Javier Bogantes Díaz. La justicia ambiental alternativa, un sueño hecho realidad

Javier Bogantes es el fundador y presidente del Tribunal Latinoamericano del Agua (TLA). Esta entrevista se realizó con ocasión de su visita en 2017 para preparar la audiencia de 2018.

¿Qué es el TLA?

Es un tribunal alternativo de justicia ambiental que parte de un problema, que nosotros consideramos que se relaciona con una crisis de legalidad que se da en toda América Latina. Esta crisis de legalidad consiste en que tenemos una cantidad importante de normativas, constituciones, reglamentos administrativos, pero que en realidad no se están cumpliendo. Lo que viene a causar tensiones y conflictos en el tema socioambiental y el hídrico principalmente, y el tribunal funciona como una instancia de justicia alternativa cuando la justicia o las normativas no se cumplen.

Esto es un trabajo que se viene realizando ya durante 17 años, se han realizado aproximadamente diez audiencias en América Latina en diferentes países como Argentina Brasil, Perú, Centroamérica y también en México. En estas audiencias hay un jurado, que de alguna forma emite veredictos buscando la solución y también a veces la condena a los problemas de injusticias socioambientales y de problemáticas hídricas que se han dado en toda la región.

 

¿Por qué se crea este tribunal?

Vinimos descubriendo a través de procesos de investigación que era importante crear una instancia que pudiera atender estos casos en los cuales se daban diferentes formas de ilegalidad, en el sentido de que muchas de las situaciones que se atendían al principio venían siendo violatorias de los derechos humanos y el derecho al agua, el derecho de acceso al agua y la gestión hídrica. Así se funda —yo soy fundador del TLA—, con un grupo a nivel de América Latina empezamos a constituir diferentes procesos y diferentes instancias para impulsar este trabajo.

 

¿Qué casos destacan de los que han intervenido?

Casi todos los casos son emblemáticos, pero hay numerosos que tienen que ver con lo que nosotros llamamos las estrategias erróneas. Esto viene a ser el cómo los gobiernos de América Latina en general, sin importar su posición política o su ideología política, vienen a emprender y permitir diversos emprendimientos empresariales que causan graves problemas ambientales.

Son temas recurrentes, por ejemplo, las represas y otros proyectos de gran escala con los pueblos indígenas, por lo que hay que poner atención a cómo los gobiernos en América Latina y las grandes trasnacionales que tienen intereses en hidroeléctricas, en petróleo, en minería están entrando en los territorios indígenas, poniendo en peligro la vida de estas personas, las culturas y también la biodiversidad que han protegido durante siglos.

Esto es muy importante analizarlo en varias perspectivas. Entre ellas decir cómo una estrategia errónea puede afectar la economía de la población; también está la naturaleza y la biodiversidad con la que coexisten los pueblos. Es de nuestro interés exponer cómo solamente por estas diversas políticas, que se planean a muy corto plazo, se están explotando los recursos para provocar daños que son irreversibles.

 

¿Por qué es necesario que exista un tribunal de este tipo en América Latina?

Además del aspecto de crisis de legalidad que ya mencioné, es importante exponer cómo a pesar del reconocimiento de normativas a nivel internacional, nacional e incluso constituciones políticas que protegen el derecho a la vida y el derecho al agua, estas no se cumplen al entrar en un laberinto de intereses entre empresas y gobiernos. Lo que esto provoca es que millones de personas queden en condiciones de indefensión en lo que respecta a sus derechos socioambientales, sus derechos humanos. Hablando del agua, en América Latina, este tema permite ver cómo se están dando estas tensiones y arbitrariedades en diferentes niveles, esto a través de la implementación de proyectos extractivos que se efectúan sin consulta a las poblaciones afectando sus derechos. La problemática se extiende al considerar que casi todos estos proyectos se realizan legalmente, pero tenemos que diferenciar, creo que es muy importante, lo que es la legalidad de la legitimidad, porque hay leyes que son ilegítimas. ¿Y cuando lo son? Cuando están afectando al pueblo, sus necesidades, sus derechos humanos. El tla se encarga de denunciar esta ilegitimidad.  En este sentido, muchas veces las mismas comunidades no tienen voz, se busca que en los foros y audiencias que organizamos la gente se exprese, pues las autoridades y los medios de comunicación se han ido cerrando cada vez más. Por eso el tribunal se define no solo por el componente legal o el científico–técnico, sino sobre todo por el aspecto ético.

SUSANA HERRERA LIMA / Académica del ITESO.

HERNÁN MUÑOZ ACOSTA / Académico de asignatura del ITESO.

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