Hernán Muñoz Acosta / profesor de asignatura del ITESO, investigador externo en el proyecto Crisis Sociohídrica
María Quinn Cervantes / estudiante de la Maestría en Comunicación de la Ciencia y la Cultura de ITESO, asistente de investigación en el proyecto Crisis Sociohídrica
La comunicación es un aspecto importante para comprender los problemas ambientales e incidir en su solución. La forma en la que circulan los conocimientos sobre nuestro entorno puede influir en nuestra percepción sobre la gravedad e incluso la existencia misma de los problemas.
Hay mucho en juego cuando hablamos sobre saberes y comunicación. En ocasiones, cuando personas y comunidades son vulnerados en sus derechos ni siquiera están enterados de los riesgos a los que están expuestos: agua que los envenena, normas que los ignoran, modelos económicos que los empobrecen.
Lo que quiere el modelo de desarrollo es trasladar la responsabilidad de los problemas a los individuos, y esto implica que las personas internalicen la culpa. Se enferman por sus hábitos alimenticios, no por las industrias que contaminan sus fuentes de agua; son ignorados porque desconocen las leyes, no porque las leyes están planteadas desde una visión que los excluye; son pobres porque no se esfuerzan los suficiente, no porque están sometidos a diversas violencias estructurales. Así opera esta lógica.
Una apreciación superficial sobre estos procesos podría llevarnos a concluir que hay un déficit en el conocimiento y que simplemente habría que “informar más” a las personas. Este argumento es muy frecuente e incluso guía campañas, organizaciones, proyectos o políticas públicas. No obstante, este discurso no toma en cuenta que nos encontramos en condiciones distintas para interpretar y dialogar sobre lo que sucede en nuestro entorno, y que estas condiciones están atravesadas por la desigualdad.
Además, una comunicación que reconozca la injusticia tendría que considerar los testimonios, individuales o colectivos, pueden ser desacreditados cuando se trata de personas excluidas por distintas características: raza, género, posición socioeconómica, lengua, entre otros. Los pueblos indígenas sufren de estas exclusiones con frecuencia. Por ejemplo, hablar una lengua indígena puede ser un factor para que se desacredite un testimonio ante las autoridades. No hablarla supone la dificultad de demostrar que, como comunidad indígena, tienen derechos específicos que les permitirían acceder a otras protecciones por parte del estado.
Podemos observar otras claves sobre la exclusión de los testimonios en los medios de comunicación masiva. La mayoría de los actores a los que se les presta el espacio para hablar sobre problemas ambientales son funcionarios públicos. Las personas afectadas y las organizaciones tienen menos posibilidades de hacer oír sus voces y hacer eco de sus causas.
Entre todos los problemas ambientales, las crisis por el agua hacen muy visible este contraste. Para ponerlo en perspectiva, podemos mirar hacia el colonialismo y su característico borramiento de los conocimientos tradicionales. Los modelos desarrollistas para gestionar el agua han llevado a la extracción desmedida, distribución desigual, contaminación y más. Las voces críticas señalan la necesidad de revalorar los saberes, formas de organización, modelos de gestión propios de los pueblos originarios y por ende establecer comunicación con ellos para expandir su alcance. Una comunicación que reconozca las huellas de la injusticia no se limita al diseño de “mejores mensajes” que permitan “informar más” sino que reconoce la importancia de distintos saberes en la configuración misma de los problemas ambientales.
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