Belén García Estrada / Licenciada en Ciencias de la Educación, asistente de integración para personas sujetas a protección internacional

La lucha en contra de la corrupción ha tomado forma y fuerza en los últimos años; a escala global vemos cómo cada vez son más los grupos organizados en todos los sectores de la sociedad que suman esfuerzos para entender, combatir y prevenir la corrupción. Este esfuerzo no solo ha sido por parte de la sociedad civil sino, como menciona Gerardo Berthin Siles,[1] el uso de mecanismos de transparencia y rendición de cuentas se ha convertido en una herramienta de legitimación para los gobiernos.

A partir de la segunda década del siglo XXI se identificó una creciente visibilización del problema que la corrupción significa para todas las personas, desde los millonarios desvíos de recursos hasta la corrupción cotidiana en la que se ve involucrada toda la ciudadanía.

A partir de una breve investigación se rescató que en América existen por lo menos 20 organizaciones (sistemas) que suman esfuerzos en la lucha anticorrupción. De estas, aproximadamente 40% son de carácter gubernamental, el resto son iniciativas del sector privado u organizaciones colectivas de la sociedad civil.

A pesar de desarrollarse en contextos socioculturales variados, sus esfuerzos se enfocan en distintos niveles —local, estatal, nacional e internacional—, y encontramos que estas apuntan sus acciones hacia la investigación, la comunicación y la vinculación social en temas de corrupción; además del diseño, la instrumentación y la evaluación de mecanismos de combate a esta, el impulso de la transparencia y la rendición de cuentas. Todo esto con el fundamental uso de las tecnologías de la información y la comunicación y el impulso del involucramiento de la ciudadanía.

En cuanto a la estructura organizacional de estos sistemas encontramos que destaca la inclusión de unidades investigativas de casos de corrupción, observatorios para el análisis de la política anticorrupción, órganos o consejos ciudadanos, investigadores e instituciones académicas.

Todos los anteriores se encargan de investigar, sancionar y monitorear actos de corrupción, mapear redes criminales y su desmantelamiento, generar recursos informativos para la sociedad civil y socializar los avances y compromisos, generar recomendaciones (para la prevención, detección y sanción) para los gobernantes e instituciones que pueden ser sujetos de actos corruptos, desarrollar iniciativas de políticas públicas para el combate a la corrupción, entre otros.

Para tener mayor impacto en la agenda pública estas organizaciones reconocen que es fundamental el trabajo interinstitucional, generalmente con instituciones especializadas en temas de participación ciudadana, gobierno abierto y defensa de los derechos humanos, entre otros. Más allá de un frente único, la lucha contra la corrupción debe darse mediante alianzas, pues la comprensión del problema como colectivo es lo que la fortalece.

Finalmente, es importante mantenernos críticos ante los esfuerzos globales en la lucha anticorrupción, pues a pesar de que cada vez son más, son pocos los resultados tangibles y la percepción sobre el grado de corrupción no va a la baja. Esto no quiere decir que los esfuerzos no sean válidos o que la lucha no sea legítima, sino que aún hay un gran camino por recorrer.

[1] Berthin Siles, Gerardo, “Fortalecimiento de la capacidad de formular e implementar políticas de transparencia y anticorrupción en América Latina”, en Revista del CLAD. Reforma y Democracia, Caracas, 2008.

Andrés Barrios Arenas / Colectivo Tómala y Observatorio Permanente del Sistema Estatal Anticorrupción www.andresbarrios.info

Contamos con diagnósticos de sobra sobre la crisis de corrupción e impunidad con la que vivimos en México, y se han realizado distintas apuestas para abordar la problemática diseñando instituciones, sistemas y observatorios, sin que esto signifique un cambio radical de cómo las ciudadanías se vean beneficiadas de todos los recursos invertidos en esos esfuerzos.

De acuerdo con la última medición de pobreza de Consejo Nacional de Evaluación de la Política de Desarrollo Social, tan solo dos de cada diez mexicanos no sufren de carencias ni vulnerabilidades.[1] Sin embargo, vemos que se recrudeció esta realidad a causa de las distintas crisis derivadas de la pandemia de covid–19, en que se estima que casi 10 millones de mexicanos pasaron a tener ingresos inferiores a la línea de pobreza por ingresos,[2] lo que significa que seis de cada 10 mexicanos no pueden surtir su canasta básica y tendrán que decidir entre si acceden a algún derecho como salud, vivienda, higiene, educación, movilidad, o si comen.

Desde la década de los ochenta hemos visto una transformación del estado mexicano, el cual ha reducido drásticamente sus capacidades para poder garantizar el acceso universal a los derechos humanos, y justo con la pandemia nos mostró la cruda realidad de un sistema de salud totalmente insuficiente y sin capacidades para atender a una población cada vez más desvalida. De manera simultánea vemos cómo el hombre más rico de México, Carlos Slim, cuando enfermó de covid se atendió en un hospital público.

¿El problema realmente es la corrupción? México, a pesar de ubicarse en términos de producción de riqueza como la décimotercera economía mundial, es el país con menor porcentaje de recaudación de esa riqueza de toda la Organización para la Cooperación y el Desarrollo Económicos, es decir, el estado mexicano cuenta con muy pocos recursos para poder garantizarnos un acceso igualitario y universal a los derechos. Como país, recaudamos proporcionalmente menos de la mitad de naciones como Noruega, Francia o Dinamarca, los que usualmente utilizamos como referencia en cuanto acceso a derechos.

Es cierto que los altos niveles de corrupción en México merman las pocas capacidades del estado. Es tiempo de que hablemos no solo de cómo acabar la corrupción sino de cómo aumentar los recursos disponibles del estado, de manera que se pueda tener una capacidad real para enfrentar la pobreza y reducir drásticamente las desigualdades.

Una de las grandes apuestas para solucionar los problemas de la corrupción es la participación de la ciudadanía en los asuntos públicos, de manera que pueda convertirse en un ente activo que vigila el correcto uso y la planeación de los recursos públicos. Ahora bien, en México la población que podría tener el privilegio de un exceso de tiempo para poder pensar en resolver lo público antes que lo privado es un círculo muy reducido.

El llamado es claro: es necesario resolver las desigualdades, dar dignidad y agencia a las ciudadanías, si no la lucha contra la corrupción seguirá siendo un espacio de privilegio para pocos y una lucha de supervivencia para muchos.

[1] Consejo Nacional de Evaluación de la Política de Desarrollo Social, CONEVAL, Medición de la Pobreza 2008-2018, 2018. Disponible en https://www.coneval.org.mx/Medicion/MP/Paginas/Pobreza-2018.aspx

[2] Consejo Nacional de Evaluación de la Política de Desarrollo Social, CONEVAL, Informe de Evaluación de la Política de Desarrollo Social (IEPDS) 2020, 2021. Disponible en https://www.coneval.org.mx/Evaluacion/IEPSM/IEPSM/Paginas/IEPDS-2020.aspx

David Velasco Yáñez, S.J. / Académico de la Universidad Iberoamericana Ciudad de México

El mayor impacto de la corrupción en los derechos humanos, sistémico y estructural, ocurre en los tratados comerciales. En todo el mundo se impone el derecho mercantil de las grandes corporaciones multinacionales que controlan la economía mundial sobre el derecho internacional de los derechos humanos. El neoliberalismo solo reconoce el derecho y la libertad para invertir y la libertad del mercado.

El segundo corresponde a la colusión entre el crimen organizado y las fuerzas de seguridad, desde las policías municipales hasta altos mandos del ejército y la marina. No hay fronteras claras entre uno y otras. Las más graves violaciones a los derechos humanos, como las desapariciones forzadas, los feminicidios, las ejecuciones extrajudiciales o la tortura, son cometidas por agentes del crimen organizado–estado y la delincuencia.

El tercero, también de manera sistémica y estructural, es el bajo presupuesto para garantizar los derechos económicos, sociales, culturales y ambientales. No es casualidad que dos de cada tres empleos ocurran en la economía informal. Aquí entran los innumerables desvíos de recursos públicos para intereses personales o de grupo.

El cuarto, y sin la intención de agotar todos los casos, radica en el progresivo debilitamiento del estado garantista de los derechos humanos, ya sea por falta de recursos humanos y financieros o, simple y sencillamente, por la falta del personal capacitado para el pleno ejercicio de los derechos humanos.

La corrupción, en sí misma, es una grave violación a los derechos humanos.

Los listados se han vuelto una forma común de hacer notas periodísticas, ante la enorme cantidad de información se agradecen los digestos. Este listado no busca destacar ni ponderar sino abrir las posibilidades de pensar las distintas formas en que se analizan mutuamente dos, ya de por sí amplios términos: la ciencia y la corrupción, con algunos casos ilustrativos.

Corrupción y naturaleza humana. La pregunta sobre si la corrupción es una característica de la condición humana o es algo socialmente construido ha sido larga y diversamente discutida. Las neurociencias forman parte de esta diversidad. ¿Qué pasa en nuestro cerebro cuando realizamos un acto corrupto? Un equipo de investigadores del University College de Londres hizo una investigación a partir de combinar una serie de experimentos y evidencias con escaneos de resonancia magnética funcional, y confirmó que la deshonestidad desde el punto de vista del cerebro humano se incrementa con la repetición funcionando en escalada.[1] Sus resultados revelaron un mecanismo neurológico que se va desarrollando y en donde el miedo desempeña un papel fundamental: a mayor repetición menor es el miedo, y a menor supervisión también es menor el miedo. Desde este punto de vista habría que repensar el dicho “qué tanto es tantito”.

Corrupción en los sistemas de producción. Muchos textos que hablan sobre la forma en que se hace ciencia en la actualidad destacan mecanismos de autocontrol que permiten que los resultados sean confiables. Entre ellos la revisión entre pares, el trabajo basado en evidencia, la referencia a otros estudios, la búsqueda de generar conocimiento sobre la realidad y no buscar que la realidad se adapte al conocimiento, un alto nivel de entrenamiento, entre otros. Pero el sistema no es infalible y a lo largo de la historia de la ciencia ha habido grandes fraudes. Como en otras esferas, incrementar la trayectoria profesional y los ingresos produce tensiones éticas. Dos ejemplos. En enero de 2020 dio la vuelta al mundo la noticia del juicio en contra de un investigador de la Universidad de Harvard[2] que estaba siendo financiado tanto en su país como en la Universidad de Wuhan en China, ocultando esto último al gobierno estadounidense y recibiendo de forma oculta grandes cantidades de dinero y la sospecha de espionaje. Otro más, el de un investigador japonés, médico anestesista, cuya altísima producción académica fue investigada, resultando que de 212 estudios publicados únicamente tres de ellos estaban libres de duda de usar datos falsificados.[3] Una enorme vergüenza para las casas editoras de las publicaciones. Habría que reflexionar sobre la famosa consigna entre los científicos: “publicar o morir”.

La corrupción como objeto de estudio. Difícilmente podemos pensar en una disciplina científica o tecnológica en la que no se haya abordado el asunto de la corrupción. Además, la potencia de la interdisciplina ha generado posibilidades como la ciencia de datos, en la que ciencias de la computación y ciencias sociales se reúnen para producir y sistematizar una enorme cantidad de información. Un ejemplo es la que usa la Transparency International Global Health (http://ti-health.org/), una organización no gubernamental cuyo objetivo es la mejora en el sistema de salud a partir de la detección de prácticas de corrupción, que a decir de ellos cobra alrededor de 140,000 muertes infantiles por año en el mundo.

Usar la información científica para legitimar actos corruptos. La información científica nunca es neutra, siempre es interpretada y por lo mismo puede ser descontextualizada, distorsionada y utilizada para fines no siempre legítimos, de ahí la existencia de las controversias científicas. Un famoso libro, Los mercaderes de la duda, relata cómo un grupo de científicos altamente conectados con la política y la industria realizaron durante varios decenios campañas para sembrar la duda sobre vínculos comprobados como “el hábito de fumar con el cáncer de pulmón, el humo de carbón con la lluvia ácida, y los gases clorofluorocarbonos (CFC) con el agujero de la capa de ozono”, dice su solapa.[4]

Conoce más en:
https://cultura.iteso.mx/web/promocion-cultural/cafe_scientifique

[1] Garrett, Neil et al., “The brain adapts to dishonesty”, en Nat Neurosci, núm.19, pp. 1727–1732, 2016. Disponible en https://doi.org/10.1038/nn.4426

[2] “Harvard Chemistry Chairman Charged on Alleged Undisclosed Ties to China”, en The Wall Street Journal, 29 de junio de 2020. Disponible en https://cutt.ly/harvards_chemistry

[3] Cyranoski, D. Retraction record rocks community, en Nature, núm.489, pp. 346–347, 2012. Disponible en
https://doi.org/10.1038/489346a

[4] Conway, Erik M. y Naomi Oreskes. Mercaderes de la duda. Cómo un puñado de científicos ocultaron la verdad sobre el calentamiento global, Capitán Swing, Madrid, 2010.

Ester Soto González / encargada de vinculación en Jalisco Cómo Vamos

Jalisco Cómo Vamos (JCV) es un observatorio ciudadano de calidad de vida, que nació en 2010. Su principal objetivo es generar información utilizable; desde su fundación su principal instrumento ha sido la Encuesta de Percepción Ciudadana sobre Calidad de Vida en el Área Metropolitana de Guadalajara, la cual reúne datos objetivos y subjetivos del bienestar de la ciudadanía. A partir de 2015 amplió su capacidad de creación de contenidos e incidencia con el involucramiento en diversos programas y proyectos sobre rendición de cuentas y gobernanza.

En junio de 2020, en asociación con la Iniciativa Mérida de la Embajada de Estados Unidos en México, JCV realizó el Diagnóstico sobre Corrupción en Jalisco 2020, que aborda un acercamiento al Área Metropolitana de Guadalajara (AMG). Uno de los insumos para el estudio fue la Encuesta de Percepción sobre Corrupción y Procesos de Denuncia en el Área Metropolitana de Guadalajara.[1]

En esta ocasión revisaremos algunos datos relevantes de este insumo (otro fue un cuestionario que se hizo a 34 funcionarios de las instancias que conforman el Sistema Anticorrupción del estado). Una de las preguntas de la encuesta fue “En su opinión, ¿México es un país muy corrupto, algo corrupto, poco corrupto o nada corrupto?” A la que seis de cada diez respondieron “Muy corrupto”. En seguida se les preguntó más específicamente sobre los “Habitantes de la ciudad”, entonces las respuestas “muy corrupto” se reducen a tres de cada diez, para luego cuestionarles sobre ellos mismos y la corrupción: “Usted en lo personal”, solo 5% se reconoció como “muy corrupto”; claro, declarar que uno mismo es corrupto a otra persona es difícil, por lo que es preocupante que cinco de cada 100 lo acepte. Esto se relaciona con las respuestas a “¿Quién o quiénes piensa usted que son los principales responsables de la corrupción?” En la primera mención aludieron a los “Gobernantes” seis de cada diez, y tan solo dos de cada diez señalaron a los “Ciudadanos”. Los factores que en mayor proporción apuntan como determinantes para la corrupción, son “Dinero / Ambición por dinero / Ambición de poder”, 27.2%.

En cuanto a si consideran que la corrupción es un problema que tiene solución, es esperanzador que seis de cada diez afirmen que “Sí, en el largo plazo”, pareciera que comprenden que no es un problema de rápida solución.

Sin embargo, para inhibir la corrupción es fundamental que se castiguen esos hechos relacionados, que las personas denuncien y que exista un estado de derecho en el que se garantice la justicia y no exista impunidad, y para llegar a esto es menester comenzar con el conocimiento del Sistema Anticorrupción.

Pero el avance más importante contra la corrupción se dará, sostenemos, con las denuncias que las personas realicen al ser víctimas o testigos de tales actos. En la encuesta se preguntó: “¿Sabe usted dónde se denuncia un hecho de corrupción?”, a la que seis de cada diez respondieron “No”, lo que es lamentable, puesto que la denuncia no solo sirve para buscar solucionar cada caso sino para investigar los patrones delictivos de la corrupción y así diseñar estrategias de prevención. No podemos obviar que también tiene que ver con la cultura de integridad y ética que se relaciona con la formación de las personas, formación que como ciudadanos debemos tener a partir de la niñez, y que no únicamente se da a través de las escuelas y las instituciones gubernamentales, sino también en los hogares, con los ejemplos cotidianos.

[1] El estudio completo está disponible en https://drive.google.com/file/d/1lHkf3E0LiEcsi_XRsRe2xSwz_jUBP1hf/view

Fabiola Garibaldi / integrante de Ciudadanos por Municipios Transparentes y Ciudadanos por la Integridad Pública

Los congresos son de las instituciones más lejanas a la ciudadanía; poco conocemos sobre su desempeño, procesos y resultados, a pesar de que su labor tiene un gran impacto en nuestra sociedad.

Ante la importante responsabilidad que tienen los congresos tanto en materia legislativa como en la aprobación y ejercicio del presupuesto, además de los nombramientos de cargos públicos, es indispensable que transitemos hacia congresos más transparentes y cercanos.

Producto de un esfuerzo ciudadano nacional, y motivados por el camino que se llevaba en algunos estados, en el colectivo Ciudadanos por Municipios Transparentes (CIMTRA) en 2020 se evaluaron por primera vez los niveles de transparencia proactiva de los 32 congresos locales del país.

La herramienta de evaluación considera ocho bloques temáticos, 45 aspectos y 237 indicadores. Los bloques son: integración y estructura, desempeño legislativo, documentación legislativa, gastos, administración, control interno, vinculación ciudadana y acceso a la información pública.

Mediante esta herramienta se observó que la información se publicara en los portales web oficiales de manera accesible, actualizada y en formato abierto. La calificación obtenida va de 0% a 100%, siendo aprobatoria desde 60% pero considerando que 100% representa el mínimo de información que deberían transparentar.

Entre los principales resultados encontramos que solo aprobaron seis de los 32 congresos del país: Jalisco con 88.2%, Chihuahua obtuvo 83.4%, Campeche 69.4%, Puebla alcanzó 67.9%, Quintana Roo 62.1% y Yucatán apenas aprobó con 60.5%. Los cinco congresos más opacos fueron: Oaxaca, Hidalgo, Ciudad de México, Guerrero y Baja California Sur. El promedio general fue de 40.9%, es decir, los congresos en México están lejos de ser transparentes.

De los ocho bloques evaluados solo se aprobó integración y estructura. De los reprobados, los peores bloques fueron control interno y vinculación ciudadana.

Que no se publique información sobre el control interno refleja desinterés por auditar el cumplimiento de responsabilidades, así como por vigilar los procesos y el ejercicio de los recursos públicos, lo cual puede ser un entorno propicio para la corrupción.

La opacidad en el bloque de vinculación ciudadana deja en evidencia los limitados canales institucionales para impulsar la participación ciudadana en el entorno legislativo.

A partir de la presentación de resultados se generó alta difusión y júbilo por parte de las autoridades que aprobaron la evaluación (reconocidas a su vez por diversos actores e instituciones en sus estados), además de alentar el interés de los congresos con bajo porcentaje a acercarse a CIMTRA para identificar sus áreas de oportunidad y poder mejorar en materia de transparencia.

A pesar de que, en general, el balance de resultados es negativo, los congresos con mejores porcentajes son los que más veces han sido evaluados por la herramienta CIMTRA, de ahí que se considera que la participación ciudadana sí puede incidir en la apertura gubernamental. Si nosotros observamos y visibilizamos las acciones de los congresos, tenemos mayor probabilidad de lograr cambios.

La transparencia puede ser una herramienta para construir mejores gobiernos. Las y los diputados son nuestros representantes, demandemos su compromiso para lograr congresos abiertos.

Conoce más en:
http://www.cimtra.org.mx

Balance del Sistema Nacional Anticorrupción

Rosa María Cruz Lesbros / expresidenta del Comité de Participación Ciudadana del Sistema Nacional Anticorrupción

El Sistema Nacional Anticorrupción (SNA) contempla como columna vertebral al Comité de Participación Ciudadana (CPC) que, en su esencia, es la instancia de vinculación con organizaciones sociales y académicas para promover, orientar e impulsar la exigencia ciudadana de combatir este flagelo que afecta a la población.

Los avances que ha tenido el SNA pueden señalarse en tres grandes apartados:

• Los formatos de declaración patrimonial y de intereses. Hay que recordar que la llamada “Ley 3 de 3” fue la bandera de la iniciativa ciudadana de la creación de un sistema para el combate a la corrupción. La propuesta de los formatos corrió a cargo del CPC y fue aprobada por el Comité Coordinador del SNA. Su entrada en vigor se dictó para el 2020 en el plano federal y para mayo de 2021 en los planos estatal y municipal; es decir son ahora aplicables los mismos formatos en todo el territorio nacional. Los datos contenidos en ellos son públicos (con sus reservas) y los sistemas donde se presenten deberán ser interoperables con la Plataforma Digital Nacional en la que podrá ser consultada la información por cualquier persona interesada.

• La Política Nacional Anticorrupción (PNA). Esta fue aprobada por el Comité Coordinador del SNA desde enero de 2020, resultado del proceso de consulta con expertos, ciudadanía y ocho foros regionales. En ella se proponen 40 prioridades de política pública en cuatro ejes: impunidad, arbitrariedad, interacciones gobierno–sociedad e involucramiento de la sociedad. El SNA tiene un enfoque nacional y por ello es relevante que se dicten Políticas Estatales Anticorrupción (PEA) que estén alineadas a la PNA, pero que a su vez consideren una contextualización local. A mediados de 2021 se ha logrado un avance en la aprobación de 40% de las pea.

• La Plataforma Digital Nacional. Se encuentra en operación con cuatro de las seis Plataformas previstas en el artículo 49 de la Ley General del Sistema Nacional Anticorrupción: 1. Declaraciones, 2. Servidores públicos en contrataciones, 3.  Servidores y particulares sancionados, y 6. Contrataciones. La plataforma 4 de Fiscalización a cargo del Comité Rector del Sistema Nacional de Fiscalización y la plataforma 5 de Denuncias aún están en proceso de desarrollo.

En resumen, si bien los avances expuestos tienen el objetivo de encauzar la labor del SNA, urge el nombramiento de cuatro integrantes del CPC, pues está diseñado para ser un órgano colegiado interdisciplinario en el que la conjunción de saberes de sus cinco integrantes sume y potencialice competencias para interactuar, construir con el apoyo de la academia y la sociedad. Urge asimismo el nombramiento de los magistrados de la Sala Especializada Anticorrupción del Tribunal Federal de Justicia Administrativa.

La bandera tomada por el Ejecutivo federal de lucha contra la corrupción representa una gran oportunidad para el CPC y para el SNA, pues se hace visible un discurso político de combate a la corrupción. Sin embargo, ese mismo discurso presenta un reto para que el Sistema opere como un actor estratégico que acuerpe y acompañe al Ejecutivo federal en este propósito.

José Bautista Farías / académico del Centro Interdisciplinario para la Formación y Vinculación Social (CIFOVIS) del ITESO

En el Plan Nacional de Desarrollo 2019–2024 se plantea “erradicar la corrupción del sector público”[1] como uno de los objetivos centrales del gobierno de la llamada cuarta transformación, conocida como la 4t, con los siguientes compromisos:

• • Asegurar que ningún servidor público pueda beneficiarse del cargo que ostenta.
  • Prohibir las adjudicaciones directas.
  • Tipificar la corrupción como un delito grave.
  • Fomentar la colaboración internacional tendiente a erradicar los paraísos fiscales.
  • Establecer la obligatoriedad de las declaraciones patrimonial, fiscal y de intereses de todos los servidores públicos.
  • Eliminar el fuero de los altos funcionarios.
  • Monitorear en tiempo real el dinero de las adquisiciones.
  • Realizar verificaciones obligatorias de los precios de mercado antes de cualquier adquisición.
  • Proponer al congreso la Ley Federal de Combate al Conflicto de Interés.
  • Poner fin a la indiscriminada contratación de personal de confianza.[2]

A tres años del gobierno del presidente Andrés Manuel López Obrador, de los diez compromisos solo se han cumplido dos (tipificar la corrupción como delito grave y hacer obligatorias las declaraciones de los servidores públicos), la mayoría sigue pendiente y en algunos casos se hace lo opuesto. En especial, me refiero a los temas de las adjudicaciones directas y el conflicto de interés. Veamos:

• • Adjudicaciones directas. De acuerdo con la plataforma CompraNet, en los primeros nueve meses de 2020 la Administración Pública Federal celebró 104,999 contratos por un total de 333,920 millones de pesos (mdp). Del total de contratos, 83,261 mdp (70.3%) han sido entregados por adjudicación directa. En un estudio comparativo de las tres últimas administraciones federales (2006–2020) se observó que la asignación directa se mantiene como el recurso preferido de las autoridades para efectuar las compras y asignar obra pública.[3] El gobierno de López Obrador no es la excepción, no obstante su promesa de prohibirlos.
  • Conflicto de interés. La remodelación del estadio de beisbol en Guacamayas de Palenque por parte de la Secretaría de Desarrollo Agrario, Territorial y Urbano, con un costo de 89 mdp, cuyo fundador y director del equipo es Pío López Obrador, hermano del presidente.[4]

En el análisis del discurso del combate a la corrupción por la 4t Gabriel Rojas concluye que no es muy distinta a la del neoliberalismo, ya que existen similitudes entre ambos en la definición simplista del fenómeno de la corrupción, por ejemplo, la del Banco Mundial en 1997: “el abuso de recursos públicos para el beneficio privado”.[5]

Esta definición reduce la corrupción a un problema de individuos (de manzanas podridas), en la que resulta útil tipificar conductas indeseables en un contexto específico de apertura comercial, desregulación de mercados y globalización. Desde este enfoque el problema es una excesiva intervención del estado, que facilita la discrecionalidad y la opacidad. Estas condiciones no solo están presentes en la 4t sino que se han exacerbado.[6]

El ejemplo del presidente no será suficiente para acabar con la corrupción, máxime si se nulifica desde la 4t al Sistema Nacional Anticorrupción.

[1] Lopez Obrador, Andrés Manuel, Plan Nacional de Desarrollo 2019–2024, 30 de abril de 2019, p.14. Disponible en https://cutt.ly/PND_2019-2024

[2] Ibidem, pp. 14–15.

[3] Véase Núñez, Leonardo, “El mes con más recursos de contrataciones directas y en camino a un nuevo récord”, en Mexicanos Contra la Corrupción y la Impunidad, 15 de octubre de 2020. Disponible en https://cutt.ly/mes_con_mas_recursos

[4] Olmos, Raúl, “Remodelará Gobierno de AMLO estadio para equipo de beisbol presidido por Pío López Obrador”, en Mexicanos Contra la Corrupción y la Impunidad, 11 de enero de 2021. Disponible en https://cutt.ly/remodelara_
gobierno_de_AMLO

[5] Rojas, Gabriel, “Análisis discursivo del combate a la corrupción: la 4T no es muy distinta a la del neoliberalismo”, Nexos, 29 de octubre de 2020. Disponible en https://cutt.ly/analisis_discursivo

[6] Ibidem.