Editorial

Editorial

Las luchas por el derecho humano al agua forman parte de la historia de los grupos más desfavorecidos en Latinoamérica. Las comunidades indígenas se enfrentan al deterioro y despojo de sus territorios, a la invisibilización y negación de sus formas de vida y relación con el agua. Su acceso a la justicia se ve obstaculizado por formas de conocimiento y lenguajes de expertos que responden a otros marcos de organización, que tienden a favorecer el despojo y la lógica extractivista. En ese contexto, la justicia alternativa se presenta como una opción para recibir la voz y el clamor de los “sin parte”. El Tribunal Latinoamericano del Agua (TLA) es un tribunal ético–científico que se presenta como una respuesta ciudadana para ofrecer formas alternativas de visibilización y acceso a la justicia.

En este número de Clavigero recuperamos la experiencia de la audiencia del TLA realizada en el ITESO en octubre de 2018, que estuvo dedicada a las luchas por el agua en comunidades indígenas de Latinoamérica, con la recepción y presentación de ocho casos de diversas regiones. Un grupo interdisciplinario de académicos, estudiantes y voluntarios de la universidad preparamos uno de los casos presentados, en el que se ha identificado un severo problema de salud pública y contaminación del agua.

El artículo de Mario Edgar López Ramírez y Raúl García Barrios, complementado por la entrevista al presidente y fundador del TLA, Javier Bogantes, da cuenta de la trayectoria, los objetivos y la lógica del tribunal. Carlos Armando Peralta Varela expone en su texto el sentido de la audiencia en el marco del derecho humano al agua y el concepto del buen vivir en los pueblos indígenas. El artículo de Agustín Verduzco Espinosa refiere los desafíos para la justicia alternativa en relación con las disputas por el acceso al conocimiento. Por su parte, Ana Sofía Macías Ascanio destaca la relevancia de la interdisciplina y el papel de los estudios rigurosos orientados a mostrar la dimensión sociotécnica de los problemas. Susana Herrera Lima resalta la importancia de mostrar las voces de los habitantes de las comunidades, afectados en sus cuerpos y en sus formas de vida. Para la columna La Pisca reproducimos un fragmento de la encíclica Laudato Si’ del papa Francisco.

 

Susana Herrera Lima / Coordinadora del número

Agua vida vs. agua muerte: riesgos a la salud por contaminación del agua del Lago de Chapala

El agua es el compuesto químico más bello y complejo, del que depende gran parte de las interacciones terrestres. El poder de disolución del agua le permite combinarse químicamente con otros elementos, mantenerse en estado líquido y transportar un sinfín de compuestos a través de ríos, canales, corrientes, tuberías, pozos de extracción, atmósfera y lluvia hasta llegar a toda manifestación de vida para después seguir su rumbo. Estos compuestos químicos en gran medida nos han sido indispensables para mantener un buen estado de salud, sin embargo, en las últimas décadas nos hemos encargado de contaminar el ciclo del agua, incorporando en él aquellos compuestos que nos son ajenos y nocivos, que causan enfermedades y van marchitando todo a su paso, creando muerte. Así, el agua que generalmente nos representa la vida es también el agua que nos puede provocar la muerte.

El lago de Chapala es el cuerpo de agua más grande de México, se encuentra mayoritariamente en el estado de Jalisco y pertenece a la Región Hidrológica Administrativa (RHA) Lerma–Santiago–Pacífico. El río Lerma es el principal tributario del lago y uno de los más extensos del país; nace en el Estado de México y pasa por 25 ciudades industriales, las cuales realizan sus descargas de aguas residuales sin un tratamiento eficiente, vertiéndolas en el cauce hasta desembocar en Chapala.

Desde hace aproximadamente una década diversas poblaciones asentadas en la ribera del lago han manifestado problemas de salud pública como insuficiencia renal crónica, malformaciones congénitas y cáncer, entre otras. La peculiaridad que guarda este fenómeno radica en la proporción tan elevada de la población que se encuentra afectada. Según la percepción de los pobladores, la calidad del agua de sus fuentes locales, así como del propio lago de Chapala, guardan relación con el mal estado de salud de las personas. A pesar de que existe certeza de que el lago tiene un grado de contaminación se desconoce en gran medida cuáles son los riesgos a los que están expuestas las poblaciones y el ecosistema. Aun así, existen evidencias innegables de que algo está ocurriendo.

De acuerdo con el estudio realizado por el ITESO denominado “Reporte de análisis de datos de calidad del agua del lago de Chapala” —que fue parte de las probatorias del caso “Posible violación del derecho humano al agua, al saneamiento y a un medio ambiente sano, en la ribera de Chapala, Jalisco, México”, presentado ante el Tribunal Latinoamericano del Agua en octubre de 2018—, las mediciones realizadas a través de las estaciones de monitoreo de la calidad del agua ubicadas dentro del vaso lacustre indican que la concentración promedio de diversos compuestos representan un riesgo para la salud ya que se encuentran por encima de lo que establece la norma oficial mexicana para agua potable1 o las recomendaciones para agua potable de la Organización Mundial de la Salud (OMS).

Por un lado, la concentración promedio de arsénico para todo el lago de Chapala se encuentra por encima del límite máximo establecido por la OMS. Sin embargo, se ubica por debajo del límite que establece la norma mexicana sobre agua potable. Esto quiere decir que para el gobierno mexicano no habría necesidad de remover el arsénico del agua antes de distribuirla a la población. Por otro lado, la concentración promedio de coliformes fecales se encuentra siete veces por encima de la concentración que deberían de tener las aguas residuales, lo que indica que las descargas realizadas tanto a Chapala como a sus afluentes no pasan por un tratamiento antes de ser depositadas en los cuerpos de agua.

Para determinar la calidad de los cuerpos de agua la Comisión Nacional del Agua utiliza ciertos indicadores, como la Demanda Química de Oxígeno (DQO), que mide la materia orgánica ocasionada por descargas de aguas residuales industriales y que clasifica desde “Excelente” hasta “Fuertemente contaminada”. Según la concentración promedio de DQO, el lago de Chapala se encuentra contaminado y las estaciones cuyas concentraciones promedio se encuentran más elevadas están cerca de la desembocadura del Lerma y de la población de Chapala.

A pesar de que las concentraciones promedio de cromo y mercurio no sobrepasan los límites permitidos, sí se tiene registro de que ambos metales están presentes en el lago.

La presencia de estos compuestos —y de otros— que son nocivos para la salud en el lago de Chapala vulneran tanto a las poblaciones ribereñas como a las que dependen de este cuerpo de agua, así como la ciudad de Guadalajara, pues al haber un desconocimiento generalizado sobre los efectos de la contaminación y una incapacidad institucional para abordar la problemática de salud pública las personas seguirán exponiéndose a un sinfín de combinaciones químicas que atentan contra la salud de manera tan contundente que las podría llevar a la muerte.

Nota al pie

  1. Norma Oficial Mexicana nom–127–ssa1–1994, “Salud ambiental, agua para uso y consumo humano–límites permisibles de calidad y tratamientos a que debe someterse el agua para su potabilización”.

ANA SOFÍA MACÍAS ASCANIO / Estudiante de la Maestría en Desarrollo Local y Territorio de la Universidad de Guadalajara, especialista en temas de calidad del agua.

El Tribunal y el buen vivir

El concepto del buen vivir1 se origina en comunidades indígenas y da cuenta de una forma de pensar y actuar, en armonía y con respeto entre la naturaleza y las comunidades humanas. El buen vivir en la práctica ofrece una visión crítica en relación con las formas de desarrollo vigentes, porque propone una íntima y positiva relación de las personas con la naturaleza y su territorio. Rechaza el tipo de desarrollo extractivista que atenta contra la naturaleza, la sustentabilidad, y que despoja a las comunidades de los bienes naturales necesarios para alcanzar una adecuada calidad de vida.

La audiencia 2018 del Tribunal Latinoamericano del Agua (TLA) se dedicó a atender casos relacionados con comunidades indígenas. Durante esa audiencia el presidente del tribunal, Javier Bogantes, propuso en su discurso inaugural algunas de las razones por las que los pueblos indígenas deben ser apoyados en su lucha por la justicia hídrica:

 

  • El pensamiento y la filosofía de las comunidades indígenas son fuente de inspiración para enmendar la crisis civilizatoria en torno a territorios y agua.
  • Por su riqueza, las regiones habitadas por comunidades indígenas son asediadas, aunque se tengan acuerdos nacionales o internacionales para su protección.
  • Las comunidades indígenas cuidan sus territorios, el agua y los bosques porque forman parte integral de su vida y de su equilibrio.
  • En relación con las comunidades indígenas no se debe prescindir de la participación, de la consulta y su consentimiento.

 

En América Latina padecemos una crisis de legalidad en relación con temas y asuntos medioambientales, porque si bien existen leyes y normas los gobiernos no siempre tienen recursos o voluntad para que se cumplan y, por otro lado, algunas leyes fueron específicamente hechas para potenciar el extractivismo.

Los ocho casos presentados ante el TLA dieron cuenta de graves situaciones de contaminación en cuerpos de agua, exhibieron fórmulas de despojos o mecanismos de extractivismo fuera de control, mostraron políticas públicas erróneas que posibilitaron la afectación de derechos, daño de la biodiversidad o perjuicios irreversibles en la vida sociocultural de las comunidades indígenas. Los casos están enumerados en la contraportada de este número.

Las comunidades indígenas deben ser reconocidas como actores relevantes en la lucha por la adecuada conservación de recursos. Por ello, para el TLA es importante actuar e impulsar la justicia hídrica en sus territorios.

 

Notas al pie

  1. Sobre el buen vivir se han escrito ya diferentes textos; uno en el que se explicita la relación del concepto con la cultura indígena es: Marañón, B. Buen vivir y descolonialidad. Crítica al desarrollo y la racionalidad instrumentales. Ciudad de México: UNAM, 2014.

CARLOS ARMANDO PERALTA VARELA / Académico del ITESO, especialista en temas de derechos humanos.

Javier Bogantes Díaz. La justicia ambiental alternativa, un sueño hecho realidad

Javier Bogantes es el fundador y presidente del Tribunal Latinoamericano del Agua (TLA). Esta entrevista se realizó con ocasión de su visita en 2017 para preparar la audiencia de 2018.

¿Qué es el TLA?

Es un tribunal alternativo de justicia ambiental que parte de un problema, que nosotros consideramos que se relaciona con una crisis de legalidad que se da en toda América Latina. Esta crisis de legalidad consiste en que tenemos una cantidad importante de normativas, constituciones, reglamentos administrativos, pero que en realidad no se están cumpliendo. Lo que viene a causar tensiones y conflictos en el tema socioambiental y el hídrico principalmente, y el tribunal funciona como una instancia de justicia alternativa cuando la justicia o las normativas no se cumplen.

Esto es un trabajo que se viene realizando ya durante 17 años, se han realizado aproximadamente diez audiencias en América Latina en diferentes países como Argentina Brasil, Perú, Centroamérica y también en México. En estas audiencias hay un jurado, que de alguna forma emite veredictos buscando la solución y también a veces la condena a los problemas de injusticias socioambientales y de problemáticas hídricas que se han dado en toda la región.

 

¿Por qué se crea este tribunal?

Vinimos descubriendo a través de procesos de investigación que era importante crear una instancia que pudiera atender estos casos en los cuales se daban diferentes formas de ilegalidad, en el sentido de que muchas de las situaciones que se atendían al principio venían siendo violatorias de los derechos humanos y el derecho al agua, el derecho de acceso al agua y la gestión hídrica. Así se funda —yo soy fundador del TLA—, con un grupo a nivel de América Latina empezamos a constituir diferentes procesos y diferentes instancias para impulsar este trabajo.

 

¿Qué casos destacan de los que han intervenido?

Casi todos los casos son emblemáticos, pero hay numerosos que tienen que ver con lo que nosotros llamamos las estrategias erróneas. Esto viene a ser el cómo los gobiernos de América Latina en general, sin importar su posición política o su ideología política, vienen a emprender y permitir diversos emprendimientos empresariales que causan graves problemas ambientales.

Son temas recurrentes, por ejemplo, las represas y otros proyectos de gran escala con los pueblos indígenas, por lo que hay que poner atención a cómo los gobiernos en América Latina y las grandes trasnacionales que tienen intereses en hidroeléctricas, en petróleo, en minería están entrando en los territorios indígenas, poniendo en peligro la vida de estas personas, las culturas y también la biodiversidad que han protegido durante siglos.

Esto es muy importante analizarlo en varias perspectivas. Entre ellas decir cómo una estrategia errónea puede afectar la economía de la población; también está la naturaleza y la biodiversidad con la que coexisten los pueblos. Es de nuestro interés exponer cómo solamente por estas diversas políticas, que se planean a muy corto plazo, se están explotando los recursos para provocar daños que son irreversibles.

 

¿Por qué es necesario que exista un tribunal de este tipo en América Latina?

Además del aspecto de crisis de legalidad que ya mencioné, es importante exponer cómo a pesar del reconocimiento de normativas a nivel internacional, nacional e incluso constituciones políticas que protegen el derecho a la vida y el derecho al agua, estas no se cumplen al entrar en un laberinto de intereses entre empresas y gobiernos. Lo que esto provoca es que millones de personas queden en condiciones de indefensión en lo que respecta a sus derechos socioambientales, sus derechos humanos. Hablando del agua, en América Latina, este tema permite ver cómo se están dando estas tensiones y arbitrariedades en diferentes niveles, esto a través de la implementación de proyectos extractivos que se efectúan sin consulta a las poblaciones afectando sus derechos. La problemática se extiende al considerar que casi todos estos proyectos se realizan legalmente, pero tenemos que diferenciar, creo que es muy importante, lo que es la legalidad de la legitimidad, porque hay leyes que son ilegítimas. ¿Y cuando lo son? Cuando están afectando al pueblo, sus necesidades, sus derechos humanos. El tla se encarga de denunciar esta ilegitimidad.  En este sentido, muchas veces las mismas comunidades no tienen voz, se busca que en los foros y audiencias que organizamos la gente se exprese, pues las autoridades y los medios de comunicación se han ido cerrando cada vez más. Por eso el tribunal se define no solo por el componente legal o el científico–técnico, sino sobre todo por el aspecto ético.

SUSANA HERRERA LIMA / Académica del ITESO.

HERNÁN MUÑOZ ACOSTA / Académico de asignatura del ITESO.

¿El conocimiento de quien cuenta? Justicia alternativa y conocimiento sociotécnico

En los conflictos socioambientales se plantean interrogantes sobre cuestiones como la calidad de vida, la salud, la peligrosidad de sustancias contaminantes y sus niveles máximos permisibles o el impacto de ciertas actividades humanas, que tratan de ser respondidas desde el conocimiento científico disponible en las diferentes disciplinas a través de expertos autorizados, para preservar y proteger el ambiente, prevenir riesgos, estimar el daño ambiental causado o proponer opciones técnicas de mitigación o solución.

En los conflictos socioambientales se construyen nuevos conocimientos para abordar la problemática de las causas del deterioro del medio ambiente, los cuales, a su vez, pueden ser presentados como medios de prueba científico–técnicas en el proceso judicial para la comprobación de las violaciones a los derechos humanos y para la estimación del daño ante los tribunales. En el Caso Chapala vs. México ante el Tribunal Latinoamericano del Agua los demandantes ofrecieron como prueba científico–técnica el “Reporte de análisis de datos de calidad del agua del Lago de Chapala”. Diseñado a partir de una sistematización matemática de los datos y fundamentado en conocimientos de ingeniería ambiental, el modelo significó una nueva forma de conocimiento experto, entablando así una controversia sociotécnica en relación con la contaminación del lago.

Uno de los efectos del conocimiento sociotécnico en los afectados es que las referencias en sus reclamos se dan en términos científicos o técnicos, como “ordenamiento ambiental del territorio”, la “gestión integrada de los residuos”, la “protección de los humedales”, la “gestión integrada del agua” o “el derecho al ambiente sano” que devienen de una construcción de saberes que es el resultado de las investigaciones de los actores, lo que aunado al discurso de los derechos humanos dota a los integrantes del movimiento de nuevas formas de representación y agencia.

En las situaciones de conflicto socioambiental, además de la disputa por recursos naturales y simbólicos se añade la disputa “entre expertos” en la que se pone en cuestión la palabra autorizada de ciertos consultores o promotores de proyectos. El conocimiento sociotécnico pone en evidencia, dentro y fuera del proceso, la lucha por la autoridad científica, ya que no solo se trata de la construcción de saberes contra expertos sino también de una disputa entre expertos (como es el caso de estudio) que ponen en cuestión la palabra autorizada. También desempeña un papel relevante en los conflictos socioambientales para la solución y tratamiento de la cuestión ambiental y de derechos humanos. Sin embargo, al ser objeto de la disputa, genera desigualdades en las partes involucradas, donde por lo general domina el conocimiento experto monopolizado por los investigadores autorizados y reconocidos como tales por las autoridades científicas y estatales.

Como lectura complementaria se recomienda: Merlinsky, G. Política, derechos y justicia ambiental. El conflicto del Riachuelo. Buenos Aires: FCE, 2013.

 

AGUSTÍN VERDUZCO ESPONISA / Académico del ITESO, especialista derechos humanos

La pisca. La cuestión del agua

Fragmento de la Laudato Si’ *

La cuestión del agua

Un problema particularmente serio es el de la calidad del agua disponible para los pobres, que provoca muchas muertes todos los días. Entre los pobres son frecuentes enfermedades relacionadas con el agua, incluidas las causadas por microorganismos y por sustancias químicas. La diarrea y el cólera, que se relacionan con servicios higiénicos y provisión de agua inadecuados, son un factor significativo de sufrimiento y de mortalidad infantil. Las aguas subterráneas en muchos lugares están amenazadas por la contaminación que producen algunas actividades extractivas, agrícolas e industriales, sobre todo en países donde no hay una reglamentación ni controles suficientes. No pensemos solamente en los vertidos de las fábricas. Los detergentes y productos químicos que utiliza la población en muchos lugares del mundo siguen derramándose en ríos, lagos y mares.

Mientras se deteriora constantemente la calidad del agua disponible en algunos lugares avanza la tendencia a privatizar este recurso escaso, convertido en mercancía que se regula por las leyes del mercado. En realidad, el acceso al agua potable y segura es un derecho humano básico, fundamental y universal, porque determina la sobrevivencia de las personas, y por lo tanto es condición para el ejercicio de los demás derechos humanos. Este mundo tiene una grave deuda social con los pobres que no tienen acceso al agua potable, porque eso es negarles el derecho a la vida radicado en su dignidad inalienable.

Nota al pie

* Fragmento de la “Carta encíclica Laudato si’ del Santo Padre Francisco sobre el cuidado de la casa común”, 24 de mayo de 2015, capítulo II, nn. 29 y 30. Las cursivas son del original.

El Tribunal Latinoamericano del Agua: su trayectoria y su lógica

El Tribunal Latinoamericano del Agua (tla) es un tribunal internacional ético, jurídico, científico y técnico no vinculante, que durante 19 años ha juzgado casos emblemáticos de conflictos hídricos y de violaciones al derecho humano al agua y al saneamiento en América Latina. Oficialmente fue constituido en 1998 y sesionó por primera vez en San José de Costa Rica en 2000. El tla ha tenido 12 audiencias públicas internacionales, ha desarrollado 75 talleres y foros sobre el tema de afectaciones a los sistemas hídricos y poblaciones a lo largo del subcontinente, además de generar diversas publicaciones especializadas.

No es parte de las estructuras estatales de gestión del agua ni pertenece a los sistemas nacionales e internacionales de impartición de justicia hídrica. Sus sentencias no son obligatorias para los estados, las comunidades y las empresas. Sin embargo, es un tribunal al que acuden los ciudadanos que no encuentran otra forma de acceder a juicios justos, pues cuenta con una poderosa convocatoria ética y científica alternativa, la cual demanda el cumplimiento de las leyes a las que las instituciones formales están sujetas, pero que no cumplen.

El tribunal ha desarrollado una oferta única, que se caracteriza por combinar los fundamentos jurídicos más legítimos existentes: convenios, declaraciones y tratados internacionales sobre el derecho al agua y la protección del ambiente, con sólidos principios de convivencia con la naturaleza, respeto a la dignidad humana y la solidaridad entre personas y organizaciones para la protección del agua. El tla interpreta y juzga las obligaciones nacionales e internacionales de los Estados, las empresas y otras entidades de poder con base en una ética exigente y un riguroso sentido científico, y esto lo vuelve propiciatorio para el desarrollo de la agencia virtuosa e integral que debe fungir como sostén de los derechos humanos al agua y todos los relacionados con la vida.

El tribunal plantea que requerimos partir de un discernimiento profundo, que desarticule la idea instalada en las mentes de que el agua es, simplemente, un recurso natural que se utiliza. El agua no es un recurso. Es un proceso fundamental sobre el cual se sostiene la vida. Al reconocer el agua como un proceso se nos revela la delicadeza compleja de nuestra intervención humana, ya que si movemos una parte del proceso tomamos la responsabilidad de lo que pasa sobre el resto de sus elementos: el agua reaccionará contestatariamente ante todos nuestros descuidos, pues al alterar el ciclo hidrológico este buscará de nuevo sus equilibrios, sin importar que tal ajuste sea extremo o catastrófico para nosotros. Cuidar la vida planetaria, la vida de los demás seres, junto con la vida humana, es el umbral ético de todo conocimiento.

La trayectoria del tribunal, su metodología, así como los más de cien casos sometidos a su jurisdicción pueden ser consultados en la página web http://tragua.com

MARIO EDGAR LÓPEZ RAMÍREZ / Académico del iteso, especialista en ecología política y agua

RAÚL GARCÍA BARRIOS / Investigador titular del Centro Regional de Investigaciones Multidisciplinarias de la UNAM campus Morelos