Categoría: Edición 24

Alejandra Nuño /especialista en derechos humanos

México es un país letal para el ejercicio del periodismo y un lugar riesgoso para personas defensoras de derechos humanos.

Las cifras

Los relatores de libertad de expresión de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos y la Organización de las Naciones Unidas (ONU) han dicho que “[no] existe un único sistema que recopile datos sobre agresiones contra periodistas. Los criterios y la metodología para obtener tales datos difieren entre las autoridades federales y entre éstas y las estatales”.^[1]

La sociedad civil es la que registra los ataques a periodistas. Aun con imprecisiones, el escenario es desolador: de 1992 a 2022 el Comité de Protección de Periodistas ha cuantificado 15 periodistas desaparecidos y 62 asesinados. De 2003 a mayo de 2022 Artículo 19 ha acreditado la desaparición de 29 periodistas y 156 asesinados; la Unesco registra 138 asesinatos en el mismo periodo. La Red de Periodistas de a Pie cuenta a 25 periodistas desaparecidos entre 2003 y octubre de 2020.^[2] En 2022 ya ha habido 11 asesinatos.

A ello se suman otros ataques como amenazas, allanamientos, golpes, destrucción o decomiso de herramientas de trabajo, censuras, descalificaciones (incluyendo las de altos funcionarios federales y estatales), ataques en redes sociales y campañas de desprestigio (especialmente a mujeres periodistas), entre otros. En 2021 se registraron 644 agresiones a la prensa^[3] y, salvo excepciones, la impunidad es la regla.

La ley

En 2012 se aprobó la Ley para la Protección de Personas Defensoras de Derechos Humanos y Periodistas, cuya instrumentación presenta desafíos para que periodistas y defensores realicen su labor en condiciones de seguridad y libertad. El principal es el funcionamiento adecuado del Mecanismo de Protección de Personas Defensoras de Derechos Humanos y Periodistas, ampliamente observado y del cual en 2019 la Oficina del Alto Comisionado de la ONU para los Derechos Humanos, hizo un diagnóstico con recomendaciones de mejora.

Este año la Secretaría de Gobernación inició diálogos regionales para reformar la Ley, que han sido criticados por la sociedad civil esencialmente porque no les precede un diagnóstico, carecen de metodología y debido a la ausencia de autoridades locales.

La ley incluye mecanismos de alerta temprana. Hasta ahora los intentos han sido en Veracruz y Chihuahua. Considero que en eso debería centrarse la discusión porque el costo de informar y contribuir a la rendición de cuentas no puede ser tan alto.

 

^[1] Organización de las Naciones Unidas. Informe del Relator Especial sobre la promoción y protección del derecho a la libertad de opinión y de expresión acerca de su misión a México, ONU. Ginebra, 2018, Doc. ONU A/HRC/38/35/Add.2, párr. 20.

^[2] La información se encuentra en los sitios web de las organizaciones citadas.

^[3] Artículo 19. Negación: informe anual 2021 sobre libertad de expresión e información en México, 2022. Disponible en: https://articulo19.org/negacion/

Juan Larrosa Fuentes / académico del Departamento de Estudios Socioculturales del ITESO

El inicio de 2022 ha sido terrible para el periodismo, pues 11 periodistas han sido asesinados. A esta cifra se suman otros 145 homicidios desde el año 2000. La situación es alarmante. El periodismo es una profesión riesgosa, pues además de los asesinatos, los reporteros han visto la reducción de la planta laboral en las redacciones y han experimentado una pauperización de sus condiciones laborales.

A pesar de esta terrible situación hay una reacción pública desconcertante. En primer lugar, observamos una clase política deplorable. Muchos titulares de poderes ejecutivos, especialmente el presidente de la república, han adoptado un discurso violento contra medios y sus trabajadores. Por su parte, las fiscalías han sido incapaces de perseguir a quienes matan y violentan a periodistas. Además, el legislativo, tanto en los planos federal como estatal, han fallado en ofrecer soluciones.

Los medios tampoco han entrado al quite. La cobertura de los asesinatos ha adoptado un marco estadístico para reportar la muerte “de otro periodista más”. Son pocas las piezas de investigación sobre este fenómeno. Si la cobertura es cuestionable, la actitud de los dueños de los medios es peor. No hemos visto a empresarios levantar la voz, cabildear con autoridades ni, sobre todo, ofrecer mejores condiciones de trabajo a los periodistas.

Finalmente, también es sorprendente que este tema no esté en el centro de las discusiones sociales. Por supuesto, compite con la inseguridad general, con una pandemia que aún no termina y con una fuerte crisis económica. Sin embargo, es un asunto que debería importarnos.

Desde un punto de vista de la comunicación política, cualquier comunidad necesita de una infraestructura que soporte sistemas de comunicación que permitan producir y poner a circular información sobre temas de interés público. Tradicionalmente pensamos esta infraestructura como un conjunto de cables, antenas y satélites que permiten este tipo de comunicación. No obstante, esta infraestructura, sin los cuerpos de los periodistas, no puede operar.

Así, cada vez que matan a un periodista desmantelan la infraestructura comunicativa que permite que produzcamos conocimiento sobre cuáles son nuestros problemas comunes, así como aquellas medidas para solucionar esos problemas. Sin información periodística estamos condenados a vivir en la penumbra, claudicamos a entendernos como comunidad y nos alejamos de un diálogo que nos lleve a prosperar como cuerpo político.

No se mata la verdad matando periodistas

La libertad de expresión en México enfrenta desafíos estructurales y complejos. Es como si estuviéramos en una sala que hace eco y en donde sonidos y ruidos distintos se juntan, ensordecen y no permiten percibir con claridad lo que sucede. La crisis de seguridad y de violación de los derechos humanos de periodistas ha posicionado a esta profesión como una de las más peligrosas en el país, y esta situación pone en riesgo no solo a quienes ejercen como periodistas, sino a toda la ciudadanía.

El contexto del periodismo en nuestro país se ha visto agravado por el aumento de la inseguridad y el control que ejercen los grupos del crimen organizado en distintos espacios de la vida pública; la desacreditación y el hostigamiento constante por parte de los distintos niveles de gobierno; por una industria de la comunicación que informa desde una lógica de mercado, como si la nota roja que revictimiza fuera materia prima para ganar audiencias, y por la ola de la desinformación en la era de la posverdad.

Para el número 24 de Clavigero colaboradores de distintas instancias del ITESO, periodistas y estudiantes, reflexionan acerca de los retos para el ejercicio del derecho a la libre expresión en nuestro país. Las reflexiones integran discusiones sobre la crisis de seguridad para periodistas en México; las experiencias y expectativas de estudiantes de periodismo; el debate jurídico alrededor de la libertad de expresión; alternativas frente a narraciones de la crueldad; la representación de los retos para el ejercicio de la libre expresión desde el cine; los retos que plantea la posverdad, la desinformación por redes sociales y algunas alternativas para el ejercicio de la libre expresión en Jalisco.

Cristina Ulloa Espinosa
e Iván González Vega

Académicos del ITESO