Vivimos en una economía de mercado. En ella requerimos de dinero para acceder a gran parte de todo lo que necesitamos para vivir. Ese dinero lo obtenemos mayormente mediante la remuneración que obtenemos de nuestros trabajos. Así, el trabajo es una clave para satisfacer las necesidades básicas y prioritarias de las personas, además de ser un factor esencial de la realización personal de gran parte de la población —al lado del trabajo de reproducción social en el hogar, la familia y la comunidad—. El trabajo digno y socialmente útil, nombrado igualmente “trabajo decente” en la Ley Federal del Trabajo, es también un derecho social y es el que sostiene la actividad económica de las sociedades.
El trabajo decente, el que la Organización Internacional del Trabajo promueve y exige a los países miembros como factor clave para alcanzar una globalización justa y reducir la pobreza, “significa la oportunidad de acceder a un empleo productivo que genere un ingreso justo, la seguridad en el lugar de trabajo y la protección social para las familias, mejores perspectivas de desarrollo personal e integración social, libertad para que los individuos expresen sus opiniones, se organicen y participen en las decisiones que afecten sus vidas, y la igualdad de oportunidades y trato para todos, mujeres y hombres”.1
Pero ¿qué pasa con ese derecho y esa necesidad de trabajar decente o dignamente cuando sufrimos alguna discapacidad? Si para una persona sin discapacidad es difícil conseguir trabajo, imaginemos lo complicado que es para una persona que enfrenta alguna.
Las personas con discapacidad representan aproximadamente 15% de la población mundial, es decir mil millones de personas, de las cuales 80% se encuentra en edad para trabajar. No obstante, su derecho al trabajo con frecuencia es denegado debido a barreras actitudinales, físicas y de información que les impiden el disfrute de la igualdad de oportunidades y el derecho al trabajo. Por esta razón experimentan mayores tasas de desempleo e inactividad económica, por lo que un gran porcentaje busca la protección social para reducir la pobreza.2
¿Qué hacer? Para la Organización Internacional del Trabajo es necesario un doble enfoque para la inclusión de las personas con discapacidad como compromiso de larga duración: un eje que se refiere a programas e iniciativas específicas para personas con discapacidad, destinadas a superar desventajas o barreras particulares. El segundo eje busca garantizar la inclusión de las personas con discapacidad en los servicios y actividades de carácter general, como la formación profesional, la promoción del empleo, planes de protección social y estrategias para la reducción de la pobreza.
En México, de acuerdo con la Encuesta Nacional de Dinámica Demográfica del INEGI, en 2014 la prevalencia de la población con alguna discapacidad en el plano nacional es de 6%, y en Jalisco de 7.4% (aproximadamente 290 mil personas en el estado), aunque no existe un dato preciso, pues no existe a escala nacional, y mucho menos estatal, un padrón puntual del número de personas de acuerdo con su tipo de discapacidad.3
En Jalisco no existen políticas públicas para personas con discapacidad que les permitan ejercer plenamente sus derechos humanos, entre ellos el acceso a la salud y a la educación, lo que dificulta aún más su inclusión laboral. Lo único con lo que se cuenta es el Programa Nacional “Abriendo espacios” de la STPS, que se promueve a través del Servicio Nacional del Empleo, que tiene la finalidad de buscar espacios de trabajo para personas con discapacidad y adultos mayores. Adicionalmente, se otorga el Distintivo Empresa Incluyente “Gilberto Rincón Gallardo”, con el cual se reconoce a las empresas que cuentan en su plantilla laboral con personas en situación de vulnerabilidad, entre las que se encuentran las personas con discapacidad.
La inclusión laboral de las personas con discapacidad sigue siendo una tarea pendiente. “La peor discapacidad es no darnos cuenta de que todos los seres humanos somos iguales y, por lo tanto, debemos tener las mismas oportunidades”.
Notas al pie
1 OMS/Banco Mundial (2011). Informe mundial sobre la discapacidad.
2 OIT (2003). “Trabajo decente, concepto e indicadores”. Revista Internacional de Trabajo, vol. 122, no. 2.
3 INEGI/ENADID, 2014.
Violeta Azcona / Consultora empresarial en materia laboral, especialista en estudios sobre trabajo y discapacidad