Entre la precariedad, la subcontratación y covid-19
El sábado 23 de marzo de 2020 se inició la “jornada de sana distancia” para detener la propagación del coronavirus en México. “¡Quédate en casa!” se convirtió en un ruego inevitable, aunque con enormes costos económicos y sociales. Entre el cierre de gran parte de las actividades económicas y una profunda restricción al ejercicio de otras tantas (salvo a las que se les llamaron esenciales) se encontró la suspensión de los censos y encuestas en hogares.
En tales circunstancias, se suspendió el levantamiento de la Encuesta Nacional de Ocupación y Empleo (ENOE). Desde entonces no ha sido posible valorar con la misma precisión la evolución del empleo y de sus condiciones. El Instituto Nacional de Estadística y Geografía (INEGI) estableció un mecanismo de sustitución parcial del levantamiento de información: la Encuesta Telefónica de Ocupación y Empleo (ETOE), que arrojó datos no plenamente comparables con la ENOE, pero que mostraban el cambio radical en las condiciones de empleo de la población del país, y en julio se comenzó a levantar una nueva versión de la ENOE, la ENOEN, que integra aspectos de levantamiento adaptados a las nuevas circunstancias.[1]
La primera ETOE presentó los resultados de abril. Hubo un derrumbe sin precedente en el número total de la población económicamente activa (PEA; ocupados más desocupados),[2] pues 12 millones de personas salieron de la actividad económica en un mes; el número de trabajadores ocupados cayó en más de 11 millones y el de desocupados aumentó en 130,000, así como el aumento absoluto del desempleo fue marginal, ya que la población no perdió su trabajo y comenzó a buscar otro sino que se refugió en su hogar ante el “¡Quédate en casa!”.
El refugiarse se tradujo en un incremento de la población no económicamente activa disponible (PNED), esto es, de trabajadores que no tenían trabajo ni buscaban tenerlo en ese instante (no había ni dónde buscar), pero estaban con la plena disposición de reintegrarse a la brevedad. Esta población aumentó en 11.5 millones de personas en un solo mes. Quienes perdieron su trabajo fueron sobre todo trabajadores por cuenta propia que dejaron de tener proveedores o clientes en su actividad, trabajadores en la economía informal, así como trabajadores eventuales, subcontratados o con contrato no laboral (como en el caso de honorarios) en el propio sector formal. En el ámbito sectorial la principal caída en la ocupación fue en las actividades industriales.
Entre mayo y junio el empleo comenzó a recuperarse, pero no como resultado de una mejora económica sino por la imposibilidad de la PNED de mantenerse sin ingresos. Cuando solo 37.7 por ciento de los trabajadores ocupados cuenta con seguridad social, 56 por ciento se ubica en la economía informal, no existe un seguro de desempleo nacional ni se cuenta con una renta básica individual, y no existe una capacidad significativa de ahorro voluntario para la gran mayoría,[3] resulta muy complicado quedarse en casa.
Así, la ENOEN mostró una recuperación del empleo casi tan amplia como la caída al comienzo de la pandemia: de los 12 millones de empleos perdidos en abril se habían recuperado 10.2 millones en octubre. Sin embargo, el Consejo Nacional de Evaluación de la Política de Desarrollo Social (Coneval) detectó una creciente pobreza laboral. Al tercer trimestre de 2019, para 38.5 por ciento de los trabajadores el ingreso era inferior al costo de la canasta básica (línea de bienestar individual de 3,091 pesos mensuales a nivel urbano), en tanto que al tercer trimestre de 2020 la proporción aumentó a 44.5 por ciento (el costo aumentó a 3,256 pesos).
Ante la crisis económica los trabajadores están dispuestos a trabajar más tiempo por menos ingresos, pues el razonamiento básico no es: “Trabajo más si me pagan más” sino: “Si me pagan menos, hay que ver cómo le hacemos para trabajar más personas o más horas, para compensar esa caída en el ingreso”. De mantenerse una lógica de crecimiento masivo de la eventualidad, la subcontratación, el outsourcing y el insourcing, la precariedad del trabajo formal seguirá creciendo y se acercará más a la precariedad de la informalidad. A su vez, esto provocará mayor pobreza y vulnerabilidad de la población ante contingencias sanitarias, económicas o desastres naturales. La construcción de una “nueva normalidad” debe pasar por el reconocimiento de la dignidad del trabajador y de su familia, no solo por la eficiencia, productividad y competitividad empresarial.
[1] En ese sentido, las líneas que siguen no marcan datos precisos de variación del empleo sino acercamientos mayores a los impactos que ha provocado la llegada del coronavirus.
[2] La población desocupada refiere a los mayores de 15 años que no trabajaron ni una hora en la semana previa a la encuesta, estaban disponibles para trabajar y estaban buscando activamente empleo. La ocupada está constituida por la población que genera actividades cuantificables en el producto interno bruto.
[3] Debido a que 71.7 por ciento de los trabajadores cuenta con ingresos inferiores a dos salarios mínimos, el equivalente a 7,490 pesos en noviembre de 2020.