Ana Cristina Ayala Mendoza / Alianza Cooperativista Nacional

“Por un capital en manos del pueblo” es el lema con el que nacieron las cajas populares (hoy cooperativas de ahorro y préstamo) hace más de 70 años en nuestro país. Entonces no se hablaba de inclusión financiera, pero sí de la necesidad de que la población tuviera acceso a servicios financieros que les permitieran salir del círculo de pobreza en el que se encontraban inmersos.

A lo largo de los años, las cajas populares han dado a millones de personas y familias oportunidades de mejorar sus viviendas, brindar formación profesional a sus hijas e hijos, obtener bienes y servicios diversos que les han permitido mejorar sus condiciones de vida, e iniciar o hacer crecer sus negocios de la mano de las cooperativas de ahorro y préstamo.

El reporte trimestral de inclusión financiera, al tercer trimestre de 2023, menciona que las cooperativas de ahorro y préstamo tenían presencia en 807 de los 2,469 municipios del país.[1] A través de ellas se abren cuentas, se brindan servicios de inversiones, se obtienen préstamos a tasas muy accesibles, se realizan pagos de servicios, seguros y remesas, entre otros. Sin duda, son una pieza clave para alcanzar la inclusión financiera.

Las cooperativas de ahorro y préstamo se constituyen bajo la Ley de Sociedades Cooperativas, se inscriben en el Registro Público de Comercio y ante el Servicio de Administración Tributaria, y están sujetas al Fondo de Protección establecido en su legislación. Esto asegura que las cooperativas básicas o autorizadas cuenten con capitales sólidos y seguros. Además, la transparencia y rendición de cuentas son valores fundamentales de las cooperativas, los cuales se cristalizan en asambleas generales donde se informa a los socios sobre los resultados y formas de obtenerlos.

Pero las cooperativas hacen más que eso. La Organización de las Naciones Unidas reconoció en 2023 su papel en la consecución de al menos siete de los 17 objetivos de desarrollo sostenible: generan trabajo decente; prestan servicios sociales desde sus fondos de reserva; promueven la educación financiera y la formación integral de sus socios utilizando sus fondos de educación; se comprometen con el medio ambiente; fomentan la igualdad de género y el empoderamiento de las mujeres, lo cual se evidencia en la gran cantidad de puestos de dirección y mando ocupados por ellas; brindan financiamiento accesible y crean redes locales, nacionales, regionales e internacionales, entre otras.

Hoy, en nuestro país podemos encontrar un sector financiero muy diverso y en crecimiento constante, con múltiples servicios, gran cobertura y tecnologías de vanguardia. Sobresale en los últimos años la cobertura de zonas de muy alta marginación por la banca de desarrollo, principalmente para la dispersión de programas sociales.

Pese a lo anterior, las cooperativas de ahorro y préstamo ven más allá de los conceptos de inclusión financiera de los entes financieros y regulatorios, nacionales e internacionales. Las cooperativas sí hacen inclusión financiera al aperturar cuentas, brindar servicios variados, atender regulaciones y supervisiones crecientes y complejas, y ofrecer educación financiera sobre el uso de los servicios o el manejo de productos financieros. Pero, además, realizan otras formas de inclusión que ningún otro ente financiero, ni siquiera la banca de desarrollo, lleva a cabo, pues buscan poner “el capital en manos del pueblo”, como se ilustra en las siguientes líneas:

• • • Son instrumentos de organización comunitaria; vecinos, conocidos o extraños se hacen socios, tejen redes de confianza y negocios, creando un punto de encuentro para el diálogo y para el bien común.
    • Los socios se convierten en actores en el mundo financiero, en administradores, decidiendo sobre sus recursos, invirtiéndolos en la comunidad y las necesidades de sus miembros.
    • Las cooperativas conforman un patrimonio propio, resultado del uso responsable de los servicios, lo que permite afrontar las crisis y los riesgos, así como también generar diversidad de servicios para los socios.
    • Los resultados se quedan en los propios socios, no se convierten en la ganancia de un capitalista y regularmente se invierten en sus fondos sociales, de educación y previsión social.
    • La cooperativa empodera a sus miembros, genera líderes entre sus socios y comunidades, fomenta la participación y la acción en pro de su entorno.
    • Se impulsan diversos emprendimientos individuales y colectivos que redundan en beneficios para sus comunidades.

Es común encontrar cooperativas en las grandes urbes, donde el compromiso social parece desdibujado. Sin embargo, incluso en estas, podemos encontrar servicios accesibles y diversos, protecciones y seguros, así como servicios médicos y educativos que no están presentes en otros entes financieros.

En la Alianza Cooperativista Nacional  nos llena de esperanza ver cómo, a pesar de un marco regulatorio excesivo, las cooperativas existentes se agrupan para la defensa e impulso del movimiento del sector social de la economía, del que las cooperativas de ahorro y préstamo forman parte. Cada día surgen grupos de personas interesadas organizarse en estas instituciones, tomar en sus manos las riendas de su destino y brindar servicios financieros acordes a sus necesidades, con la persona y la vida en el centro.

>>Conoce más en:
https://alcona.net/

^[1].  CNBV. (2024). Mapas de los puntos de acceso de la banca y las entidades de ahorro y crédito popular. https://bit.ly/3KeJyIO

Hacia la inclusión financiera y ciudadana^[*]

Guillermo Díaz Muñoz / Doctorado Interinstitucional en Educación del ITESO

De manera análoga y anterior al proceso capitalista neoliberal y a la financiarización de la economía global han emergido distintas formas financieras populares que desafían la realidad socioeconómica y que pueden ser alternativas a la globalización neoliberal y sus graves consecuencias sociales. Podríamos decir que las finanzas populares persiguen objetivos en diversas dimensiones —económicas, sociales, culturales, políticas y ambientales—, no todos simultáneos en sus respectivos contextos y condiciones. Veamos a continuación algunos de estos.

Las cooperativas y cajas de ahorro y préstamo existen en México como fruto de una larga tradición, impulsadas la mayoría de las veces por curas sensibles a la pobreza y las necesidades de sus parroquias y comunidades. Las cooperativas, en general, tienen un papel muy importante en el mundo y están presentes en diversos sectores económicos, que van desde la agricultura, las finanzas, la educación, los alimentos, la comercialización, la vivienda y los seguros, hasta los servicios públicos, entre otros.

Del total de cooperativas en el planeta (2’614,598), las de tipo financiero ocupan el tercer lugar en cantidad (210,559), el cuarto en empleos creados y el quinto en ingresos generados. En 2019, según el Consejo Mundial de Cooperativas de Crédito, la mayor cantidad de afiliadas se encuentran en Asia (33,634); el mayor número de socios, ahorros y préstamos están en América del Norte, sobre todo en Estados Unidos, país que tiene un altísimo grado de penetración entre la población, con un 56.85%. La región con mayor penetración es el Caribe, con un 66.08%. De la región latinoamericana, Ecuador alcanza la mayor cobertura, con un 43.38%, seguido por Uruguay, con un 35.77%. A pesar de su tradición cooperativista financiera, México tiene una baja penetración del 8.73%, con una cantidad de socios de apenas 7’393,940.

Una segunda expresión es la banca ética, la cual surge como un movimiento crítico a la banca tradicional. Esta iniciativa comienza en Holanda en 1971 con Triodos Bank, con el propósito de transformar el modelo económico actual: cambiar las reglas de mercado capitalista mediante la transparencia, la responsabilidad social y ambiental, y una gestión basada en el territorio y en colaboración con todas las personas que forman parte de él.

La inclusión popular ocu­rre en un sentido más amplio: incluirme e incluir a mis cercanos en iniciativas que hagan posible el cumplimiento de objeti­vos multidimensionales de tipo económi­co, social, cultural, político y ambiental.

Con la aparición de la banca ética surge un nuevo sistema financiero que permite a los ahorradores invertir su dinero en actividades acordes con sus convicciones éticas: respeto a los derechos humanos, educación, protección del medio ambiente, ocupación laboral de discapacitados, desarrollo de proyectos en el Tercer Mundo, etcétera. Las dos grandes redes de referencia internacional de las finanzas éticas son la European Federation of Ethical Banks and Financiers (FEBEA) y la Global Alliance for Banking in Values (GABV). FEBEA está integrada por 28 entidades de 14 países diferentes, y GABV se compone de 55 entidades financieras reguladas con presencia en los cinco continentes.

Con una implantación importante en Brasil (115 para 2020), y como producto de la promoción de la experiencia exitosa del Banco Palmas como primera referencia de este modelo de finanzas alternativas, los bancos comunitarios son una corriente que adquiere cada vez mayor reconocimiento en el ámbito latinoamericano. Estos bancos se forman en los lugares donde los servicios financieros privados no pueden o no les interesa llegar.

Cada uno de estos bancos cuenta con su propia moneda social, la cual circula solo localmente para que la riqueza permanezca en la comunidad. Tienen reconocimiento oficial del Banco Central de Brasil y reciben una partida pública de la Secretaría de Economía Solidaria. Estos bancos surgieron de la experiencia acumulada por el Banco Palmas, cuando se construyó el Conjunto Palmeiras en un suburbio de la ciudad de Fortaleza, donde comunidades de pescadores se asentaron sin contar con infraestructura como servicios de agua, transporte y electricidad, y se organizaron en la Asociación de Vecinos. En enero de 1998 se creó el Banco Palmas con el objetivo de generar fuentes de empleo, organizar un consumo local y promover la circulación del capital regional.

El microcrédito sería una cuarta experiencia, y tiene como gran referente a Muhammad Yunus, fundador del Grameen Bank en Bangladesh, quien ganó el premio Nobel de la Paz en 2006 por sus ideas sobre el desarrollo y su concepto de microcrédito para personas que no pueden obtener préstamos por medios convencionales, sino solo mediante la usura. Durante un tiempo, en el ámbito mundial las microfinanzas han sido reconocidas como una vía adecuada para superar la pobreza extrema.

Sin embargo, una limitante del microcrédito son las altas tasas de interés y los vencimientos a corto plazo, que pueden llevar a los prestatarios de sectores populares a graves trampas de deuda. El caso mexicano de Compartamos Banco, de los Legionarios de Cristo, que empezó como una asociación civil y hoy cotiza en la Bolsa de Valores, con sus tasas a nivel de usura —una tasa de interés anual fija en plazo bisemanal del 90.2% antes de impuestos para créditos grupales—,[1] es una muestra de la distorsión original del modelo Yunus.

Casos como el de Bancomunidad en Oaxaca son un ejemplo del auténtico microcrédito no lucrativo y participativo. Asimismo, el Sistema Microfinanciero Boliviano se ha constituido como un actor clave en el Modelo de Inclusión Financiera promovido en el país, considerado una “revolución silenciosa”.

Otra expresión de las finanzas populares son las monedas sociales, comunitarias y locales. En la actualidad se reconoce la existencia de unas cinco mil formas de pago alternativas —incluyendo formas no monetarias— en el ámbito mundial. Hay diferentes maneras de crear dinero social: desde los bancos de tiempo y las redes y clubes de trueque hasta monedas sociales respaldadas por la moneda de curso legal. Estas pueden utilizar un formato tanto físico como digital —mediante métodos como la red, los teléfonos móviles inteligentes o las tarjetas de pago—. El valor de una moneda social depende de lo que haya acordado el colectivo promotor, pero predomina una triple paridad entre tiempo, moneda local y moneda oficial para poder valorar los intercambios. En México son destacables los casos de monedas sociales o comunitarias como el Túmin —que en lengua totonaca significa “dinero”—, moneda originaria no ferial surgida en El Espinal, Veracruz, y con presencia en varios estados; la Feria Multitrueke de Mixiuhca y su dinero comunitario —Mixiuhca—, o el Bojá —“dinero” en lengua ñahñhú—, que se creó en el Valle del Mezquital, Hidalgo, hace 30 años y significó la primera experiencia de este tipo.

Finalmente, habría que añadir otro amplio repertorio de prácticas populares financieras. No es posible tratarlas en lo individual, pero representan un significativo esfuerzo popular de inclusión financiera formal y no formal. Nos referimos a las tandas de ahorro en los ámbitos familiar, de amistad, de trabajo, de barrio o comunidad, y a las cajas de ahorro de trabajadores desde las empresas. Estas tandas son un mecanismo de ahorro semanal comprometido que permite a los participantes recibir el total de lo ahorrado por el grupo mediante sorteo. Sobra decir que este ahorro no produce intereses de ningún tipo y permite a los socios prepararse para solventar algún acontecimiento futuro.

En suma, la capacidad, la vitalidad y la creatividad de los sectores populares para hacer frente de manera solidaria y colectiva a sus necesidades son enormes. La inclusión financiera popular no debe confundirse con los procesos de “bancarización de los pobres”, aunque puede incluirlos también. La inclusión popular ocurre en un sentido más amplio: incluirme e incluir a mis cercanos en iniciativas que hagan posible el cumplimiento de objetivos multidimensionales de tipo económico, social, cultural, político y ambiental. Se trata, en el fondo, de una inclusión financiera popularmente emancipadora.

^[*]. Este texto es un extracto de Díaz, G. (2022). Repensar las finanzas alternativas en un mundo en crisis. Aproximaciones teóricas y empíricas a las finanzas sociales, éticas y solidarias. En L. R. Rodríguez, & G. Hernández (Eds.), Economía y finanzas sociales. Avances en la investigación (pp. 43–96). ITESO.

^[1]. CAT promedio a 10 bisemanas por un monto de $7,455 MXN: 146.4% sin IVA.

>>Conoce más en:
• Barómetro de las Finanzas Éticas: https://bit.ly/3VcPRmD
• Economía y finanzas sociales. Avances en la investigación:https://bit.ly/4bSyRqX
• Instituto Banco Palmas (2018): https://bancopalmas.com/

Edilberto Jaime Antonio Texcahua / Profesor de asignatura del Centro Universitario Ignaciano del ITESO

Cada decisión es asumida desde algún criterio que ayude a dar horizonte. Cuando se contempla la compra de ciertos artículos o se emprende algún negocio es importante hacer una planeación financiera que permita saber si es posible llevarla a cabo o realizar el proyecto. ¿Qué pasa cuando una decisión económica repercute en la vida de millones de personas? ¿Cuál es el criterio que ayuda a tomar una razonable decisión?

Ignacio de Loyola, fundador de los jesuitas, propone al inicio de los Ejercicios Espirituales el Principio y Fundamento, una reflexión que permite al ejercitante encontrar la mayor libertad posible, ordenar sus afectos y tomar una decisión vital. Para el santo, “el hombre es criado para alabar, hacer reverencia y servir a Dios y, mediante esto, salvar su ánima”. En términos actuales, la salvación del alma tiene una fuerte relación con la dignidad de la persona en todas sus dimensiones.

El texto presenta más adelante la finalidad de las cosas materiales: “Y las otras cosas sobre el haz de la tierra son criadas para el hombre, y para que le ayuden en la prosecución del fin para el que es criado”. De lo anterior pregunto, ¿desde dónde se toman las decisiones económicas cuando estas impactan en la vida de las personas? ¿Se busca garantizar su dignidad? ¿O solo se persigue el interés individual a costa de la precarización de la vida de los otros?

Maya Viesca Lobatón / académica del Centro de Promoción Cultural y coordinadora del Café Scientifique del ITESO

En 1998 Amartya Sen, indio bengalí, recibió el Premio Nobel de Economía. La razón fueron sus investigaciones y planteamientos que dieron pie a calcular, entre otras cosas, el Índice de Desarrollo Humano, una contrapropuesta a otros indicadores que miden el estado general de la economía de un país o región, como el producto interno bruto (PIB), la inflación o el desempleo.

Como testigo de terribles hambrunas en su país natal, desde muy pronto en sus estudios, primero en Calcuta y posteriormente en Cambridge, Inglaterra, comenzó a interesarse en la relación entre la libertad para elegir, el bienestar y el desarrollo.

La segunda mitad del siglo XX fue de gran intensidad en materia económica. Los países europeos se recuperaban de los estragos de la segunda guerra; en Asia y África dejaban atrás largos periodos de colonización, y en Latinoamérica empezaban a consolidarse los estados tras numerosas revoluciones. Los modelos de política económica implementados consideraban formas de entender y medir sus impactos, como el PIB, que funcionaba muy bien para comparar un país con otro, pero que no reflejaban la calidad de vida de sus habitantes y pasaba de largo inequidades que podían existir al interior de las economías.

En su trabajo Desarrollo y libertad (1999) Sen cuestiona cómo es que, pese a que “vivimos en un mundo de opulencia sin precedente, […] donde la democracia y el sistema participativo se ha consolidado como el modelo superior de organización política […], los conceptos de derechos humanos y de libertad política forman parte de la retórica imperante, […] vivimos mucho más que antes […], y los países mantienen más lazos que nunca, no solo en el comercio sino en las ideas y los ideales, [..], vivimos en un mundo de notables privaciones, miseria y opresión”.[1] A lo largo de esta obra y de su trabajo en general, este multipremiado economista ha propuesto respuestas concibiendo al desarrollo como la expansión de las libertades reales de las que disfrutan las personas.

Sen las distingue en cinco tipos: las políticas, los servicios económicos, las oportunidades sociales, las garantías de transparencia y la seguridad protectora. Con relación a los servicios económicos, que define como “la oportunidad de los individuos de utilizar los recursos económicos para consumir, producir o realizar intercambios”, remarca el acceso a los recursos financieros, y en general lo hace desde dos perspectivas: “libertad de”, que se consolida en la medida en que los individuos tienen capacidad de elegir y tomar decisiones, donde influyen aspectos como la alfabetización y los conocimientos aritméticos, y la “libertad para”, que radica en que haya diversidad de opciones para elegir. Y es en esto último donde encaja uno de sus aportes más importantes: el enfoque de las capacidades.

En 2012 Amartya Sen obtuvo uno de los mayores galardones que otorga el gobierno mexicano a extranjeros, el Orden del Águila Azteca, por sus contribuciones a la economía del bienestar y la justicia social. Desde su perspectiva, los gobiernos deberían ser juzgados en función de las capacidades concretas que tienen sus ciudadanos. La economía mexicana ocupa el lugar número quince en el mundo, pero ¿qué tanta capacidad tenemos para ejercer nuestras libertades?

^[1]. Sen, A. (1999). Desarrollo y libertad. Planeta.

Luis Ignacio Román Morales / académico jubilado del Departamento de Economía, Administración y Mercadología del ITESO

Querámoslo o no, para bien o para mal, vivimos globalmente en una lógica económica capitalista, a la que eufemísticamente denominamos “economía de mercado”. ¿Qué significa esto? Básicamente, que gran parte de los satisfactores que necesitamos o que deseamos los adquirimos a través de intercambios mediados por el dinero. El mundo parece ser un gran planeta de mercancías, cada una con su precio, y para poder acceder a ellas necesitamos el dinero para pagarlas. Las diversas formas de economías alternativas, como la economía social y solidaria, pueden ejercer acciones de mitigación o de búsqueda de métodos distintos, pero siempre nos insertamos en uno o varios de los mercados de bienes y servicios, de trabajo, de dinero o de capitales. Por lo tanto, el dinero es el referente básico para participar en la mayor parte de las actividades económicas.

Paradójicamente, el dinero físico es una especie que inexorablemente se encuentra en proceso de extinción. El uso de monedas, billetes e inclusive tarjetas de crédito o débito es cada vez menor —no se diga los paleolíticos cheques— y es sustituido por instrumentos no tangibles, esencialmente el dinero electrónico.

El problema es que, en este mundo de la virtualidad, el 36.3% de la población permanece en pobreza, un 7.2% es vulnerable por ingresos inferiores al costo de la canasta básica, y otro 29.4% por carencias sociales. Todavía no podemos subsistir con alimentos, ropa, medicamentos o vivienda virtuales.

Si el dinero es cada vez más necesario y simultáneamente inmaterial, se torna inevitable que incluso la población que se encuentra en condiciones sociales más precarias se integre a los sistemas financieros formales. Pagar con medios electrónicos requiere que compradores y vendedores tengan cuentas bancarias y dispositivos electrónicos —principalmente celulares— para efectuar y recibir los pagos.

Lo anterior representa una extraordinaria oportunidad de negocio para los oligopolios financieros y de los servicios de comunicación, favoreciendo todavía más la extrema concentración de la riqueza en México, a partir de una nueva gran generación de clientes de bajos ingresos. Igualmente favorece la pérdida de redes comunitarias de producción, distribución, de intercambios y de consumo local.

FINANCIARIZACIÓN: es el proceso de ampliación gradual de las transacciones económicas, mediadas por una instancia financiera. Implica un uso creciente de recursos que no necesariamente están sustentados en un ingreso previo, sino en deuda (por ejemplo, tarjetas de crédito).

La financiarización extrema de las comunidades y sociedades parece ser inevitable, pero… ¿existen formas de que tal financiarización redunde en beneficio de las comunidades y no de las ganancias oligopólicas? Es aquí cuando los modelos de organización comunitaria, e inclusive la acción pública, pueden convertirse en un contrapeso significativo a la concentración de los mercados. Desgraciadamente, han existido diversas experiencias dolorosas de fraudes efectuados por empresas que adquirieron la denominación de cajas populares y que han derivado en grandes desfalcos para decenas de miles de personas.

Las cajas de ahorro auténticamente populares, fuertemente vigiladas por los propios beneficiarios y con una capacidad regulatoria eficiente por parte del estado pueden convertirse en mecanismos de inclusión financiera que simultáneamente operen en favor del desarrollo. Pero no basta con la etiqueta  “social” o “popular”, la eficiencia, operatividad, construcción de confianza, intervención social, sustentabilidad financiera y —simultáneamente— una forma de acción sostenible, no empobrecedora para los deudores, responsable conforme a sus circunstancias socioeconómicas, serían requisitos básicos, complejos y que requerirían de un fuerte apoyo social y protección frente a los grandes corporativos financieros.

Por otra parte, la banca pública tiene evidentemente un papel que cumplir. En este caso se requeriría de una función no depredadora de la banca social local, que permitiera captar recursos amplios, pero cuyos beneficios fuesen reinvertidos en favor de las propias comunidades. El interés público debería implicar el establecimiento de límites a los intereses privados de las grandes instituciones financieras, dado el riesgo de despojo masivo del patrimonio económico que aún se mantenga en las comunidades y familias.

Huelga decir que por parte de la banca pública y de las instituciones de economía social se vuelven imprescindibles la transparencia y la rendición de cuentas, así como tasas de interés moderadas y la operación con base en prioridades sociales, y no en prácticas clientelares de control político. Estas son condiciones esenciales para su buen funcionamiento, parecen utópicas, pero frente a la inevitabilidad de la financiarización se requiere impedir que esta opere en favor de grandes utilidades para unos cuantos y en contra de la historia, la cultura y el patrimonio de las poblaciones.

Franco Padilla Fuerte / socio y director en FP Corporativo

En nuestro país el desafío de la inclusión financiera es grande y requiere de mucho esfuerzo por parte del gobierno, de la iniciativa privada y de los ciudadanos. Esto se evidencia con los siguientes datos: actualmente la población de México ronda los 130 millones de personas, de las cuales aproximadamente 47 millones viven en la pobreza, y el 55% de quienes están económicamente activos se encuentran en la informalidad.

Una de las características de la pobreza es la falta de inclusión financiera. En un país donde el 36% de la población es considerada pobre no se puede decir que exista esta inclusión. El simple hecho de que una persona tenga acceso a una cuenta bancaria a su nombre, con la cual pueda interactuar con las herramientas financieras básicas como el ahorro y poder recibir y realizar transferencias, es suficiente para ayudar a reducir la pobreza y promover una mejor economía en el país.

Menciono que es un esfuerzo tripartito entre el gobierno, la iniciativa privada y los ciudadanos, ya que el dato de la informalidad al 55% es un elemento desalentador para la inclusión financiera, puesto que promueve únicamente el uso del efectivo entre sus participantes.

Debemos fomentar una cultura en la que los mexicanos y las mexicanas comprendamos las bondades de utilizar todas las herramientas financieras que existen en nuestro país y en el mundo. Tener resguardado nuestro dinero en una institución autorizada y respaldada, acceder a créditos, planear una buena pensión, contar con Afore, así como invertir en acciones del mercado son parte de los beneficios. Al mismo tiempo el gobierno se favorece al reducir el efectivo circulante en el país, puede financiarse de las inversiones de los ciudadanos, además de que la formalidad laboral aumentaría, mejorando las finanzas públicas en conjunto.

La tecnología puede ser la clave para cumplir el desafío de cerrar la brecha de desigualdad en la inclusión financiera. Según datos del Instituto Nacional de Estadística y Geografía en 2022, el 78.6% de la población era usuaria de internet; de esta cifra, el 97% lo usaba desde su celular. Por otro lado, la realización de pagos vía internet se incrementó del 18.3% en 2019 al 26.9% en 2022.[1] Todo esto indica claramente que la inclusión financiera no radica en construir y abrir nuevas sucursales bancarias físicas, eso es cosa del pasado. El presente y el futuro deben enfocarse en desarrollar herramientas tecnológicas que permitan un acceso fácil e inclusivo al sector financiero. Los grandes bancos de nuestro país lo han entendido y están reduciendo poco a poco sus sucursales físicas, aumentando su presencia virtual. De igual manera, las nuevas instituciones financieras operan directamente en plataformas tecnológicas, lo cual ha abierto las puertas a que la población de nuestro país tenga un acceso directo al sector financiero.

^[1].  INEGI. (2021). Encuesta Nacional de Inclusión Financiera 2021. Principales resultados. https://bit.ly/4axNpvf

José Carlos Mireles Prado / académico del Departamento de Economía, Administración y Mercadología del ITESO
Rodrigo Cervantes Escalante / egresado de la Licenciatura en Finanzas del ITESO

La inclusión financiera funge como una herramienta para disminuir la desigualdad y la pobreza, pero, si bien contribuye al desarrollo económico, puede ser contraproducente si no se implementa adecuadamente. La falta de educación financiera, junto con el endeudamiento excesivo y las prácticas usureras, pueden generar efectos nocivos en la relación crédito–deuda, pues el crédito se convierte en un mecanismo de control económico y apropiación continua de ingresos.

De los 65.7 millones de créditos en México 31.6 corresponden a tarjetas de crédito (TDC), con una deuda que ronda los 460 mil millones de pesos.[1] Del universo de 28.9 millones de plásticos, en más del 40% se pagan intereses al no realizarse el pago total de cada periodo.[2]

Si algunas TDC poseen Costo Anual Total (CAT) que llega hasta el 120% y deudas que se pueden extender hasta más de cinco años con el pago mínimo, se entiende que entre las personas que dejaron de tener crédito formal, el 25% respondió no querer volver a endeudarse y el 23% consideró que los intereses son muy altos.[3] Aunque la relación crédito–deuda es poco abordada como perjudicial, la crítica a la usura no es desatinada; al final del día, la mayoría obtiene dinero para saldar sus deudas por medio del trabajo. Así, ¿cuántas horas laborales se necesitan para pagarlas? Pensemos en alguien que compra una motocicleta de marca económica en abonos chiquitos (154 pagos semanales); el costo total equivale a dos motocicletas. Si se compra bajo el umbral de endeudamiento máximo recomendado, es decir, el 30% del ingreso, y con una jornada laboral de ocho horas, 2.4 horas trabajadas durante tres años serán para el pago del crédito, de las cuales 1.2 serán solo para intereses.

Además de las repercusiones económicas, el estrés financiero puede afectar en los planos emocional y familiar. Es importante reconocer que el sobreendeudamiento puede surgir por necesidad, imprevistos o ingresos insuficientes.

En un país donde es muy común poner el negocio por delante, los cat de las tres microfinancieras con mayor mercado oscilan entre el 90% y el 512%, y hasta hace algunos años se cobraban más de cinco mil comisiones bancarias. También es usual que se ofrezcan los productos crediticios con costos más elevados, con información errónea o incompleta, o bien, publicidad engañosa que dificulta conocer los costos reales. Bajo estos términos es dudoso hacia dónde apuntan algunas instituciones financieras. A los cobros y tasas altas se deben añadir riesgos como extorsiones y estafas.

Por ello, no solo se trata de  aumentar la inclusión, es imprescindible ampliar la educación financiera en todos los niveles, tener presente la capacidad de pago y saber comparar créditos. Se necesita una cultura financiera para ser consciente de los usos del dinero y desarrollar habilidades para planear las finanzas personales y familiares. Del lado de la oferta, la inclusión no debe planearse en función de generar clientes sobreendeudados a través del consumismo. Si queremos una inclusión financiera que resuelva necesidades y mejore la calidad de vida habría que limitar la usura; priorizar una inclusión con aspecto productivo, como lo propone la Comisión Económica para América Latina y el Caribe;[4] contar con banca e inversiones éticas, como Triodos Bank en Europa, y seguir fortaleciendo el abanico de las finanzas y las instituciones con propósito social, como lo son las cooperativas de ahorro y crédito.

^[1].  CNBV. (2023). Panorama anual de inclusión financiera. https://bit.ly/4c5btqH

^[2]. Banco de México. (2022). Indicadores Básicos de Tarjetas de Crédito. https://bit.ly/4bphMVP

^[3]. CNBV. (2021). Encuesta Nacional de Inclusión Financiera 2021. https://bit.ly/3KcDnVE

^[4]. Cepal. (s.f.). Antecedentes. https://bit.ly/44RxYN8

>>Conoce más en:
• Simulador Condusef TDC: https://bit.ly/4bmYQXk

Entrevista a Edgar Arenas Sánchez

Estéfany Franco / integrante de la Coordinación de Divulgación y Difusión Académica del ITESO

Edgar Arenas Sánchez es licenciado en Economía con especialidad en Economía Internacional por la Escuela Superior de Economía del Instituto Politécnico Nacional. Se le entregó el premio al mejor asesor de inversiones de México en 2020 y 2021, otorgado por la Universidad Anáhuac, la Universidad de Cantabria y el Santander Financial Institute.

¿Qué es la procrastinación financiera?

Se refiere a la tendencia de postergar decisiones y acciones financieras o delegar a terceros la responsabilidad de asegurar un futuro económico estable.

De acuerdo con el académico Edgar Arenas Sánchez, experto en gestión patrimonial, es un comportamiento arraigado en la cultura latinoamericana, en la que históricamente se ha delegado la responsabilidad del bienestar financiero al gobierno y sus sistemas de pensiones puestos en marcha a principios del siglo XX.

Arenas Sánchez explica que la procrastinación financiera puede atribuirse a tres factores principales que influyen en nuestro estado emocional:

a) El psicológico, como la evasión del estrés que genera.
b) La suplantación de la identidad al no priorizar la circunstancia.
c) El factor intelectual, al considerarla una situación poco agradable o atractiva.

Cortoplacismo

Aunque el cortoplacismo es un tema ambiguo, se relaciona con los periodos cortos de ahorro destinados al consumo. Frases como “ya luego”, “Dios dirá” o “mañana será” reflejan este tipo de pensamiento y hábitos. Sin embargo, para obtener beneficios se requiere establecer planes de ahorro a corto, mediano y largo plazo, según las necesidades de cada persona.

Invertir es un hábito

El experto aconseja ver el ahorro y la inversión como una carrera de resistencia y no de velocidad, pues considera que invertir es una curva de aprendizaje que requiere tiempo. La clave está en vivir por debajo del nivel de ingresos. La pandemia demostró la importancia de tener un ahorro destinado a contingencias, ya que pueden tener un impacto significativo en nuestra vida económica.

Además, el académico ha observado escaso interés en la educación financiera entre las generaciones jóvenes, quienes enfrentan una situación más crítica que sus antecesores. Sin una pensión asegurada, dependerán únicamente de cómo hayan gestionado sus recursos. Por lo tanto, enfatiza en que no es necesario ser un experto o tener una gran cantidad de dinero para invertir, no obstante, hacerlo traerá beneficios a futuro para su seguridad financiera.

Aunque actualmente existe una amplia variedad de información disponible en plataformas y redes sociales, es fundamental ser selectivos y evitar contenidos que prometen resultados rápidos y fáciles. Se recomienda acercarse a expertos que puedan guiar de manera confiable el proceso de abrir una cuenta de inversión.

Si bien la educación financiera depende de la colaboración entre autoridades e instituciones, abordar este tema en la familia es clave para fomentar buenos hábitos financieros. Por ejemplo, “vivir el presente” deja de lado la oportunidad de tener un mejor futuro financiero en el que la vejez no sea “una carga” para la familia, sino algo planeado y disfrutable para las personas mayores.

La procrastinación financiera es un desafío, pero adoptar una visión a largo plazo y fomentar una cultura de ahorro e inversión puede asegurar un futuro financiero próspero.

>>Conoce más en:
• https://www.rankia.mx
• https://bit.ly/3Vlmj4K
• https://bit.ly/3VjSe5L
• https://spoti.fi/3VzRlY1