Alan Carmona Gutiérrez / integrante del Colectivo Un Salto de Vida

Hablar de desarrollo en la cuenca alta del río Santiago no puede pensarse de otra manera: sólo ha existido desarrollo para unos pocos a costa de la mayoría. Las discusiones de fondo pueden apuntar a que, entonces, no se habla de desarrollo en su concepto más amplio sino de beneficios específicos, de crecimiento económico sin desarrollo, pues referirse a ello es hablar del cambio cualitativo de las condiciones sociales para garantizar un bienestar general. Desde hace décadas existe una amplia gama de corrientes de pensamiento en América Latina que han sido críticas con las nociones de desarrollo hegemónicas: desde los teóricos de la dependencia en los setenta, pasando por antropólogos sociales como Arturo Escobar
en los años noventa o los posdesarro-
llistas como Eduardo Gudynas y Alberto Acosta al comienzo del siglo xxi, por mencionar a algunos de los más relevantes.

Hoy, desde algunas ecologías políticas se renuevan esos planteamientos pero en la práctica; el cuestionamiento más radical viene desde las comunidades que padecemos los efectos más perversos de la modernidad: el capitalismo mata, su sistema urbano–agro–industrial es inviable socioambientalmente y tenemos que enfrentarlo. Como ejemplo claro de ello está la cuenca del río Santiago,[1] la cual ha sido vapuleada en aras del progreso y el desarrollo, aquellos conceptos que vitorean los políticos y gobernantes para enmascarar la depredación del territorio y el genocidio silencioso. En la cuenca alta del río Santiago se identifican alrededor de 750 industrias manufactureras[2] que vierten sus desechos tóxicos a sus principales afluentes bajo un esquema de regulación simulada, de laxa normatividad y de una estructura institucional deliberadamente incapaz de vigilar y castigar a los responsables. Se le suman los escurrimientos sin control de los campos rociados con pesticidas y las descargas domiciliarias.

La enorme depredación en esta zona de sacrificio para la producción industrial, que habitamos poblaciones totalmente prescindibles para el estado y el capital, tiene un impacto mucho más agudo en la salud de la población —y no por casualidad— donde se tienen más precarias
condiciones socioeconómicas, de comunidades, principalmente campesinas, indígenas y periurbanas; es decir, que la condición étnica y de clase determinan en mayor medida el potencial daño a la población. En las mujeres recae también el cuidado de los enfermos, lo que condiciona sus tiempos y esfuerzos que no les permiten preservar sus empleos, por tanto, tampoco contar con seguridad social y, en consecuencia, tener atención médica para sus enfermos.

Entre las vulnerabilidades sociales más nocivas que se pueden sumar a esta agudización de los efectos tóxicos en la salud poblacional está, sin duda, la dictadura de la normalidad: va de la resignación a vivir en la podredumbre a la incapacidad de migrar, pasando por la desconfianza en las promesas de políticos y el desencanto de los procesos organizativos al no ver resultados inmediatos. La normalización de la toxicidad se entiende, pues, como la vulnerabilidad subyacente a la desmovilización social.

Apostamos a que el combate a las vulnerabilidades y los riesgos por habitar este espacio se dan únicamente a través de la organización comunitaria, ya sea para construir alternativas de vida o para empujar cambios institucionales. Las aspiraciones para un desarrollo alternativo, comunitario, sustentable, por muy al margen que queramos pensar en relación con el discurso hegemónico del desarrollo, tendrán que ser superadas. No podemos disputar las metáforas del poder. Tenemos que construir un lenguaje propio, un proyecto de autonomía y de autodeterminación de nuestras comunidades, iniciando por un alto a la muerte y a la enfermedad que posibilite construir formas distintas de producción, de relaciones interpersonales y con el territorio.

[1] El río Santiago forma parte de la cuenca hidrológica Lerma–Chapala–Santiago, es el segundo afluente más largo de México y uno de los más importantes del occidente del país: http://riosantiago.jalisco.gob.mx/conoce-la-cuenca

[2] McCulligh, Cindy, Alcantarilla del Progreso Corporaciones, corrupción institucionalizada y la lucha por el río Santiago, ciccus–ielat–uah–eduepb–waterlat–gobacit, 2020.

El desarrollo de cada país y de cada región es importante, sin embargo, las formas tradicionales de desarrollo están propiciando la degradación del medio ambiente y con ello la violación de múltiples derechos. Por ello es necesario reflexionar sobre las consecuencias de las estrategias para generar “progreso” desde una perspectiva compleja, crítica y sustentada en los derechos humanos.

Forzados por los pocos caminos legales que existían en el siglo xx para hacerse escuchar, los defensores del medio ambiente tímidamente propusieron que existía una conexión entre los derechos humanos y las afectaciones ambientales; con esto pretendían que el derecho humano a la salud o la alimentación se vincularían estratégicamente con la necesidad y el interés de impulsar un medio ambiente sano y adecuado. En el siglo XXI se confirmó la relación entre derechos humanos y medio ambiente, ya que el agua, un elemento común en la naturaleza, fue reconocida como un derecho humano. En esta línea John Knox, relator especial de las Naciones Unidas sobre los derechos humanos y el medio ambiente, afirmó que “los organismos de derechos humanos han reconocido que una amplia gama de otros derechos, como los derechos a la vida, la salud, la alimentación y el agua, dependen para su pleno goce, de un medio ambiente sano”.[1]

Hoy nos parece por demás evidente que los daños al medio ambiente provocan graves violaciones a derechos, inclusive se ha generado y aceptado internacionalmente la llamada “concordancia universal” en relación con el hecho de que “el daño ambiental interfiere con el pleno goce de los derechos humanos”.[2]

Sin embargo, un detonador fundamental de los problemas relacionados con el medio ambiente sano y la adecuada satisfacción del derecho humano al agua, a la alimentación o a la salud, paradójicamente son las formas o estrategias para generar “desarrollo”. Actualmente, hablar de desarrollo no necesariamente implica hablar de una adecuada calidad de vida; desde otra perspectiva, el desarrollo de algunos genera vulnerabilidad y pérdida de derechos para muchos.

El desarrollo y los problemas que acarrea deben analizarse en forma crítica y desde una perspectiva amplia. Esto implica analizar realidades distintas con diferentes visiones disciplinares, pero bajo un mismo interés, que en este caso sería responder a la pregunta: ¿Qué tipo de desarrollo necesitamos para garantizar adecuadamente los derechos humanos?

El lector podrá encontrar en este número diferentes perspectivas sobre el desarrollo y sus consecuencias. Si bien está centrado en el occidente de México, indudablemente se aporta a una reflexión nacional; lo que ocurre en Jalisco en alguna medida se observa a escala nacional. Encontrará también que escriben académicos pero también colaboradores de organizaciones de la sociedad civil, con lo cual se plantean aproximaciones teóricas y prácticas. La intención es contribuir a una reflexión compleja sobre este relevante tema.

Carlos A. Peralta Varela
Académico del Departamento de Estudios Sociopolíticos y Jurídicos, ITESO

[1] Laporte, Victoria (2016). Derechos humanos y medio ambiente. Avances y desafíos para el desarrollo sostenible. Programa de las Naciones Unidas para el Desarrollo, oficina Uruguay (PNUD), p.3. http://www.uy.undp.org/content/uruguay/es/home/library/environment_energy/publication_1211.html

[2] Ibidem, p.9.

Belén García Estrada / Licenciada en Ciencias de la Educación, asistente de integración para personas sujetas a protección internacional

La lucha en contra de la corrupción ha tomado forma y fuerza en los últimos años; a escala global vemos cómo cada vez son más los grupos organizados en todos los sectores de la sociedad que suman esfuerzos para entender, combatir y prevenir la corrupción. Este esfuerzo no solo ha sido por parte de la sociedad civil sino, como menciona Gerardo Berthin Siles,[1] el uso de mecanismos de transparencia y rendición de cuentas se ha convertido en una herramienta de legitimación para los gobiernos.

A partir de la segunda década del siglo XXI se identificó una creciente visibilización del problema que la corrupción significa para todas las personas, desde los millonarios desvíos de recursos hasta la corrupción cotidiana en la que se ve involucrada toda la ciudadanía.

A partir de una breve investigación se rescató que en América existen por lo menos 20 organizaciones (sistemas) que suman esfuerzos en la lucha anticorrupción. De estas, aproximadamente 40% son de carácter gubernamental, el resto son iniciativas del sector privado u organizaciones colectivas de la sociedad civil.

A pesar de desarrollarse en contextos socioculturales variados, sus esfuerzos se enfocan en distintos niveles —local, estatal, nacional e internacional—, y encontramos que estas apuntan sus acciones hacia la investigación, la comunicación y la vinculación social en temas de corrupción; además del diseño, la instrumentación y la evaluación de mecanismos de combate a esta, el impulso de la transparencia y la rendición de cuentas. Todo esto con el fundamental uso de las tecnologías de la información y la comunicación y el impulso del involucramiento de la ciudadanía.

En cuanto a la estructura organizacional de estos sistemas encontramos que destaca la inclusión de unidades investigativas de casos de corrupción, observatorios para el análisis de la política anticorrupción, órganos o consejos ciudadanos, investigadores e instituciones académicas.

Todos los anteriores se encargan de investigar, sancionar y monitorear actos de corrupción, mapear redes criminales y su desmantelamiento, generar recursos informativos para la sociedad civil y socializar los avances y compromisos, generar recomendaciones (para la prevención, detección y sanción) para los gobernantes e instituciones que pueden ser sujetos de actos corruptos, desarrollar iniciativas de políticas públicas para el combate a la corrupción, entre otros.

Para tener mayor impacto en la agenda pública estas organizaciones reconocen que es fundamental el trabajo interinstitucional, generalmente con instituciones especializadas en temas de participación ciudadana, gobierno abierto y defensa de los derechos humanos, entre otros. Más allá de un frente único, la lucha contra la corrupción debe darse mediante alianzas, pues la comprensión del problema como colectivo es lo que la fortalece.

Finalmente, es importante mantenernos críticos ante los esfuerzos globales en la lucha anticorrupción, pues a pesar de que cada vez son más, son pocos los resultados tangibles y la percepción sobre el grado de corrupción no va a la baja. Esto no quiere decir que los esfuerzos no sean válidos o que la lucha no sea legítima, sino que aún hay un gran camino por recorrer.

[1] Berthin Siles, Gerardo, “Fortalecimiento de la capacidad de formular e implementar políticas de transparencia y anticorrupción en América Latina”, en Revista del CLAD. Reforma y Democracia, Caracas, 2008.

Andrés Barrios Arenas / Colectivo Tómala y Observatorio Permanente del Sistema Estatal Anticorrupción www.andresbarrios.info

Contamos con diagnósticos de sobra sobre la crisis de corrupción e impunidad con la que vivimos en México, y se han realizado distintas apuestas para abordar la problemática diseñando instituciones, sistemas y observatorios, sin que esto signifique un cambio radical de cómo las ciudadanías se vean beneficiadas de todos los recursos invertidos en esos esfuerzos.

De acuerdo con la última medición de pobreza de Consejo Nacional de Evaluación de la Política de Desarrollo Social, tan solo dos de cada diez mexicanos no sufren de carencias ni vulnerabilidades.[1] Sin embargo, vemos que se recrudeció esta realidad a causa de las distintas crisis derivadas de la pandemia de covid–19, en que se estima que casi 10 millones de mexicanos pasaron a tener ingresos inferiores a la línea de pobreza por ingresos,[2] lo que significa que seis de cada 10 mexicanos no pueden surtir su canasta básica y tendrán que decidir entre si acceden a algún derecho como salud, vivienda, higiene, educación, movilidad, o si comen.

Desde la década de los ochenta hemos visto una transformación del estado mexicano, el cual ha reducido drásticamente sus capacidades para poder garantizar el acceso universal a los derechos humanos, y justo con la pandemia nos mostró la cruda realidad de un sistema de salud totalmente insuficiente y sin capacidades para atender a una población cada vez más desvalida. De manera simultánea vemos cómo el hombre más rico de México, Carlos Slim, cuando enfermó de covid se atendió en un hospital público.

¿El problema realmente es la corrupción? México, a pesar de ubicarse en términos de producción de riqueza como la décimotercera economía mundial, es el país con menor porcentaje de recaudación de esa riqueza de toda la Organización para la Cooperación y el Desarrollo Económicos, es decir, el estado mexicano cuenta con muy pocos recursos para poder garantizarnos un acceso igualitario y universal a los derechos. Como país, recaudamos proporcionalmente menos de la mitad de naciones como Noruega, Francia o Dinamarca, los que usualmente utilizamos como referencia en cuanto acceso a derechos.

Es cierto que los altos niveles de corrupción en México merman las pocas capacidades del estado. Es tiempo de que hablemos no solo de cómo acabar la corrupción sino de cómo aumentar los recursos disponibles del estado, de manera que se pueda tener una capacidad real para enfrentar la pobreza y reducir drásticamente las desigualdades.

Una de las grandes apuestas para solucionar los problemas de la corrupción es la participación de la ciudadanía en los asuntos públicos, de manera que pueda convertirse en un ente activo que vigila el correcto uso y la planeación de los recursos públicos. Ahora bien, en México la población que podría tener el privilegio de un exceso de tiempo para poder pensar en resolver lo público antes que lo privado es un círculo muy reducido.

El llamado es claro: es necesario resolver las desigualdades, dar dignidad y agencia a las ciudadanías, si no la lucha contra la corrupción seguirá siendo un espacio de privilegio para pocos y una lucha de supervivencia para muchos.

[1] Consejo Nacional de Evaluación de la Política de Desarrollo Social, CONEVAL, Medición de la Pobreza 2008-2018, 2018. Disponible en https://www.coneval.org.mx/Medicion/MP/Paginas/Pobreza-2018.aspx

[2] Consejo Nacional de Evaluación de la Política de Desarrollo Social, CONEVAL, Informe de Evaluación de la Política de Desarrollo Social (IEPDS) 2020, 2021. Disponible en https://www.coneval.org.mx/Evaluacion/IEPSM/IEPSM/Paginas/IEPDS-2020.aspx

David Velasco Yáñez, S.J. / Académico de la Universidad Iberoamericana Ciudad de México

El mayor impacto de la corrupción en los derechos humanos, sistémico y estructural, ocurre en los tratados comerciales. En todo el mundo se impone el derecho mercantil de las grandes corporaciones multinacionales que controlan la economía mundial sobre el derecho internacional de los derechos humanos. El neoliberalismo solo reconoce el derecho y la libertad para invertir y la libertad del mercado.

El segundo corresponde a la colusión entre el crimen organizado y las fuerzas de seguridad, desde las policías municipales hasta altos mandos del ejército y la marina. No hay fronteras claras entre uno y otras. Las más graves violaciones a los derechos humanos, como las desapariciones forzadas, los feminicidios, las ejecuciones extrajudiciales o la tortura, son cometidas por agentes del crimen organizado–estado y la delincuencia.

El tercero, también de manera sistémica y estructural, es el bajo presupuesto para garantizar los derechos económicos, sociales, culturales y ambientales. No es casualidad que dos de cada tres empleos ocurran en la economía informal. Aquí entran los innumerables desvíos de recursos públicos para intereses personales o de grupo.

El cuarto, y sin la intención de agotar todos los casos, radica en el progresivo debilitamiento del estado garantista de los derechos humanos, ya sea por falta de recursos humanos y financieros o, simple y sencillamente, por la falta del personal capacitado para el pleno ejercicio de los derechos humanos.

La corrupción, en sí misma, es una grave violación a los derechos humanos.

Los listados se han vuelto una forma común de hacer notas periodísticas, ante la enorme cantidad de información se agradecen los digestos. Este listado no busca destacar ni ponderar sino abrir las posibilidades de pensar las distintas formas en que se analizan mutuamente dos, ya de por sí amplios términos: la ciencia y la corrupción, con algunos casos ilustrativos.

Corrupción y naturaleza humana. La pregunta sobre si la corrupción es una característica de la condición humana o es algo socialmente construido ha sido larga y diversamente discutida. Las neurociencias forman parte de esta diversidad. ¿Qué pasa en nuestro cerebro cuando realizamos un acto corrupto? Un equipo de investigadores del University College de Londres hizo una investigación a partir de combinar una serie de experimentos y evidencias con escaneos de resonancia magnética funcional, y confirmó que la deshonestidad desde el punto de vista del cerebro humano se incrementa con la repetición funcionando en escalada.[1] Sus resultados revelaron un mecanismo neurológico que se va desarrollando y en donde el miedo desempeña un papel fundamental: a mayor repetición menor es el miedo, y a menor supervisión también es menor el miedo. Desde este punto de vista habría que repensar el dicho “qué tanto es tantito”.

Corrupción en los sistemas de producción. Muchos textos que hablan sobre la forma en que se hace ciencia en la actualidad destacan mecanismos de autocontrol que permiten que los resultados sean confiables. Entre ellos la revisión entre pares, el trabajo basado en evidencia, la referencia a otros estudios, la búsqueda de generar conocimiento sobre la realidad y no buscar que la realidad se adapte al conocimiento, un alto nivel de entrenamiento, entre otros. Pero el sistema no es infalible y a lo largo de la historia de la ciencia ha habido grandes fraudes. Como en otras esferas, incrementar la trayectoria profesional y los ingresos produce tensiones éticas. Dos ejemplos. En enero de 2020 dio la vuelta al mundo la noticia del juicio en contra de un investigador de la Universidad de Harvard[2] que estaba siendo financiado tanto en su país como en la Universidad de Wuhan en China, ocultando esto último al gobierno estadounidense y recibiendo de forma oculta grandes cantidades de dinero y la sospecha de espionaje. Otro más, el de un investigador japonés, médico anestesista, cuya altísima producción académica fue investigada, resultando que de 212 estudios publicados únicamente tres de ellos estaban libres de duda de usar datos falsificados.[3] Una enorme vergüenza para las casas editoras de las publicaciones. Habría que reflexionar sobre la famosa consigna entre los científicos: “publicar o morir”.

La corrupción como objeto de estudio. Difícilmente podemos pensar en una disciplina científica o tecnológica en la que no se haya abordado el asunto de la corrupción. Además, la potencia de la interdisciplina ha generado posibilidades como la ciencia de datos, en la que ciencias de la computación y ciencias sociales se reúnen para producir y sistematizar una enorme cantidad de información. Un ejemplo es la que usa la Transparency International Global Health (http://ti-health.org/), una organización no gubernamental cuyo objetivo es la mejora en el sistema de salud a partir de la detección de prácticas de corrupción, que a decir de ellos cobra alrededor de 140,000 muertes infantiles por año en el mundo.

Usar la información científica para legitimar actos corruptos. La información científica nunca es neutra, siempre es interpretada y por lo mismo puede ser descontextualizada, distorsionada y utilizada para fines no siempre legítimos, de ahí la existencia de las controversias científicas. Un famoso libro, Los mercaderes de la duda, relata cómo un grupo de científicos altamente conectados con la política y la industria realizaron durante varios decenios campañas para sembrar la duda sobre vínculos comprobados como “el hábito de fumar con el cáncer de pulmón, el humo de carbón con la lluvia ácida, y los gases clorofluorocarbonos (CFC) con el agujero de la capa de ozono”, dice su solapa.[4]

Conoce más en:
https://cultura.iteso.mx/web/promocion-cultural/cafe_scientifique

[1] Garrett, Neil et al., “The brain adapts to dishonesty”, en Nat Neurosci, núm.19, pp. 1727–1732, 2016. Disponible en https://doi.org/10.1038/nn.4426

[2] “Harvard Chemistry Chairman Charged on Alleged Undisclosed Ties to China”, en The Wall Street Journal, 29 de junio de 2020. Disponible en https://cutt.ly/harvards_chemistry

[3] Cyranoski, D. Retraction record rocks community, en Nature, núm.489, pp. 346–347, 2012. Disponible en
https://doi.org/10.1038/489346a

[4] Conway, Erik M. y Naomi Oreskes. Mercaderes de la duda. Cómo un puñado de científicos ocultaron la verdad sobre el calentamiento global, Capitán Swing, Madrid, 2010.

Ester Soto González / encargada de vinculación en Jalisco Cómo Vamos

Jalisco Cómo Vamos (JCV) es un observatorio ciudadano de calidad de vida, que nació en 2010. Su principal objetivo es generar información utilizable; desde su fundación su principal instrumento ha sido la Encuesta de Percepción Ciudadana sobre Calidad de Vida en el Área Metropolitana de Guadalajara, la cual reúne datos objetivos y subjetivos del bienestar de la ciudadanía. A partir de 2015 amplió su capacidad de creación de contenidos e incidencia con el involucramiento en diversos programas y proyectos sobre rendición de cuentas y gobernanza.

En junio de 2020, en asociación con la Iniciativa Mérida de la Embajada de Estados Unidos en México, JCV realizó el Diagnóstico sobre Corrupción en Jalisco 2020, que aborda un acercamiento al Área Metropolitana de Guadalajara (AMG). Uno de los insumos para el estudio fue la Encuesta de Percepción sobre Corrupción y Procesos de Denuncia en el Área Metropolitana de Guadalajara.[1]

En esta ocasión revisaremos algunos datos relevantes de este insumo (otro fue un cuestionario que se hizo a 34 funcionarios de las instancias que conforman el Sistema Anticorrupción del estado). Una de las preguntas de la encuesta fue “En su opinión, ¿México es un país muy corrupto, algo corrupto, poco corrupto o nada corrupto?” A la que seis de cada diez respondieron “Muy corrupto”. En seguida se les preguntó más específicamente sobre los “Habitantes de la ciudad”, entonces las respuestas “muy corrupto” se reducen a tres de cada diez, para luego cuestionarles sobre ellos mismos y la corrupción: “Usted en lo personal”, solo 5% se reconoció como “muy corrupto”; claro, declarar que uno mismo es corrupto a otra persona es difícil, por lo que es preocupante que cinco de cada 100 lo acepte. Esto se relaciona con las respuestas a “¿Quién o quiénes piensa usted que son los principales responsables de la corrupción?” En la primera mención aludieron a los “Gobernantes” seis de cada diez, y tan solo dos de cada diez señalaron a los “Ciudadanos”. Los factores que en mayor proporción apuntan como determinantes para la corrupción, son “Dinero / Ambición por dinero / Ambición de poder”, 27.2%.

En cuanto a si consideran que la corrupción es un problema que tiene solución, es esperanzador que seis de cada diez afirmen que “Sí, en el largo plazo”, pareciera que comprenden que no es un problema de rápida solución.

Sin embargo, para inhibir la corrupción es fundamental que se castiguen esos hechos relacionados, que las personas denuncien y que exista un estado de derecho en el que se garantice la justicia y no exista impunidad, y para llegar a esto es menester comenzar con el conocimiento del Sistema Anticorrupción.

Pero el avance más importante contra la corrupción se dará, sostenemos, con las denuncias que las personas realicen al ser víctimas o testigos de tales actos. En la encuesta se preguntó: “¿Sabe usted dónde se denuncia un hecho de corrupción?”, a la que seis de cada diez respondieron “No”, lo que es lamentable, puesto que la denuncia no solo sirve para buscar solucionar cada caso sino para investigar los patrones delictivos de la corrupción y así diseñar estrategias de prevención. No podemos obviar que también tiene que ver con la cultura de integridad y ética que se relaciona con la formación de las personas, formación que como ciudadanos debemos tener a partir de la niñez, y que no únicamente se da a través de las escuelas y las instituciones gubernamentales, sino también en los hogares, con los ejemplos cotidianos.

[1] El estudio completo está disponible en https://drive.google.com/file/d/1lHkf3E0LiEcsi_XRsRe2xSwz_jUBP1hf/view