Valentina Campos Cabral / directora del Instituto de Investigaciones en Medio Ambiente Xabier Gorostiaga, S.J., de la Ibero Puebla
En un contexto de creciente conflictividad territorial ante proyectos extractivistas, en México, como en toda América Latina, mujeres de comunidades indígenas, campesinas y urbanas adquieren notoriedad como voceras y líderes de organizaciones que denuncian y se oponen a dinámicas y lógicas que amenazan sus medios y formas de vida.
En el valle poblano, en el marco de una historia de resistencia a la urbanización, la industrialización y la extracción de bienes naturales impulsados desde mediados del siglo XX, se ubican dos momentos en los que las mujeres han desempeñado un papel decisivo en el último lustro: el primero contra la construcción de un colector pluvial y sanitario desde la ciudad textil de Huejotzingo, en 2018, y el segundo, en 2021, con el cierre de la planta embotelladora Bonafont, del grupo Danone.
En el contexto del inicio de la construcción de obras para canalizar las aguas pluviales y sanitarias de ciudad textil, las Guardianas del río Metlapanapa denunciaron la contaminación por las descargas sin tratamiento previo de este parque industrial, de los drenajes municipales, de las industrias textiles y proveedoras de empresas automotrices, e incluso de la población misma. La acción colectiva de estas mujeres logró cancelar la obra al demostrar que la autoridad promovente, la Comisión Estatal de Agua y Saneamiento, no contaba con los permisos federales, municipales y comunitarios necesarios ni podía garantizar que las aguas vertidas al río no representaban ningún peligro para este, las personas o los ecosistemas.
En el caso de la planta de tratamiento de agua Bonafont, las Guardianas del río Metlapanapa y los Pueblos Unidos de la Región Cholulteca y de los Volcanes alertaron la operación de la empresa por 29 años, sin claridad en la vigencia de su concesión, de la existencia de una manifestación de impacto ambiental, del pago de derechos y del volumen extraído. A la par, observaban la contaminación de las aguas superficiales y profundas, la pérdida de manantiales, el colapso de pozos artesanales, la escasez de agua para la agricultura, la pérdida de actividades económicas como la agricultura y producción de ladrillo, la desintegración de espacios de convivencia y cuidado en torno a la presencia del agua, así como la afectación a otras formas de vida.
Las mujeres en estos movimientos se dicen interpeladas porque, además de que las actividades, la base material que les dan sustento y las formas de subsistencia de sus comunidades se alteran, se pierde la salud en interdependencia con la destrucción del territorio. Es clara la falta de consideración y respeto a sus emociones, prácticas culturales y espirituales.
El proyecto del colector y la embotelladora son una muestra de los impactos negativos que el “desarrollo” lleva a sus localidades, a los que no dudan en nombrar como “proyectos de muerte” o generadores de “infiernos ambientales”. Sin embargo, es muy importante destacar las iniciativas de defensa de la vida, con trabajos de cuidado comunitarios de educación, salud, comunicación, agroecología, artes, economía social y solidaria, que también cuentan con actividades que los vinculan con otros pueblos y luchas, académicos e investigadores de todo el mundo.
Con ello, las mujeres suman a sus tradicionales jornadas de cuidado productivo y reproductivo todas aquellas actividades asociadas a la defensa del territorio, como la participación en asambleas, movilizaciones, medios de comunicación, mítines, viajes, reuniones con autoridades, entre otras. Sin duda, esto las reposiciona individual y colectivamente, pero también las expone a un mayor desgaste, a la agresión por parte de la autoridad o de grupos emergentes en los territorios, y a tensiones al interior de sus grupos domésticos.
Estos elementos, si se pretende alcanzar una vida digna, deberán ponerse en la mesa de la discusión, en el entendido de que es fundamental atender los temas del cuidado de la casa común. De igual manera, las condiciones concretas de vida de los defensores del territorio deben ser un esfuerzo ampliado de reconciliación y justicia.