Alejandra Nuño /especialista en derechos humanos
México es un país letal para el ejercicio del periodismo y un lugar riesgoso para personas defensoras de derechos humanos.
Las cifras
Los relatores de libertad de expresión de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos y la Organización de las Naciones Unidas (ONU) han dicho que “[no] existe un único sistema que recopile datos sobre agresiones contra periodistas. Los criterios y la metodología para obtener tales datos difieren entre las autoridades federales y entre éstas y las estatales”.[1]
La sociedad civil es la que registra los ataques a periodistas. Aun con imprecisiones, el escenario es desolador: de 1992 a 2022 el Comité de Protección de Periodistas ha cuantificado 15 periodistas desaparecidos y 62 asesinados. De 2003 a mayo de 2022 Artículo 19 ha acreditado la desaparición de 29 periodistas y 156 asesinados; la Unesco registra 138 asesinatos en el mismo periodo. La Red de Periodistas de a Pie cuenta a 25 periodistas desaparecidos entre 2003 y octubre de 2020.[2] En 2022 ya ha habido 11 asesinatos.
A ello se suman otros ataques como amenazas, allanamientos, golpes, destrucción o decomiso de herramientas de trabajo, censuras, descalificaciones (incluyendo las de altos funcionarios federales y estatales), ataques en redes sociales y campañas de desprestigio (especialmente a mujeres periodistas), entre otros. En 2021 se registraron 644 agresiones a la prensa[3] y, salvo excepciones, la impunidad es la regla.
La ley
En 2012 se aprobó la Ley para la Protección de Personas Defensoras de Derechos Humanos y Periodistas, cuya instrumentación presenta desafíos para que periodistas y defensores realicen su labor en condiciones de seguridad y libertad. El principal es el funcionamiento adecuado del Mecanismo de Protección de Personas Defensoras de Derechos Humanos y Periodistas, ampliamente observado y del cual en 2019 la Oficina del Alto Comisionado de la ONU para los Derechos Humanos, hizo un diagnóstico con recomendaciones de mejora.
Este año la Secretaría de Gobernación inició diálogos regionales para reformar la Ley, que han sido criticados por la sociedad civil esencialmente porque no les precede un diagnóstico, carecen de metodología y debido a la ausencia de autoridades locales.
La ley incluye mecanismos de alerta temprana. Hasta ahora los intentos han sido en Veracruz y Chihuahua. Considero que en eso debería centrarse la discusión porque el costo de informar y contribuir a la rendición de cuentas no puede ser tan alto.
[1] Organización de las Naciones Unidas. Informe del Relator Especial sobre la promoción y protección del derecho a la libertad de opinión y de expresión acerca de su misión a México, ONU. Ginebra, 2018, Doc. ONU A/HRC/38/35/Add.2, párr. 20.
[2] La información se encuentra en los sitios web de las organizaciones citadas.
[3] Artículo 19. Negación: informe anual 2021 sobre libertad de expresión e información en México, 2022. Disponible en: https://articulo19.org/negacion/