Niña, niño y adolescente son términos que se utilizan para representar a las personas que están viviendo las primeras etapas de la vida, a la que llamamos infancia. Curiosamente, esta palabra proviene del latín infans, que significa “el que no habla”, por lo que “infantia” se refiere a la incapacidad de hablar, aunque esta invalidez no alude a una condición física sino social.
Históricamente, durante la infancia las personas han sido consideradas objetos de “compasión–represión”,[1] concebidos como seres humanos dependientes e inconclusos. Desde esta perspectiva, los tratos hacia ellos pueden recrudecerse si se actúa con visiones autoritarias centradas en la supremacía de los adultos. Por ello, se ha justificado su confinamiento a espacios como familias, escuelas, guarderías, orfanatos y cárceles.[2] Esto sin olvidar que muchos otras niñas, niños y adolescentes además sortean peores destinos, como abusos, maltratos, abandonos, delitos y violencia.
Estos tratos e imágenes sociales se contraponen con el Enfoque de Derechos plasmado claramente en la Convención de los Derechos del Niño (1989),[3] el primer instrumento que incorporó sus derechos civiles, culturales, económicos, políticos y sociales, y a través del cual todos los países del mundo (excepto Estados Unidos) firmaron y reconocieron dos puntos importantes: las niñas, los niños y los adolescentes son sujetos de derechos, y los estados están obligados a proporcionar los recursos necesarios para que los padres de familia cumplan con la responsabilidad de que sus hijas e hijos ejerzan todos sus derechos.
Sin embargo, no todos los padres de familia ni el estado han cumplido con estas responsabilidades, marcadas también en el artículo 4 de nuestra Constitución, en la Ley General de los Derechos de Niñas, Niños y Adolescentes (2014) y en la Ley de los Derechos de Niñas, Niños y Adolescentes del estado de Jalisco (2016). Pese a contar con este marco jurídico, la infancia y la adolescencia siguen padeciendo condiciones de vulnerabilidad, exclusión y pobreza. En el informe La infancia cuenta en México 2017, de la Red por los Derechos de la Infancia en México,[4] se reportó que la población total de Jalisco era de 8’110,943 personas, de las cuales 2’642,824 tenían entre 0 y 17 años de edad, y la mitad de ellas se concentra en el área metropolitana de Guadalajara.
También se señaló que un año antes 35.6% de niñas, niños y adolescentes vivía en situación de pobreza moderada y 1.9%, en pobreza extrema. En 2015 se registró que 16.8% carecía de seguridad social y 9.1% no tuvo agua en sus hogares. En ese año la tasa de ocupación laboral para quienes tenían entre 5 y 17 años de edad fue de 11.6, más de la mitad no recibieron ingresos o fue menor a un salario mínimo. La tasa de maternidad de adolescentes entre 15 y 17 años fue de 45.2, y de 1.1 entre los de 10 a 14 años. La tasa de homicidios en la población de 0 a 17 años de edad fue de 2.2, lo que representó 57 personas asesinadas en 2015. En educación, los grupos más desfavorecidos fueron los de 3 a 5 años de edad, pues 37.4% no asistía a la escuela preescolar y 29.8% de los de 15 a 17 años edad no acudió a la preparatoria.
Frente a esta realidad, las organizaciones de la sociedad civil (OSC) de Jalisco han venido asumiendo y compartiendo la responsabilidad de los padres de familia y del estado. Pero son pocos los diagnósticos que se han realizado sobre la situación de las OSC en general, y nulos en específico para los que se dedican a la infancia. El Instituto Jalisciense de Asistencia Social (IJAS) reporta 1,064 OSC y poco más de 10% señalan los servicios que proporcionan a niñas, niños y adolescentes, pero las cifras no coinciden con las de otras fuentes. En 2005, el ITESO, el IJAS y la Secretaría de Desarrollo Humano de Jalisco presentaron el Diagnóstico de las organizaciones civiles y en 2012 Corporativa de Fundaciones publicó otro.[5] Aunque no se hicieron análisis particulares por población atendida, los retos para las OSC son: promover el fortalecimiento institucional, profesionalizar la planeación estratégica y operativa, lograr eficiencia en los canales y procesos de comunicación con los gobiernos estatales y municipales, impulsar redes de apoyo entre OSC, incidir en las políticas públicas, mejorar los apoyos económicos y promover la participación protagónica de niñas, niños y adolescentes en todos los asuntos públicos que les incumben.
Claudia Guadalupe Arufe Flores / Especialista en estudios sociales de la infancia y adolescencia
[1] García, E. (1990). Infancia, adolescencia y control social en América Latina. Argentina, Colombia, Costa Rica, Uruguay, Venezuela: primer informe. San José de Costa Rica, 21 a 25 de agosto de 1989, Proyecto de Investigación Desarrollo de los Tribunales de Menores en Latinoamérica: tendencias y perspectivas. Buenos Aires: Ediciones Depalma.
[2] Herrera, L. (coord.) (2007). Estudios sociales sobre la infancia en México. Puebla: Benemérita Universidad Autónoma de Puebla.
[3] Disponible en http://www.ohchr.org/SP/ProfessionalInterest/Pages/CRC.aspx
[4] Red por los Derechos de la Infancia en México (2017). La infancia cuenta en México 2017. Ciudad de México: Red por los Derechos de la Infancia en México. Disponible en: https://www.infanciacuenta.org/
[5] ITESO (2005). Diagnóstico de las organizaciones de la sociedad civil en el estado de Jalisco. Guadalajara: ITESO / IJAS / Secretaría de Desarrollo Humano; Aguirre, J. et al. (2012). Organizaciones de la sociedad civil en la zona metropolitana de Guadalajara: capacidades, necesidades y entorno. Guadalajara: Corporativa de Fundaciones.