Paulo Silva / activista en favor de los derechos de las personas con discapacidad
Entre rampas y resistencias: el reto de la inclusión
Recuerdo la primera vez que fui a tramitar mi tarjetón para poder estacionarme en los lugares de personas con discapacidad, fue en 2018. Recuerdo una rampa tan empinada que parecía una metáfora de lo que significa buscar justicia en este país. Irónicamente, ese trámite que “garantiza la accesibilidad” fue, en sí mismo, un recordatorio de lo inaccesible que sigue siendo México para quienes habitamos un cuerpo distinto.
En México vivimos más de 22 millones de personas con discapacidad,1 enfrentándonos a barreras sociales, físicas y estructurales que nos limitan día a día. Entrar a un edificio, a un museo, a un restaurante o a un parque parece algo simple... hasta que tienes una discapacidad. Entonces todo se vuelve un recorrido de obstáculos: rampas empinadas, escalones imposibles, puertas que pesan más que la empatía y espacios tan reducidos que te recuerdan, sin decirlo, que ese lugar no fue pensado para ti. Esta realidad va más allá de la mera incomodidad física: es un golpe a la dignidad y a la autonomía; es la negación del derecho a participar plenamente en la vida social, cultural y recreativa, la imposición de una limitación externa que se suma a la condición de discapacidad, multiplicando los desafíos y profundizando la sensación de aislamiento.
La falta de accesibilidad universal no es solamente una cuestión de diseño, sino un reflejo de una sociedad que aún no ha integrado plenamente la diversidad en su concepción. Es una deuda pendiente que afecta a millones de personas, recordándonos que la inclusión va más allá de las buenas intenciones: requiere de acciones concretas y conscientes en cada detalle de nuestro entorno.
Cuando el Estado descuida la accesibilidad, no se trata de una simple omisión de un detalle técnico o una característica secundaria. La accesibilidad es un derecho humano esencial, una precondición para la igualdad y la inclusión. Su ausencia perpetúa barreras que impiden el acceso a la educación, al empleo, a la atención médica, a la cultura y a la vida diaria. Implica la marginación y la invisibilización de individuos, creando un entorno donde su existencia plena y su contribución potencial a la sociedad son sistemáticamente limitadas o ignoradas.
Tristemente, en nuestro país la accesibilidad es un lujo, cuando debería de ser un derecho que se debe garantizar. ¿Cómo garantizamos que todas las personas con discapacidad tengan acceso pleno a una vida digna? ¿Cuándo empezaremos a saldar la deuda histórica que este país sigue posponiendo? Preguntas que a lo largo de mi camino como activista y persona con discapacidad me siguen rondando por la cabeza. Porque mientras las rampas no existan, mientras las leyes se tarden y la justicia no llegue, siempre habrá manos que sostienen, personas que acompañan y voces que resisten. Y tal vez ahí, en esa solidaridad que se multiplica incluso donde no hay accesos, la justicia todavía sea posible. He encontrado a lo largo de mi vida que la comunidad puede crear espacios de apoyo. Son esos gestos humanos, en la empatía y en la voluntad de ir más allá de lo establecido, donde he encontrado que la chispa de un cambio verdadero puede comenzar a encenderse. La inclusión va más allá de rampas y leyes: se trata de mirar al otro, de reconocerlo, de darle su valor y dignidad en nuestra sociedad. Cuando logremos entender que la accesibilidad no solo se trata de construir rampas y poner elevadores, entonces podremos decir que la justicia dejó de ser promesa y comenzó a verse como una realidad a la que podríamos aspirar.
1 Yo también. No son 20 millones de pcd en México: ¡son 22! https://bit.ly/49EgDKo