En México, durante décadas, los gobernantes no informaron adecuada y oportunamente a los ciudadanos sobre las acciones y decisiones que tomaban, ni sobre el manejo de los recursos públicos. A principios del año 2000, las cosas comenzaron a cambiar: se crearon leyes a nivel federal y estatal, así como nuevos organismos para “hacer valer”, proteger y difundir el derecho de las personas a la información.
Hoy, cualquier persona puede solicitar información sobre cuestiones de interés público (obras, programas, presupuestos, nóminas, actividades, etcétera) que competen a las autoridades de cualquier nivel de gobierno; es un derecho obtenerla en un plazo relativamente corto pues la ley los obliga. A esto se le conoce como “derecho a la información”.
Las personas, en su vida cotidiana, necesitan información para tomar decisiones sobre lo que les interesa. Por ejemplo, las señoras que van al mercado a comprar frutas y verduras necesitan saber cuánto cuestan esos productos para decidir adquirirlos de acuerdo con su presupuesto. La información es necesaria porque permite conocer lo que ocurre, saber acerca de economía, política y también sobre decisiones que toman las autoridades, por ejemplo, el aumento de precio de las gasolinas, pues esto influye en nuestras vidas.
Lo importante es saber que la información es de todos. Las autoridades la generan y resguardan pero es nuestro derecho obtenerla debido a que el gobierno se sostiene y funciona con los recursos que todos aportamos a través de los impuestos. También es nuestro derecho preguntar sobre todo aquello que queremos conocer, siempre y cuando no afecte la seguridad del país y de las personas; es decir, hay limitaciones de este derecho que están claramente delimitadas y justificadas en la propia ley. A esto se le conoce como información reservada (relacionada con la seguridad nacional, entre otros) e información confidencial (relativa a datos sensibles de las personas).
El derecho a la información, además, implica que podamos compartirla a quienes nos rodean, así como recibirla tanto de las autoridades como de los medios de comunicación como lo son la radio, la televisión, los periódicos y las redes sociales.
Conocer y ejercer este derecho tiene múltiples ventajas: nos orienta en la toma de decisiones, nos posibilita participar de manera informada en los asuntos de interés público para influir en ellos, nos permite “llamar a cuentas” a las autoridades para evitar o, en su caso, sancionar los abusos de poder.
José Bautista y Graciela Bernal / Académicos del Centro de Investigación y Formación Social y del Depto. de Estudios Socioculturales del ITESO