Ilsse Carolina Torres Ortega / investigadora en filosofía del derecho
La reflexión contemporánea sobre la libertad de expresión resulta paradójica. Por una parte, pocos negarían que la posibilidad de manifestar lo que pensamos y de participar en la vida pública es una libertad que debe ser protegida y garantizada. Por otra parte, hay expresiones que, además de resultarnos deplorables, tienen el potencial de dañar y reproducir discursos estigmatizantes que perpetúan desigualdades sociales. ¿La libertad de expresión es un derecho absoluto que no admite restricciones?, ¿debería limitarse, buscando la protección de las voces silenciadas?, ¿es verdad que todos tenemos igual libertad e igual posibilidad de ser escuchados? A continuación, presento algunas ideas básicas a considerar para poder ofrecer respuestas justificadas a estas interrogantes.
La libertad de expresión y la comunidad democrática
La libertad de expresión constituye una de las piezas más importantes del ideal democrático y del respeto a la autonomía individual. La democracia, entendida como un proyecto colectivo de autogobierno que da a todos la oportunidad de ser participantes activos e iguales, presupone que cualquiera pueda expresarse y contribuir al debate público.[1] Ser participante, además, posibilita el cuestionamiento al ejercicio arbitrario del poder, así como la reivindicación y movilización de intereses diversos.[2] Así, estamos ante una libertad que salvaguarda la posibilidad de disentir y de cuestionar lo que otros desean imponernos; de ahí que también se vincule con la búsqueda de la verdad como ingrediente de la justicia.
La libertad de expresión como derecho relativo
Este derecho establece igual libertad para expresarse; sin embargo, no todas las voces serán escuchadas: algunas son estruendosas y otras apenas susurros en sociedades desiguales. Asimismo, expresarse tiene repercusiones, por lo que ciertos discursos pueden minar el ambiente de respeto de la sociedad,[3] afectando la dignidad y la participación en el debate público de ciertos individuos.[4] El ejercicio de los derechos humanos exige reconocer que algunos poseen una estructura relativa, lo cual implica admitir que pueden entrar en conflicto con otro derecho y, ocasionalmente, ceder;[5] esto permite entender la dimensión relativa de esta libertad. Aun cuando valoremos la libertad de expresión como uno de los cimientos de nuestras comunidades políticas, esta puede restringirse cuando hay otro principio en juego. Los casos en los que se suele admitir su restricción son aquellos en los que colisiona con el derecho al honor o con directrices de seguridad pública (casos en los que se incita a la violencia). Hay otros casos más problemáticos, como el del discurso de odio que fomenta la exclusión o reproducción de estereotipos negativos hacia ciertos colectivos. Otro supuesto discutible es la limitación a la difusión de información falsa. El debate sigue abierto, pues los riesgos de caer en dogmatismos y reprimir la disidencia no son menores.
No todo lo que expresamos es digno de ser protegido. De ahí que debamos seguir reflexionando sobre cómo ejercitar legítimamente esta libertad.
[1] Dworkin, R. Virtud soberana. La teoría y la práctica de la igualdad, Paidós, Barcelona, 2003.
[2] Nino, C. La constitución de la democracia deliberativa, Gedisa, Barcelona, 1997.
[3] Waldron, J. The harm in hate speech, Harvard University Press, Cambridge, 2012.
[4] Fiss, O. Liberalism divided. Freedom of speech and the many uses of state power, Westview Press, Oxford, 1996.
[5] Alexy, R. Teoría de los derechos fundamentales, CEPC, Madrid, 2007.