Actualmente enfrentamos una pandemia que impacta a la humanidad en una de sus necesidades más vitales: la de habitar. Así como covid-19 afecta más a organismos vulnerables o con preexistencia de enfermedades, los efectos negativos de la pandemia son más devastadores en los habitantes de asentamientos humanos que sufren de marginación y vulnerabilidad preexistente.
Debido a la dimensión del problema, para reducir la posibilidad de contagio los gobiernos han instaurado medidas restrictivas a las actividades humanas, promoviendo medidas de higiene como la permanencia en casa y la “sana distancia”. Pero un gran porcentaje de la población no puede adoptar estas medidas por subsistir de actividades productivas informales o empleos precarios, por haber perdido su empleo o sufrido una reducción en su salario, por carecer de algún servicio básico en su vivienda o vivir en situación de calle.
Según el cuestionario realizado por la Coalición Internacional para el Hábitat (HIC), tan solo en la Ciudad de México 10% de los 630 mil arrendatarios han sufrido desalojos, mientras que en todo el país 61% de las personas han tenido problemas para pagar la renta, por lo que 2.3 millones de familias enfrentarían algún riesgo de desalojo.[1]
Ante la problemática, el 21 de marzo de 2020 organizaciones, académicos y activistas emitieron un comunicado para exigir medidas urgentes para afrontar la pandemia de covid–19 desde una perspectiva del derecho a la vivienda adecuada
[…] urgiendo a las autoridades federales, de las entidades federativas y municipales a adoptar medidas para impedir que la crisis de salud de pie a una crisis en materia del derecho a la vivienda y servicios para la vivienda, así como para evitar graves daños a la vida e integridad de los sectores históricamente excluidos.[2]
En ese comunicado se invitó a decretar una suspensión en el pago de las rentas, préstamos o créditos hipotecarios de inmuebles para uso habitacional y a suspender desalojos en todo el territorio nacional, así como a otorgar con urgencia alternativas de vivienda para quien no tuviera dónde resguardarse, y también a evitar cortes de servicios domésticos de agua potable y saneamiento.[3]
La vivienda es un derecho humano fundamental.[4] Sin una vivienda adecuada es imposible llevar a cabo el distanciamiento social y las buenas prácticas de higiene, y se incrementa el riesgo de contraer covid-19.
Queda por ver si los gobiernos garantizarán el derecho a una vivienda adecuada o seguirán apuntalando un sistema socioeconómico en el cual es vista solo como una mercancía. Es evidente que se requieren políticas públicas que transformen la grave problemática en una oportunidad para realizar acciones contundentes, que brinden a todas las personas un espacio para habitar, un lugar para resguardarse y sobrevivir a esta pandemia.
[1] HIC-AL. Resultados del sondeo sobre condiciones de vivienda y acceso al agua en la CDMX y su zona metropolitana, 2020. Disponible en: https://cutt.ly/hic-al, consultado el 26 de marzo de 2021.
[2] IC-AL. «Urgen medidas para afrontar la pandemia del Coronavirus desde una perspectiva del Derecho a la Vivienda Adecuada», 21 de marzo de 2020. Disponible en: https://hic-al.org/2020/03/21/urgen-medidas-para-covid19/, consultado el 26 de marzo de 2021.
[3] Ibidem.
[4] Naciones Unidas Derechos Humanos y ONU Hábitat. El derecho a una vivienda adecuada, 2010. Disponible en: https://cutt.ly/vivienda_adecuada, consultado el 26 de marzo de 2021.