Violeta Meléndez / Reportera especializada en temáticas ambientales
La Ley General de Equilibrio Ecológico indica responsabilidades pero la Semarnat las desoye: ha postergado por años ejercer la facultad que tiene para declarar zona de restauración al río Santiago, mientras la contaminación se exacerba en perjuicio del ecosistema y la salud de las poblaciones cercanas.
Era 18 de abril de 2013 en el Congreso de Jalisco, un diputado local salió de sesionar en la Comisión de Medio Ambiente y, a los periodistas presentes, se apuró a informarles que acababa de proponer el envío de una solicitud a la Semarnat para decretar al río Santiago como zona de recuperación ecológica, por su sistemática degradación ambiental.
El legislador era Héctor Pizano, actual secretario del Trabajo del gobierno estatal, quien explicó que la solicitud se basaba en los problemas de salud de las poblaciones cercanas al cauce, la contaminación industrial del río y, por supuesto, en la macrorrecomendación de 2009 de la Comisión Estatal de Derechos Humanos Jalisco (CEDHJ), que urge a 36 dependencias a tomar medidas de remediación, pero que todas han ignorado.
Ese día, el diputado adelantaba que en un mes podrían tener respuesta satisfactoria de la dependencia federal, y con ella habrían conseguido un gran avance que permitiera sanear, ahora sí, al río más contaminado del país.
Su previsión de obtener respuesta en un mes fue acertada, pero no el sentido de la contestación. La Semarnat, a través de la Comisión Nacional de Áreas Naturales Protegidas (Conanp), dirigió un oficio al Congreso del Estado el 27 de mayo de 2013 como respuesta a la moción del diputado, que respaldó la Legislatura.
En la misiva, el entonces director de asuntos jurídicos de la Conanp, Raúl Barrientos Abarca, negó de manera institucional la solicitud de los diputados. Sin mencionar palabras que expresen un senti- do negativo, descartó declarar al río Santiago y su zona de influencia como área de restauración ecológica, desairando así a los legisladores jaliscienses.
La justificación del funcionario de la Conanp fue que, según reporta en el oficio, la dependencia trabaja para decretar Área Natural Protegida (ANP), bajo la categoría de Protección de los Recursos Naturales, a la zona conocida como Barranca de los Ríos Santiago y Verde: un trámite que se pasó en el tintero toda la administración del presidente Felipe Calderón (2006-2012) y que a la fecha sigue congelado.
Después de explicar que esta declaratoria de ANP tendría alcances de saneamiento para el Santiago, la Conanp respondió que “es posible implementar acciones y programas de recuperación y restauración de las Barrancas del río Santiago y Verde [sic], así como en su zona de influencia, de conformidad con el eventual programa de manejo del Área Natural Protegida”.
Aunque la Conanp aseguró que el proceso de declaratoria tiene avances, no reportó ninguno. Tampoco indicó qué falta para que el decreto sea realidad. Van a cumplirse tres años de esa respuesta a las autoridades jaliscienses y la barranca del río Santiago sigue sin el documento que avale su protección desde el gobierno federal.
Lo que rechazó la Semarnat, a través de la Conanp, fue asumir su responsabilidad, marcada en la Ley General de Equilibrio Ecológico y Protección al Ambiente para los ecosistemas degradados, a través de una declaratoria de restauración ecológica.
El artículo 78 de esa legislación federal indica: “En aquellas áreas que presenten procesos de degradación o desertificación, la Semarnat deberá formular y ejecutar programas de restauración ecológica, con el propósito de que se lleven a cabo las acciones necesarias para la recuperación y restablecimiento de las condiciones que propicien la evolución y continuidad de los procesos naturales que en ellas se desarrollaban”.
En tanto, el artículo 78 bis aclara: “En aquellos casos en que se estén produciendo procesos acelerados de desertificación o degradación que impliquen la pérdida de recursos de muy difícil regeneración, recuperación o restablecimiento, o afectaciones irreversibles a los ecosistemas o sus elementos, la Secretaría promoverá ante el Ejecutivo federal la expedición de declaratorias para el establecimiento de zonas de restauración ecológica”.
Sobre la urgencia de recuperar el río de la contaminación de descargas industriales con fuertes dosis de químicos tóxicos para el medio ambiente y la salud, se han manifestado desde la ONU hasta la CEDHJ, asociaciones civiles, gobiernos municipales, innumerables dependencias, ciudadanos, académicos y más.
Pero ni la administración del gobernador Aristóteles Sandoval Díaz ha insistido en la declaratoria de restauración. Tampoco el gobierno federal, vía la Comisión Nacional del Agua o la Semarnat, ha tomado medidas para cumplir el discurso oficialista de recuperar los ecosistemas dañados.
La macrorrecomendación de enero de 2009 de la CEDHJ ha sido hasta ahora ignorada en sus puntos más importantes: evitar las descargas industriales al río Santiago y tomar medidas para revertir el daño ya hecho.