Iván González Vega / coordinador de la Licenciatura en Periodismo ITESO
La falta de articulación ha distinguido las iniciativas de periodistas de Jalisco para pronunciarse en contra de la violencia, que, si bien implica menos casos de homicidios en comparación con otros estados, se traduce en malas condiciones laborales o agresiones de parte de funcionarios.
Iván González Vega
El incumplimiento de las leyes ya existentes, la división gremial y la falta de vinculación con organismos civiles han obstaculizado una reacción más contundente de parte de las y los periodistas del estado a las agresiones, opinan representantes de este gremio.
Al trabajo de organizaciones como la Asociación Mexicana de Derecho a la Información Capítulo Jalisco (Amedi Jalisco) o la red Periodistas de a Pie con presencia en el estado, ha faltado la coordinación entre profesionales que les permita hacer frente a abusos laborales, agresiones y excesos cometidos por funcionarios públicos, opinan periodistas como Jade Ramírez, fundadora de Perimetral, y Darwin Franco, fundador del medio ZonaDocs.
La mala calidad laboral es uno de los principales componentes de riesgo, de acuerdo con Jade Ramírez, junto con el “clima de golpeteo” que viven quienes ejercen de forma independiente. A ello “se suma que institucionalmente no hay respuestas. La Fiscalía estatal no tiene un área especializada, y la Comisión de Derechos Humanos de Jalisco (CEDHJ) no emite recomendaciones cuando se hacen denuncias, ni tiene un programa como la comisión nacional (CNDH) o la de la Ciudad de México (CDHDF). Esa invisibilidad equivale a un problema político”. Ramírez expone que, aunque hay una ley estatal armonizada a la nacional, “es inoperante en su mecanismo, que solamente ha tenido una convocatoria pública para agrupar a las personas, y que tuvo una baja respuesta”.
La periodista, quien desde Perimetral ha impulsado la Red Macollo que integra a nueve medios independientes de Jalisco, explica que los “aparentes acuerdos” con actores políticos “responden a situaciones muy torpes, como crear una ley sin contar con el aval del gremio”.
Otras iniciativas solo exhiben la falta de conocimiento de actores como los diputados y las diputadas locales. “Siempre nos invitan ‘a platicar’. Pero es que no necesitamos otra ley: necesitamos mecanismos y regulación de los poderes, que se respete lo que ya ha escrito y, por ejemplo, tener una ley de comunicación social que ponga criterios claros”.
Publicidad oficial
El uso de recursos públicos en publicidad oficial le parece una de las incongruencias más lesivas en la relación entre periodistas y gobierno: “Que se regulara, por ejemplo, que las oficinas de comunicación social no pueden tener despachos de muchas personas con grandes sueldos. Una iniciativa del Congreso podría ser que, de los 30 millones de pesos por año que se gastan en publicidad oficial, lo que se llevan Indatcom y La Covacha, a 70% se le ponen reglas de operación para todos los medios, y el otro 30% se licita”.
En cuanto a la dignidad laboral de periodistas, Jade Ramírez opina que es “difícil que en Jalisco armemos un colectivo. La vida diaria es tan difícil que no le veo oportunidad. […] Si se lo pusiera como tarea el Observatorio sobre Libertad de. Expresión y Violencia contra Periodistas, creado por la Universidad de Guadalajara, atender estos temas, sería bien interesante”.
Eso la lleva a subrayar que, para las universidades, está pendiente atender el problema desde la formación de nuevos cuadros mejor capacitados, “ya no solo con perspectiva de derechos humanos y de género sino sobre los derechos que existen en la profesión, formación puntual en materia de seguridad y protocolo”.
Gremio desunido
Darwin Franco, del medio independiente ZonaDocs, coincide en la impresión de que el gremio ha mostrado iniciativa, pero sobre todo a coyunturas concretas. Además, “no tenemos una representación gremial fuerte; más bien hay diversas, y muchas están ligadas a sectores de poder. Eso no ha permitido que podamos tener una red como la de Ciudad Juárez, Chihuahua, por ejemplo. Tampoco hemos logrado ser lo suficientemente críticos para arropar otros procesos que son violentos, pero no derivan en asesinato”.
Sostiene que con esta reflexión coinciden recientes informes como el del Observatorio sobre Libertad de. Expresión y Violencia contra Periodistas, que acentúa la gravedad de la situación laboral en las empresas de medios de comunicación: despidos masivos, como los denunciados en MVS Jalisco; casos que llegaron a litigios laborales, como los de La Jornada Jalisco, o los casos de recortes salariales durante la pandemia por covid 19.
Un rasgo más es que la noción de gremio existe solo en algunos sectores de periodistas. “Parece que solo los que cubren temas sociales y políticos estamos interesados en eso, cuando el resto de los periodistas también sufre agresiones”. En contraste, Franco observa disposición a la organización entre periodistas jóvenes que apenas comienzan su vida laboral y en quienes trabajan en medios independientes. “Pero en las más recientes manifestaciones también había organizaciones cercanas a otras causas sociales: las colectivas feministas, algunas madres de desaparecidos, porque identifican que los periodistas están con ellas, y eso propicia que no nos sintamos solos. Esa tesitura va a ir cambiando que la agenda periodística voltee cada vez más a lo básico, los problemas de las personas, y menos a lo político, y que la gente nos sienta más cerca”.
El ejemplo
Darwin Franco opina que algunas iniciativas de agrupación solidaria han venido de periodistas y medios independientes. Cita a los colectivos organizados en Ciudad Juárez, los de Veracruz (el estado con más asesinatos) y en Morelos, en donde las denuncias contra agresiones abrazaron demandas sobre derechos laborales y quejas sobre violencia de género.
Precisamente sobre las mujeres periodistas organizadas, Franco destaca algunos de los más significativos ejemplos: “Están los casos de Reporteras en Guardia y la Red Nacional de Periodistas, Comunicación e Información de la Mujer (CIMAC), que tratan de generar incidencia para hablar de temas de género”. Menciona también a los periodistas mexicanos sumados a la red Frontline Freelance, y los de organizaciones internacionales como Artículo 19, Fundar y Reporteros Sin Fronteras.
Señala como un caso “extraordinario” el de periodistas de Michoacán que lograron aprovechar la figura jurídica de “persona interesada”, que los faculta para reclamar información y dar seguimiento a la investigación sobre colegas agredidos.
En Jalisco, las organizaciones que registran homicidios contra periodistas reconocen entre dos y tres casos, “que siguen impunes”; “quizá no hemos tenido la misma urgencia que en otras entidades, y ojalá nunca la tengamos. Lo que nos enseñan esos otros colectivos es que no tendríamos que esperar hasta que pase para organizarnos”.