La restauración ecológica es una disciplina científica que en México ha sido promovida principalmente por la academia y las instituciones de gobierno. Gran parte de la investigación que se ha realizado a la fecha es en el plano experimental y en escalas pequeñas, por lo que no siempre se han involucrado todos los sectores requeridos para lograr procesos de restauración exitosos y duraderos.
Sin embargo, como parte del auge de la restauración en los últimos años —recordemos que la Asamblea General de la Organización de las Naciones Unidas (ONU) declaró la Década de la Restauración de los Ecosistemas (2021–2030)—,[1] se ha hecho evidente la necesidad de construir procesos colectivos, en los que participen diversos actores, especialmente las comunidades locales. Esto es fundamental para que la restauración funcione, porque las comunidades son tanto propietarias de las tierras como los principales usuarios de los ecosistemas, y por tanto los beneficiarios directos de sus bienes y servicios.
Para poder instrumentar programas de restauración a una escala de paisaje es necesario lograr acuerdos entre las instituciones del gobierno, la iniciativa privada y los dueños de las tierras, que en el contexto mexicano en muchos casos forman parte de ejidos y comunidades.
Esto implica fortalecer la gobernanza, que es una función social por la cual un grupo de personas (que se denominan actores, de acuerdo con sus intereses) interactúan para tomar decisiones y lograr acuerdos en la búsqueda de ciertos resultados, en este caso la restauración del territorio.[2] Para desarrollar estos procesos los acuerdos deben lograrse en distintos grados de organización e integrar las necesidades y objetivos de todos los actores involucrados, además de ser construidos de forma colectiva y con base en una comunicación horizontal. En especial debe promoverse la participación de grupos que históricamente han estado fuera de la toma de decisiones, como las mujeres y los jóvenes, quienes también pueden hacer aportes significativos con sus perspectivas y visión del uso, cuidado y recuperación de sus territorios.
Cuando las comunidades son vinculadas a estos procesos, desde la planeación y la definición de los objetivos por alcanzar, se favorece la gobernanza y el éxito de las acciones de restauración. También deben involucrarse en la puesta en marcha y en el monitoreo, con apoyo de la academia, las organizaciones no gubernamentales y las instituciones de gobierno. Por lo anterior, es necesario que se reconozca que la restauración ecológica, además de un quehacer científico, debe ser un proceso participativo. Esto permitirá empoderar a las comunidades y desarrollar el capital social, de forma que puedan aportar su conocimiento, además de generar sus propios procesos de manejo adaptativo y negociación con las autoridades y organismos financiadores. A largo plazo esto beneficiará no solamente la recuperación de los ecosistemas degradados, sino también las relaciones de las comunidades con su entorno, promoviendo un uso sustentable de sus recursos naturales.
[1] Declaratoria de Naciones Unidas https://cutt.ly/declaratoria
[2] Chazdon, R. L., Wilson, S. J., Brondizio, E., Guariguata,
M. R., y Herbohn, J. Key challenges for governing forest and landscape restoration across different contexts. Land Use Policy, 104854, 2020.