El derecho a una alimentación sana

René Cristóbal Crocker Sagastume es investigador en el Instituto Regional de Investigación de Salud Pública de la Universidad de Guadalajara y director de Ciencias de la Salud en Guadalajara Lamar. Cuenta con más de 30 años de experiencia de trabajo en temas relacionados con nutrición, soberanía alimentaria y el derecho humano a la alimentación.

 

¿Qué nos puede decir sobre la relación del derecho humano a la alimentación con otros conceptos relevantes, como la soberanía alimentaria?

El derecho alimentario forma parte de los derechos humanos básicos, pero no es nada más el derecho a comer sino a comer sano y a que la comida se produzca en condiciones de respeto a la naturaleza. Entra en una visión más amplia, ya no es la concepción antropocéntrica a que el ser humano coma bien, sino que lo haga respetando la biodiversidad de los territorios donde se produce el alimento. Ese es un aporte principal que nos dan los pueblos originarios: su concepto de soberanía alimentaria es mucho más amplio del que tenemos nosotros, es una soberanía alimentaria vinculada a la Madre Tierra.

Al ser uno de los pioneros en la formación de recursos humanos en esta área, en Jalisco y en el resto del país, ¿cómo ve su evolución y cuál es su pronóstico respecto al desarrollo de este enfoque en las ciencias de la salud y la alimentación?

Los diseños curriculares para formar profesionales de la nutrición han caído en un sesgo academicista, es decir, los alumnos no quieren salir al campo. Por otro lado, hemos segmentado el proceso alimentario de nutrición y eso les ha hecho mucho daño a los procesos formativos. Ahora parece que la clínica está separada de la alimentación comunitaria, de la administración de servicios alimentarios y de la ciencia y la tecnología alimentaria. ¿Por qué ha sucedido esto? Porque las universidades se han venido hacia adentro. Si la formación es hacia afuera, tendrás necesidad de resolver problemas con toda la parafernalia del conocimiento.

Si no superamos eso corremos el riesgo de seguir formando profesionistas que no saben resolver problemas, porque los problemas no están separados en la realidad.

¿Cuál es su opinión respecto del trabajo que deben de hacer las universidades para la plena realización del derecho humano a la alimentación?

Lo que hay que hacer es romper con esas parcelas que hay y juntar, en las universidades, a agrónomos con veterinarios, con médicos, con nutriólogos, entre otros. Porque el derecho alimentario tiene componentes de todo tipo, es el derecho a tener una alimentación sana que mantenga la vida saludable de los seres humanos y de la naturaleza, y eso nos hace replantear los conceptos que hemos venido trabajando.

¿Cuál es su opinión con respecto al trabajo que deben de hacer los gobierno estatal y federal en este sexenio para la plena realización o del derecho humano a la alimentación?

Lo primero que hay que hacer es recuperar la producción nacional: México importa 60% de los alimentos que consume. Perdimos la soberanía, el Estado desprotegió el campo, no le invirtió, y los campesinos no siembran maíz porque no hay precios de garantía para producir, ya no hay condiciones económicas para seguir produciendo. Ese modelo hizo que se perdieran los derechos de vivir en entornos saludables y ahora el derecho alimentario más violentado es el del campesino, porque no hubo una política para el campo mexicano. Hay que recuperar buena parte de lo que se había ganado anteriormente, que es empezar a producir comida.

¿Cuál es su opinión respecto del trabajo que debe hacer la sociedad civil para la plena realización del derecho humano a la alimentación?

La sociedad civil debe plantearse la posibilidad de crear políticas públicas para el derecho alimentario y cambiar las reglas de las políticas públicas actuales, porque tradicionalmente están construidas desde el gobierno y desde los organismos internacionales. Si el derecho alimentario está desarticulado del derecho a la salud y a vivir en entornos saludables, sus políticas tienen poco éxito. La sociedad civil debe articular una plataforma de lucha que incluya los tres elementos, y eso significa que las políticas del Estado debieran estar articuladas, porque por un lado suele estar la política de salud, por otro la alimentaria y por otro la política ambiental.

¿Qué recomendaciones le puede hacer al Observatorio del derecho humano a la alimentación adecuada ¿Qué comemos? para que realmente tenga un impacto positivo en Jalisco?

Una observación es que los pueblos indígenas nos pueden aportar mucho con respecto a esos derechos. Por ejemplo, el mejor sistema de producción alimentaria conservando la naturaleza es el cuamil. Además, algo que nos puede dar mayor soberanía son los bancos de semillas criollas de las comunidades indígenas. Debemos establecer alianzas estratégicas con los pueblos originarios.

Ellos pueden aportar, con su conocimiento ancestral, muchos elementos para construir modelos alimentarios donde se integre el derecho de la naturaleza a estar sana.
Todos los que trabajamos sobre el derecho alimentario de los pueblos debemos estar mejor articulados y no siempre lo hemos hecho. Es buen momento para reiniciar los diálogos, que tuvimos en el arranque, pero no seguimos como debía de ser. Tenemos el potencial para desarrollar el tema de las políticas públicas desde la sociedad civil y la formación de jóvenes con liderazgo.

Roberto Paulo Orozco Hernández / Académico del ITESO y coordinador de ¿Qué comemos? Observatorio del derecho humano a la alimentación adecuada

Luis Fernando González Torres / Estudiante de la Licenciatura en Ciencias de la Comunicación ITESO

 

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