficiarse del cargo que ostenta.
  • Prohibir las adjudicaciones directas.
  • Tipificar la corrupción como un delito grave.
  • Fomentar la colaboración internacional tendiente a erradicar los paraísos fiscales.
  • Establecer la obligatoriedad de las declaraciones patrimonial, fiscal y de intereses de todos los servidores públicos.
  • Eliminar el fuero de los altos funcionarios.
  • Monitorear en tiempo real el dinero de las adquisiciones.
  • Realizar verificaciones obligatorias de los precios de mercado antes de cualquier adquisición.
  • Proponer al congreso la Ley Federal de Combate al Conflicto de Interés.
  • Poner fin a la indiscriminada contratación de personal de confianza.[2]

A tres años del gobierno del presidente Andrés Manuel López Obrador, de los diez compromisos solo se han cumplido dos (tipificar la corrupción como delito grave y hacer obligatorias las declaraciones de los servidores públicos), la mayoría sigue pendiente y en algunos casos se hace lo opuesto. En especial, me refiero a los temas de las adjudicaciones directas y el conflicto de interés. Veamos:

• • Adjudicaciones directas. De acuerdo con la plataforma CompraNet, en los primeros nueve meses de 2020 la Administración Pública Federal celebró 104,999 contratos por un total de 333,920 millones de pesos (mdp). Del total de contratos, 83,261 mdp (70.3%) han sido entregados por adjudicación directa. En un estudio comparativo de las tres últimas administraciones federales (2006–2020) se observó que la asignación directa se mantiene como el recurso preferido de las autoridades para efectuar las compras y asignar obra pública.[3] El gobierno de López Obrador no es la excepción, no obstante su promesa de prohibirlos.
  • Conflicto de interés. La remodelación del estadio de beisbol en Guacamayas de Palenque por parte de la Secretaría de Desarrollo Agrario, Territorial y Urbano, con un costo de 89 mdp, cuyo fundador y director del equipo es Pío López Obrador, hermano del presidente.[4]

En el análisis del discurso del combate a la corrupción por la 4t Gabriel Rojas concluye que no es muy distinta a la del neoliberalismo, ya que existen similitudes entre ambos en la definición simplista del fenómeno de la corrupción, por ejemplo, la del Banco Mundial en 1997: “el abuso de recursos públicos para el beneficio privado”.[5]

Esta definición reduce la corrupción a un problema de individuos (de manzanas podridas), en la que resulta útil tipificar conductas indeseables en un contexto específico de apertura comercial, desregulación de mercados y globalización. Desde este enfoque el problema es una excesiva intervención del estado, que facilita la discrecionalidad y la opacidad. Estas condiciones no solo están presentes en la 4t sino que se han exacerbado.[6]

El ejemplo del presidente no será suficiente para acabar con la corrupción, máxime si se nulifica desde la 4t al Sistema Nacional Anticorrupción.

[1] Lopez Obrador, Andrés Manuel, Plan Nacional de Desarrollo 2019–2024, 30 de abril de 2019, p.14. Disponible en https://cutt.ly/PND_2019-2024

[2] Ibidem, pp. 14–15.

[3] Véase Núñez, Leonardo, “El mes con más recursos de contrataciones directas y en camino a un nuevo récord”, en Mexicanos Contra la Corrupción y la Impunidad, 15 de octubre de 2020. Disponible en https://cutt.ly/mes_con_mas_recursos

[4] Olmos, Raúl, “Remodelará Gobierno de AMLO estadio para equipo de beisbol presidido por Pío López Obrador”, en Mexicanos Contra la Corrupción y la Impunidad, 11 de enero de 2021. Disponible en https://cutt.ly/remodelara_
gobierno_de_AMLO

[5] Rojas, Gabriel, “Análisis discursivo del combate a la corrupción: la 4T no es muy distinta a la del neoliberalismo”, Nexos, 29 de octubre de 2020. Disponible en https://cutt.ly/analisis_discursivo

[6] Ibidem.

Paola Palacios / coordinadora de Asuntos Internacionales en Transparencia Mexicana, Capítulo en México de Transparencia Internacional

La corrupción es un fenómeno complejo que se presenta en todos los países del mundo, sin excepción. En este sentido, desde hace casi tres décadas, se han desarrollado diferentes instrumentos que buscan medir la corrupción con miras a tener un panorama de cómo están los países al interior, y poder hacer comparaciones entre ellos bajo un mismo estándar.

Existen varias formas de medir la corrupción. Por un lado, están las que miden percepción, a partir de las opiniones de ciudadanas y ciudadanos, expertos en la materia o de instituciones globales que evalúan la corrupción. También están las que miden la victimización, es decir, las que buscan comparar la frecuencia con la que las personas han sido víctimas de actos de corrupción en determinado país o localidad. Una última se construye a partir de registros administrativos, por ejemplo, las denuncias.

Uno de los instrumentos internacionales más acreditados en la medición de la corrupción en el plano mundial ha sido el índice de percepción de la corrupción (IPC) de Transparencia Internacional. El IPC es un índice compuesto que otorga una puntuación y clasifica a los países de acuerdo con las percepciones que tienen analistas, mujeres y hombres de negocios y empresas globales sobre el grado de corrupción que existe en el sector público de cada país evaluado.

Algunos de los comportamientos que mide el IPC son: el soborno, la captura del estado por parte de intereses particulares, el desvío de recursos públicos, el nepotismo, las trabas administrativas y requisitos excesivos que permiten oportunidades de corrupción, protección legal de denunciantes, periodistas e investigadores cuando denuncian casos de corrupción, acceso de la sociedad civil a información de asuntos públicos y posibilidad de que los gobiernos contengan la corrupción mediante el hacer cumplir mecanismos de integridad eficaces.

El IPC ha medido la corrupción en México desde su creación en 1995, no obstante, desde 2012 es posible comparar las puntuaciones en el tiempo. Los datos del IPC son estandarizados en una escala de 0–100, en donde 0 es igual al nivel más alto de corrupción percibida y 100 al más bajo. A partir del valor del Índice se establece la posición de cada país.

En el último IPC publicado por Transparencia Internacional y Transparencia Mexicana en su edición 2020, México se ubicó en el lugar 124 de 180 países evaluados con una puntuación de 31 de 100 puntos posibles. Con esta puntuación y posición México se ubica junto a naciones como Bolivia, Kenia, Kirguistán y Pakistán.

La calificación de México lo coloca en el último lugar entre los miembros de la Organización para la Cooperación y el Desarrollo Económicos (OCDE), grupo de países que engloba 80% del comercio y las inversiones mundiales. México está por debajo de otros miembros que provienen de América Latina. Para alcanzar a Chile (67 puntos) debería elevar su calificación 36 puntos en el índice. Para alcanzar a Colombia (39 puntos) debería mejorar 8 puntos. Respecto a 2019, México sigue por debajo de países como Grecia (50 puntos), Hungría (44 puntos) y Turquía (40 puntos).

Sin duda las mediciones internacionales sobre percepción de la corrupción son herramientas útiles para comprender en dónde se ubican los países con respecto a otros e identificar que la corrupción no es un fenómeno cultural, es una epidemia ya que existe en todas las partes del mundo y que no está en el ADN de ningún país, incluyendo México.

1. Bohórquez, Eduardo y Lucía Petersen, “De la necesidad de medir corrupción e impunidad a la ampliación de la capacidad gubernamental y social para controlarla”, en Pluralidad y Consenso, vol.9, núm.41, Instituto Belisario Domínguez, 2019. Disponible en https://cutt.ly/de_la_necesidad
2. Transparencia Mexicana, “Mejora percepción de corrupción en México 2020; riesgo de impunidad, latente: Transparencia Mexicana”, 2021. Disponible en https://www.tm.org.mx/ipc2020/

La corrupción es un fenómeno que lacera a la sociedad y que debilita a las instituciones. Sus expresiones y ramificaciones son múltiples; se encuentra arraigada en muchas prácticas que, desafortunadamente, han sido normalizadas. Al ser un problema de escala global, México no ha quedado exento de atender este problema público y de buscar soluciones a este mal que cimbra los cimientos de la democracia.

Por lo tanto, lo que se desea plantear en este número de Clavigero son los avances, pero también los posibles retrocesos en la conformación de una real agenda de combate a la corrupción y, en ese sentido, cuáles han sido las diferentes participaciones tanto de organismos gubernamentales como de asociaciones civiles. Esto dejará un campo abierto para señalar obstáculos que se han enfrentado, que se enfrentarán en el futuro, pero también las ventanas de oportunidad y vías alternas de solución.

José Bautista Farías y
Jorge Federico Eufracio Jaramillo

Centro Interdisciplinario para la Formación y la Vinculación Social, ITESO