Belén García Estrada / Licenciada en Ciencias de la Educación, asistente de integración para personas sujetas a protección internacional
La lucha en contra de la corrupción ha tomado forma y fuerza en los últimos años; a escala global vemos cómo cada vez son más los grupos organizados en todos los sectores de la sociedad que suman esfuerzos para entender, combatir y prevenir la corrupción. Este esfuerzo no solo ha sido por parte de la sociedad civil sino, como menciona Gerardo Berthin Siles,[1] el uso de mecanismos de transparencia y rendición de cuentas se ha convertido en una herramienta de legitimación para los gobiernos.
A partir de la segunda década del siglo XXI se identificó una creciente visibilización del problema que la corrupción significa para todas las personas, desde los millonarios desvíos de recursos hasta la corrupción cotidiana en la que se ve involucrada toda la ciudadanía.
A partir de una breve investigación se rescató que en América existen por lo menos 20 organizaciones (sistemas) que suman esfuerzos en la lucha anticorrupción. De estas, aproximadamente 40% son de carácter gubernamental, el resto son iniciativas del sector privado u organizaciones colectivas de la sociedad civil.
A pesar de desarrollarse en contextos socioculturales variados, sus esfuerzos se enfocan en distintos niveles —local, estatal, nacional e internacional—, y encontramos que estas apuntan sus acciones hacia la investigación, la comunicación y la vinculación social en temas de corrupción; además del diseño, la instrumentación y la evaluación de mecanismos de combate a esta, el impulso de la transparencia y la rendición de cuentas. Todo esto con el fundamental uso de las tecnologías de la información y la comunicación y el impulso del involucramiento de la ciudadanía.
En cuanto a la estructura organizacional de estos sistemas encontramos que destaca la inclusión de unidades investigativas de casos de corrupción, observatorios para el análisis de la política anticorrupción, órganos o consejos ciudadanos, investigadores e instituciones académicas.
Todos los anteriores se encargan de investigar, sancionar y monitorear actos de corrupción, mapear redes criminales y su desmantelamiento, generar recursos informativos para la sociedad civil y socializar los avances y compromisos, generar recomendaciones (para la prevención, detección y sanción) para los gobernantes e instituciones que pueden ser sujetos de actos corruptos, desarrollar iniciativas de políticas públicas para el combate a la corrupción, entre otros.
Para tener mayor impacto en la agenda pública estas organizaciones reconocen que es fundamental el trabajo interinstitucional, generalmente con instituciones especializadas en temas de participación ciudadana, gobierno abierto y defensa de los derechos humanos, entre otros. Más allá de un frente único, la lucha contra la corrupción debe darse mediante alianzas, pues la comprensión del problema como colectivo es lo que la fortalece.
Finalmente, es importante mantenernos críticos ante los esfuerzos globales en la lucha anticorrupción, pues a pesar de que cada vez son más, son pocos los resultados tangibles y la percepción sobre el grado de corrupción no va a la baja. Esto no quiere decir que los esfuerzos no sean válidos o que la lucha no sea legítima, sino que aún hay un gran camino por recorrer.
[1] Berthin Siles, Gerardo, “Fortalecimiento de la capacidad de formular e implementar políticas de transparencia y anticorrupción en América Latina”, en Revista del CLAD. Reforma y Democracia, Caracas, 2008.