En diciembre de 2019 en Wuhan, China, surgió una neumonía vírica, que luego sería diagnosticada como un nuevo coronavirus. Esta enfermedad ha llevado al mundo entero a enfrentar la mayor amenaza a la salud sanitaria global. Después de casi un año de vivir en esta nueva normalidad el impacto en el terreno del trabajo ha sido catastrófico. La pandemia mostró el lado oscuro al dejar en evidencia la enorme precariedad de condiciones laborales, sobre todo del sector informal.[1]
Previo a covid-19, solo 57 por ciento de las personas en edad productiva tenía empleo y, de esta cantidad, 33 por ciento se desempeñaba en una economía informal, esto es, no gozaban de derechos laborales y no tenían protección social antes de la pandemia. Ahora, se estima que en el primer mes de la crisis los ingresos de los trabajadores de la economía informal disminuyeron en 60 por ciento a escala mundial, dejando al descubierto la situación de desigualdad preexistente.[2]
La pérdida de trabajo afecta al sector informal y también tiene una repercusión en las familias, en la sociedad y en la economía entera, cuando analizamos este suceso a grande escala. Ante este panorama viene una realidad a corto plazo que quizá sea peor, pues las personas del sector informal tratarán de solventar su gasto a través de la búsqueda de empleo. Sin embargo, el sector formal también se ha visto afectado por la pandemia, con lo cual las posibilidades de enfrentar la crisis se vuelven prácticamente nulas.
Este escenario nos llevará a la disminución de la demanda de bienes y servicios, detonando la disminución del flujo de capital que a su vez propiciará la pérdida de más empleos, lo que aumentaría la pobreza y la desigualdad. Muestra de ello son las estimaciones del Banco Mundial, en donde se prevé que el número de personas que viven en la pobreza podría aumentar entre 70 millones y 100 millones con respecto a la cifra de 2019.[3]
En suma, el escenario no se presenta favorecedor. Ante ello la respuesta estatal tendría que ir encaminada a un escenario auténtico de universalidad de derechos, en el que las prestaciones sociales, el sistema de pensiones y el respeto de los derechos laborales sean una realidad para todos, y no sólo para unos cuantos privilegiados.
[1] Comité de Derechos Económicos, Sociales y Culturales. “Declaración sobre la pandemia de enfermedad por coronavirus (covid-19) y los derechos económicos, sociales y culturales”, E/C.12/2020/1, 17 de abril de 2020. Disponible en: https://undocs.org/es/E/C.12/2020/1
[2] Organización de las Naciones Unidas, onu. “La protección de los derechos humanos durante la crisis del covid-19”, s.f. Disponible en: https://cutt.ly/ONU_proteger
[3] Organización de las Naciones Unidas, onu. “Documento de políticas: El mundo del trabajo y la covid-19”, junio de 2020. Disponible en: https://cutt.ly/ONU_mundo