Andrés Barrios Arenas / Colectivo Tómala y Observatorio Permanente del Sistema Estatal Anticorrupción www.andresbarrios.info
Contamos con diagnósticos de sobra sobre la crisis de corrupción e impunidad con la que vivimos en México, y se han realizado distintas apuestas para abordar la problemática diseñando instituciones, sistemas y observatorios, sin que esto signifique un cambio radical de cómo las ciudadanías se vean beneficiadas de todos los recursos invertidos en esos esfuerzos.
De acuerdo con la última medición de pobreza de Consejo Nacional de Evaluación de la Política de Desarrollo Social, tan solo dos de cada diez mexicanos no sufren de carencias ni vulnerabilidades.[1] Sin embargo, vemos que se recrudeció esta realidad a causa de las distintas crisis derivadas de la pandemia de covid–19, en que se estima que casi 10 millones de mexicanos pasaron a tener ingresos inferiores a la línea de pobreza por ingresos,[2] lo que significa que seis de cada 10 mexicanos no pueden surtir su canasta básica y tendrán que decidir entre si acceden a algún derecho como salud, vivienda, higiene, educación, movilidad, o si comen.
Desde la década de los ochenta hemos visto una transformación del estado mexicano, el cual ha reducido drásticamente sus capacidades para poder garantizar el acceso universal a los derechos humanos, y justo con la pandemia nos mostró la cruda realidad de un sistema de salud totalmente insuficiente y sin capacidades para atender a una población cada vez más desvalida. De manera simultánea vemos cómo el hombre más rico de México, Carlos Slim, cuando enfermó de covid se atendió en un hospital público.
¿El problema realmente es la corrupción? México, a pesar de ubicarse en términos de producción de riqueza como la décimotercera economía mundial, es el país con menor porcentaje de recaudación de esa riqueza de toda la Organización para la Cooperación y el Desarrollo Económicos, es decir, el estado mexicano cuenta con muy pocos recursos para poder garantizarnos un acceso igualitario y universal a los derechos. Como país, recaudamos proporcionalmente menos de la mitad de naciones como Noruega, Francia o Dinamarca, los que usualmente utilizamos como referencia en cuanto acceso a derechos.
Es cierto que los altos niveles de corrupción en México merman las pocas capacidades del estado. Es tiempo de que hablemos no solo de cómo acabar la corrupción sino de cómo aumentar los recursos disponibles del estado, de manera que se pueda tener una capacidad real para enfrentar la pobreza y reducir drásticamente las desigualdades.
Una de las grandes apuestas para solucionar los problemas de la corrupción es la participación de la ciudadanía en los asuntos públicos, de manera que pueda convertirse en un ente activo que vigila el correcto uso y la planeación de los recursos públicos. Ahora bien, en México la población que podría tener el privilegio de un exceso de tiempo para poder pensar en resolver lo público antes que lo privado es un círculo muy reducido.
El llamado es claro: es necesario resolver las desigualdades, dar dignidad y agencia a las ciudadanías, si no la lucha contra la corrupción seguirá siendo un espacio de privilegio para pocos y una lucha de supervivencia para muchos.
[1] Consejo Nacional de Evaluación de la Política de Desarrollo Social, CONEVAL, Medición de la Pobreza 2008-2018, 2018. Disponible en https://www.coneval.org.mx/Medicion/MP/Paginas/Pobreza-2018.aspx
[2] Consejo Nacional de Evaluación de la Política de Desarrollo Social, CONEVAL, Informe de Evaluación de la Política de Desarrollo Social (IEPDS) 2020, 2021. Disponible en https://www.coneval.org.mx/Evaluacion/IEPSM/IEPSM/Paginas/IEPDS-2020.aspx